Las obstetras temen quedar fuera del Serums 2026-II por una disputa sobre sus colegiaturas. Ante el cierre inminente de inscripciones, piden una reunión urgente con la presidenta.

Un grupo de 97 obstetras corre el riesgo de ser excluido del proceso de adjudicación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-II. El plazo para inscribirse vence esta medianoche. Así lo alertó a La República Zayuri Marcelo Pérez, representante del grupo, quien solicita una audiencia urgente con la presidenta Keiko Fujimori para evitar que esta situación se concrete.

Según explicó, las profesionales formaban parte de un contingente de 354 obstetras a las que se declaró no aptas en el proceso Serums 2026-I bajo la gestión anterior de Luis Velasco. La causa fue un problema relacionado con su colegiatura. Ahora, temen que esto se repita ya que no han recibido una respuesta del Ministerio de Salud (Minsa) sobre su caso, pese a los reiterados intentos de comunicación.

El problema surgió por una controversia interna en el Colegio de Obstetras del Perú (COP). Según Marcelo, la gestión actual no reconoce una serie de colegiaturas —requisito indispensable para acceder a una plaza Serums— otorgadas por administraciones anteriores. Estas acreditaciones fueron válidas para profesionales titulados bajo una gestión pasada, pero ahora son cuestionadas como si fueran nuevas, poniendo en riesgo su participación.

Hoy, el proceso Serums 2026-II se encuentra en sus últimas horas de adjudicación de plazas. En este escenario, una incertidumbre pesa sobre los profesionales: ante la duda de qué ocurrirá con su futuro laboral, 257 obstetras de un grupo de 354 excluidos anteriormente optaron por tramitar una nueva colegiatura bajo la gestión actual del Consejo Profesional (COP). Sin embargo, esta decisión no garantiza nada si el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene su postura oficial. El ente rector sostiene que sin una colegiatura válida, las profesionales no pueden ser adjudicadas a ninguna plaza. Esta línea argumental ya se materializó en mayo durante la primera etapa del proceso Serums 2026-I, momento en el cual el sector descartó a un grupo de 354 profesionales al declararlas no aptas.

No obstante, Marcelo cuestiona que el ministerio adopte tal postura mientras el caso por la representación legal del COP se encuentra judicializado. Según sus declaraciones: «Son dos gestiones en controversia. Entiendo que no se ha determinado la legalidad de ninguna (…) Sin embargo, el Minsa ha aceptado solo una de las listas de la gestión que recién empezó el año pasado, y está respaldando esa lista». Para el sector, es inaceptable que el ministerio emita un juicio previo a que se resuelva lo contrario. «Consideramos que el Minsa no debería emitir algún juicio porque, hasta que no se determine lo contrario, nuestra colegiatura obtenida a través de procesos regulares no se puede desconocer», afirmó.

El problema de fondo radica en la falta de respuestas tras múltiples gestiones. Tras la exclusión registrada en mayo del proceso Serums 2026-I, el exministro Velasco admitió haber cometido un error y les prometió habilitar 160 plazas en modalidad extraordinaria; sin embargo, esa promesa no se concretó. Posteriormente, llevaron su problemática a una reunión con el nuevo ministro, Luis Dyer, a inicios de agosto. Marcelo señaló que «Nos prometió que iba a evaluarlo con su personal técnico, pero no recibimos respuesta». Mientras tanto, el grupo tocaba puertas sin lograr avances mientras avanzaba la adjudicación de plazas.

Frente a esta crisis, el grupo liderado por Marcelo exige una reunión urgente con Keiko Fujimori para evitar que 97 obstetras sean excluidas del proceso Serums 2026-II. La razón es contundente: no cuentan con los recursos económicos suficientes para tramitar su nueva colegiatura, lo cual puede costar entre S/2500 y S/2800. “Estamos en incertidumbre total porque no sabemos si vamos a ser declarados nuevamente no aptos, quitándonos el derecho a la meritocracia, recortando nuestro derecho laboral”, expresó una profesional del sector.

En su declaración formal ante la jefa de Estado, solicitaron: “Mi pedido es principalmente a la presidenta Keiko. Solicitamos una audiencia con carácter de urgencia para que escuche y revise nuestros casos con transparencia”. Aclararon que sus autoridades están dispuestas a resolver los problemas que se suscitan en el momento, pero no para recibir respuestas indiferentes como si el asunto no fuera grave. “Nuestra situación está prácticamente en UCI”, advirtieron. El objetivo final es informar sobre la gravedad de su condición y evitar que la falta de validez de su colegiatura los elimine del listado de aspirantes al concurso público, garantizando así un trato justo y transparente dentro del sistema de salud peruano.

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