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por Agencia EFE

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado; una estrategia que no impidió que 2025 cerrara con un récord de 9.283 homicidios.

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, de mayoría oficialista, aprobó este martes una ley que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía en operaciones contra el crimen organizado. Con 83 votos a favor, el pleno avaló la propuesta presentada por la legisladora oficialista Inés Alarcón.

"El apoyo previsto en esta ley no requiere que exista un conflicto armado interno, no constituye por sí mismo un estado de excepción y tampoco implica la suspensión de derechos constitucionales. No crea facultades ni modifica competencias a las Fuerzas Armadas ni a la Policía", dijo Alarcón durante su exposición en el Legislativo.

No obstante, el correísmo no dio sus votos porque aseguró que, aunque respaldaban la cooperación entre fuerzas, en la ley se eliminaban los controles y la rendición de cuentas. El apoyo complementario a la Policía consta en una reforma a la Constitución aprobada por los ecuatorianos en un referéndum realizado en abril de 2024.

Sin embargo, no se había reglamentado, por lo que el presidente Daniel Noboa ha decretado sucesivos estados de excepción que permiten a los militares salir a las calles. La normativa restringe expresamente el apoyo militar a casos relacionados con delitos como narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, tráfico de armas o personas, minería ilegal, extorsión, intimidación, delincuencia organizada y grave conmoción interna en el sistema penitenciario, plasmados en el artículo 158 de la Constitución.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado; una estrategia que no impidió que 2025 cerrara con un récord de 9.283 homicidios.

Ecuador, sin embargo, aprobó una ley que regula el apoyo militar a policías sin estado de excepción. Alarcón señaló que con esta norma "no se militariza la seguridad ciudadana", sino que se dota al Estado de una herramienta con "reglas, límites y controles frente al crimen organizado".

Para activar este respaldo, el comandante general de la Policía deberá presentar una solicitud motivada al presidente del país en la que especifique el territorio de actuación y los delitos que busca combatir. Además, debe sustentar las razones por las cuales las capacidades operativas de su institución han sido superadas.

Posteriormente, el mando militar emitirá un informe sobre la necesidad, pertinencia y ámbito de actuación, documento que será analizado junto a la solicitud policial en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). Si el pedido es aprobado, el mandatario emitirá un decreto. El apoyo militar estará en vigencia por un máximo de 180 días y podrá renovarse hasta por 30 días adicionales. También podrá terminarse antes del tiempo establecido.

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