El tribunal supremo precisó que el sentenciado pagará S/ 500000 y afrontará cárcel efectiva si incumple las reglas. El excongresista Kenji Fujimori deberá cumplir con realizar una obra social o diez horas de servicio comunitario como parte de las reglas de conducta fijadas en su condena de cuatro años y seis meses de prisión suspendida por el delito de tráfico de influencias. De acuerdo con fuentes judiciales citadas por El Comercio, la precisión fue emitida por la Corte Suprema tras absolver una consulta técnica formulada por la defensa del sentenciado. La disposición judicial se enmarca en el proceso penal derivado del caso Mamanivideos del año 2017, vinculado a la presunta compra de votos parlamentarios para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La ejecución de las labores no remuneradas se desarrollará bajo la supervisión directa de la Oficina de Medio Libre de Lima del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El órgano jurisdiccional estableció que, en caso de optar por una obra social, el exparlamentario deberá informar de manera documentada al juzgado supremo sobre su cumplimiento. Por el contrario, si elige la modalidad de servicio comunitario, la labor podrá distribuirse en una o varias jornadas en la institución pública que determine el INPE. El juez supremo Manuel Luján Túpez, integrante de la Sala Penal Permanente, detalló los alcances de la medida comunitaria: «Un servicio comunitario o a favor de la comunidad significa, por ejemplo, hacer limpieza en las escuelas, ir a los hospitales a ayudar a las personas que están en fila, entregar tickets, orientarlos, cuidar jardines, sembrar plantas, cuidar la forestación nacional, en fin, algo que haga ver que su compromiso con la patria es efectivo». Con esto se cierra el punto sobre las reglas de conducta aplicables al exparlamentario en este contexto legal específico del caso Mamanivideos.

El caso Mamanivideos ha sido resuelto con medidas que afectan a todos los sentenciados en la causa. La Corte Suprema ratificó la sentencia condenatoria, ordenando el pago solidario de S/ 500 mil por reparación civil al Estado para Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo.

No obstante, este monto no es el único requisito. El tribunal advirtió claramente que el cumplimiento estricto de las obligaciones económicas y de conducta es obligatorio para mantener la libertad condicional vigente. Luján Túpez, quien explicó los detalles del fallo, precisó sobre las consecuencias del incumplimiento injustificado: «A solicitud de las contrapartes –en este caso el Ministerio Público o la Procuraduría Pública– si consideran que las seis reglas de conducta no se están cumpliendo o no se han cumplido, pueden requerir al juez supremo de investigación preparatoria para que se revoque la suspensión de la pena como beneficio y se convierta en una pena efectiva en una cárcel del país».

Dicho esto, es crucial entender por qué Fujimori está libre. La no aplicación de la prisión efectiva se sustenta en el mandato constitucional de retroactividad benigna del artículo 109. Así, la judicatura aplicó correctamente el Decreto Legislativo 1585, promulgado en noviembre de 2023. Esta norma faculta a suspender condenas menores a cinco años de privación de libertad, permitiendo así que los reos cumplan sus deberes sin ingresar al penal.

El tribunal supremo determinó que no se acreditó peligro de fuga ni conductas que hagan prever reincidencia delictiva en los procesados. Asimismo, concluyó que los exlegisladores cumplieron con los presupuestos legales exigidos por la norma procesal al carecer de antecedentes judiciales y acatar las citaciones de las autoridades.

No obstante, el fallo confirma que Kenji Fujimori deberá realizar labor social y pagar S/ 500.000 de reparación civil en el caso Mamanivideos, tras haber sido sentenciado a cuatro años y seis meses de pena suspendida.

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