Diputado de Renovación Popular expone datos de una paciente que solicitó un aborto terapéutico

A pesar de que el congresista Christian Aranda borró su tuit en el que difundió el nombre y apellido de una ciudadana, el periodista Cristian Rebosio tomó captura del documento. Abogadas, organizaciones y una congresista cuestionaron el accionar del legislador.

El diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, expuso en su cuenta de X (antes Twitter) los datos de una ciudadana que solicitó una presunta interrupción terapéutica del embarazo en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay. La exposición se dio en un oficio enviado al centro de salud en el que solicitó "información y verificación de cumplimiento de requisitos legales y médicos" sobre el procedimiento médico.

No obstante, tras los cuestionamientos surgidos por este hecho, el representante de la Cámara de Diputados por Arequipa precisó que el propósito de su actuación no es acceder a información clínica confidencial ni intervenir en la decisión médica de una paciente. Ante una denuncia que llegó a mi despacho, consideré necesario ejercer mi función de fiscalización y poner énfasis en que cualquier procedimiento debe realizarse cumpliendo estrictamente las condiciones establecidas por la legislación y los protocolos sanitarios vigentes", justificó Aranda.

A pesar de que el congresista se pronunció y señaló que no ha publicado la identidad ni datos personales de la paciente, el periodista Cristian Rebosio compartió el documento, en el que se omiten los datos de la ciudadana, y contrastó con la versión del legislador. "No mienta, congresista. Esta fue la imagen que subió y ahí, donde yo tapé, estaba el nombre de la mujer. Lo subió sabiendo que hay grupos de fanáticos religiosos que podrían acosarla. No deja de sorprender la maldad que tienen los de Renovación Popular", mencionó el comunicador.

La controversia se intensificó cuando Rebosio reveló que Aranda, aunque afirmó no divulgar datos personales, había subido una imagen donde esos detalles eran visibles antes de su eliminación. El legislador insistió en que su labor fue meramente fiscalizadora ante la denuncia recibida, enfatizando el rigor legal y sanitario requerido para cualquier intervención médica del tipo solicitado por la usuaria en Abancay.

"Fiscalizar es velar por el cumplimiento de la ley, respetando siempre la privacidad, las competencias de los profesionales de la salud y los derechos de las personas", dijo. En el cuestionado documento por diversas organizaciones y abogadas, el parlamentario mencionó que le llegó una denuncia a su despacho sobre una intervención programada a una mujer con 20 semanas de gestación. Periodista capturó el documento en el que el congresista expuso los datos de la paciente. El documento compartido tapó el nombre para proteger la identidad de la ciudadana. El congresista argumentó que "el procedimiento CIE 10:O04 contempla la interrupción del embarazo menor de 22 semanas únicamente bajo los supuestos establecidos y cuando constituya el medio necesario para salvar la vida de la gestante o evitar un daño grave". Por ese motivo, dispuso que el hospital le informe documentadamente sobre la evaluación médica integral realizada a la paciente. Esto debe incluir el diagnóstico objetivo que sustente la existencia de una condición que haga la interrupción del embarazo el único medio para salvar su vida o evitar un daño grave y permanente a su salud. Además, pidió información sobre los informes, exámenes y demás elementos médicos que sustenten dicha conclusión, "dejando constancia de los criterios clínicos utilizados para determinar la procedencia del procedimiento". Asimismo, solicitó información detallada sobre la junta médica: sus integrantes, especialidades y participación efectiva en la evaluación del caso. También requirió la constancia de orientación y consejería a la paciente, así como el consentimiento informado que haya sido otorgado de manera libre, expresa, voluntaria e informada. La solicitud abarca igualmente el registro completo y cronológico de todas las actuaciones realizadas en la historia clínica. Finalmente, exigió conocer el protocolo, guía o disposición normativa específica bajo la cual el establecimiento de salud pretende sustentar la eventual realización del procedimiento. En ese contexto, Aranda sostuvo que "la gravedad de los hechos exige que cualquier actuación médica vinculada a la interrupción de embarazo sea sometida al más estricto cumplimiento del marco legal, los protocolos médicos aplicables y las garantías que correspondan tanto a la gestante como a la vida humana en gestación". El oficio del congresista de Renovación Popular refleja una postura firme ante las denuncias recibidas. Al abordar este caso concreto, donde se hablaba de una mujer en avanzado estado de gestación, Aranda priorizó la aplicación rigurosa de los protocolos vigentes. Su gestión busca asegurar que cada paso tomado por el equipo médico esté debidamente justificado y documentado, evitando cualquier arbitrariedad en la toma de decisiones clínicas. La exigencia de conocer los criterios clínicos específicos utilizados es fundamental para entender la lógica detrás del procedimiento propuesto. De igual forma, la transparencia sobre la composición de la junta médica y su participación real en el análisis del caso busca garantizar que la decisión no sea un acto aislado, sino fruto de una deliberación colegiada y especializada. La protección de los derechos de la gestante y de la vida humana en gestación se convierte así en el eje central de esta fiscalización. Al solicitar el consentimiento informado otorgado libremente, se refuerza la autonomía de la paciente dentro del proceso médico. Del mismo modo, el acceso a toda la historia clínica permite una revisión exhaustiva de las acciones previas y actuales tomadas por los profesionales involucrados. Finalmente, la necesidad de identificar el protocolo normativo específico que avala el procedimiento cierra el círculo de exigencias legales. De esta manera, se busca no solo cumplir con la ley, sino garantizar que cada intervención esté amparada en criterios técnicos sólidos y garantizados legalmente, respetando siempre las competencias médicas y los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en este delicado proceso.

El congresista Aranda advirtió poner de conocimiento al Ministerio Público si se autoriza una intervención "sin contar con el debido sustento médico". En su oficio, reafirmó: "Como diputado de la República, reafirmo mi deber de ejercer una fiscalización firme sobre cualquier actuación de los establecimientos públicos de salud que pueda comprometer derechos fundamentales y, particularmente, la protección de la vida humana desde la concepción".

A través de su cuenta de X, la abogada Josefina Miro Quesada cuestionó al legislador por "creer estar por encima de la ley" y señaló que su pedido es "casi imposible". Explicó: "No es posible que cada procedimiento para preservar la vida/salud de una gestante tenga que ser obstruido así. Dejen de meterse con cuerpos ajenos (...) El pedido es ilegal. Los datos personales de la gestante son confidenciales y están protegidos por la Constitución y la ley. Los médicos están obligados a no revelar info clínica por el secreto profesional (violarlo es delito). El aborto terapéutico es un derecho. Infórmense".

Por su parte, la organización Las Tejedoras rechazó la intromisión política en las decisiones médicas y la vulneración de la confidencialidad de las pacientes. Manifestaron: "Aunque el nombre de la paciente haya sido posteriormente retirado, consideramos que el hecho no puede pasar inadvertido (...) La información sobre la salud de una persona es confidencial y debe ser protegida. Ninguna autoridad política puede utilizar su posición para exponer a una paciente, cuestionar públicamente decisiones que corresponden al ámbito médico o generar presiones sobre profesionales de salud en el ejercicio de sus funciones".

Este debate se intensifica tras la exposición pública de datos sensibles por parte del congresista. La abogada Miro Quesada subraya que los datos personales y la información clínica están blindados bajo el secreto profesional, violado cual constituye delito. Además, enfatiza que el aborto terapéutico no es solo un derecho legal en el Perú, sino una medida vital para la salud de la gestante. Cualquier intento de obstruir estos procedimientos se considera una intromisión indebida en cuerpos ajenos y una vulneración directa de garantías constitucionales.

Desde Las Tejedoras, se alerta que usar la posición política para exponer a pacientes o cuestionar decisiones médicas genera presiones indebidas sobre el personal sanitario. Aunque el nombre haya sido ocultado posteriormente, el precedente es grave: no se puede permitir que autoridades utilicen su cargo para vulnerar la privacidad de quienes acuden al sistema público de salud.

Ante la postura de Renovación Popular, la congresista Ruth Luque, de Ahora Nación, confrontó directamente a su colega. Alertó que la fiscalización parlamentaria "no puede convertirse en un mecanismo de presión sobre los profesionales de la salud ni en un juicio anticipado sobre la situación de salud de una mujer". Para ella, toda intervención vinculada a la vida reproductiva debe evaluarse con estricto respeto a la Constitución y los protocolos médicos. Enfatizó que "La función parlamentaria no otorga autoridad para interferir en actos médicos ni para vulnerar la privacidad y dignidad de las personas".

Su intervención subrayó el riesgo de convertir situaciones médicas individuales en escenarios de confrontación política, algo que podría generar temor en los servicios encargados de garantizar prestaciones reconocidas por la ley. Luque recalcará que este tipo de acciones "puede vulnerar derechos, afectar la autonomía profesional del personal de salud". La fiscalización no debe ser usada para desconocer los derechos de las mujeres ni buscar estigmatizarlas, menos amedrentar a los médicos. Su mensaje es claro: proteger la autonomía y garantizar que el cuidado de la salud se mantenga libre de presiones políticas innecesarias.

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