TC deja al voto la demanda contra la reorganización de Petroperú

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, advirtió durante la audiencia pública del martes 25 de agosto que esquemas de concesión suelen ser desnaturalizados con el tiempo. Citing como precedentes los casos de peajes y el gas de Camisea, el funcionario rechazó que terceros operen bajo la modalidad de concesión, argumentando que estos modelos a menudo buscan un beneficio particular en lugar de servir a la nación. El representante del Estado absolvió las preguntas técnicas planteadas por el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse tras exponer sus argumentos ante el Tribunal Constitucional.

El pleno del TC dejó la causa al voto para emitir su fallo definitivo tras evaluar las demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia 010-2025. Esta norma, impulsada por el Ejecutivo, dispone una reestructuración integral de Petroperú a través de Proinversión. Las acciones legales fueron presentadas de forma acumulada por la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara, quienes cuentan con el respaldo de los colegios profesionales de Abogados e Ingenieros.

Todas estas entidades coincidieron en señalar que la norma abre la puerta a una eventual privatización o fragmentación de la empresa estatal frente a su crisis financiera. El defensor del Pueblo exigió que la compañía no sea tratada como un activo para evitar su desmantelamiento, insistiendo en que el componente central debe orientarse al beneficio de la nación y no necesariamente a intereses de terceros.

Tras escuchar los alegatos presentados por las partes involucradas, el organismo jurídico se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto. El debate giró en torno a si la reorganización propuesta viola derechos fundamentales o simplemente busca optimizar la gestión pública ante una situación económica delicada que afecta al monopolio petrolero nacional.

Exceso de facultades e impacto en la seguridad energética

Durante la gestión del presidente José Jerí, se promulgó la noche de Año Nuevo (31 de diciembre de 2025) el cuestionado Decreto de Urgencia 010-2025. Esta norma busca separar activos y unidades de negocio en bloques patrimoniales para su gestión por operadores privados. No obstante, la Defensoría y la Municipalidad Provincial de Talara sostienen que el Poder Ejecutivo excedió sus atribuciones al eludir el debate parlamentario y vulnerar el principio de separación de poderes.

Los demandantes enfatizan que la disposición no reúne los criterios de urgencia e imprevisibilidad exigidos por la Constitución para emitir decretos extraordinarios. En esa línea, advirtieron el peligro de aplicar mecanismos de inversión privada sobre una empresa con rol estratégico para la soberanía y seguridad energética del país.