por Agencia EFE
Las manifestaciones de la población se dan por el retiro de la subvención al diésel, en medio de la escasez de combustibles en territorio boliviano.
Hernán Paredes, viceministro de Régimen Interior, mantiene una reunión con dirigentes campesinos y productores locales para frenar cualquier intento de protesta. La cita se realiza hoy en la Federación Intercultural de Productores Agropecuarios de Yapacaní.
No obstante, la tensión ya está en el terreno. En la víspera, pobladores de ese municipio salieron a marchar por la principal carretera y anunciaron que bloquearán esa ruta desde hoy. Esta vía conecta con el centro y occidente del país, una arteria vital para el tránsito.
Frente a esta amenaza, el Gobierno de Bolivia desplegó este martes grupos de militares y policías en Santa Cruz. Según el Ministerio de Defensa, las fuerzas fueron enviadas al municipio de Yapacaní, ubicado a 131 kilómetros de la ciudad capital provincial. Su misión es proteger la carretera y evitar enfrentamientos.
El Ministerio también recordó que en Bolivia rige el estado de excepción por lo que impedir el libre tránsito está estrictamente prohibido. Las manifestaciones surgen como respuesta al retiro de la subvención al precio del diésel, medida tomada en medio de una grave escasez de combustibles.
El origen de este conflicto se remonta a un decreto emitido el 17 de agosto por el Gobierno boliviano. La norma establece "un precio referencial" de 18 bolivianos (1,55 dólares) por litro de diésel para industrias y empresas clasificadas como "grandes consumidores".
Bolivia afronta nuevamente problemas de abastecimiento de combustibles, con largas filas en estaciones de servicio desde hace semanas. Tras siete semanas de protestas campesinas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, el Gobierno declaró el estado de excepción el 20 de junio por 90 días en todo el país.
El sector agroindustrial de Santa Cruz rechazó ese jueves el retiro de la subvención porque "castiga" a los productores y "no resuelve" los problemas de desabastecimiento del combustible. El nuevo precio, variable para la mayoría, no aplica al transporte público ni privado con consumos menores a 5.000 litros mensuales; estos usuarios seguirán pagando 9,80 bolivianos (0,84 dólares) el litro.
La medida busca mitigar el impacto en sectores clave mientras la crisis energética persiste y moviliza a la sociedad civil ante la incertidumbre política y económica que azota al Estado pluriétnico y plurinacional en su momento más crítico de gestión pública reciente.
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