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La defensa del territorio en la Amazonía peruana se ha convertido, lamentablemente, en una sentencia de muerte. Así lo ilustra el trágico suceso ocurrido este domingo 23 de agosto en el distrito de Yurúa, región Ucayali, donde Américo Pascuala Tomisha, un líder ashéninka de 57 años y exjefe de la Comunidad Nativa Onconashari, perdió la vida.
Pascuala Tomisha realizaba las labores habituales de vigilancia dentro del bosque comunal cuando detectó la presencia de personas ajenas al territorio. Según la información difundida por la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), el encuentro terminó en un ataque con arma de fuego que dejó al dirigente sin vida. El líder ashéninka recibió impactos directos y falleció dentro del ámbito de su propia comunidad, mientras intentaba proteger los bosques.
No se trata, según las organizaciones indígenas, de un episodio aislado ni inesperado. Desde el año 2020 existen reportes sobre el ingreso no autorizado de terceros al territorio de Onconashari, la presunta extracción ilegal de aceite de copaiba y amenazas contra comuneros. Estas alertas, de acuerdo con la CNDDHH, fueron comunicadas previamente al Ministerio de Cultura y a la Policía Nacional, pero las denuncias formuladas durante años no consiguieron impedir que la situación terminara en un asesinato.
La AIDESEP, por su parte, expresó sus más sentidas condolencias a la familia de Pascuala Tomisha, a la Comunidad Nativa Onconashari y al pueblo ashéninka. La organización lo identificó como un defensor del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. AIDESEP sostiene que el dirigente ya había advertido anteriormente sobre la presencia de personas ajenas dentro de Onconashari y que su labor estaba directamente relacionada con la protección del territorio comunal.
Un crimen que exige respuestas
Ahora, un dirigente que había participado en la defensa de su territorio está muerto. Organizaciones indígenas sostienen que el crimen ocurre después de años de denuncias por el ingreso de terceros y la presunta extracción ilegal de copaiba. Exigen al Ministerio Público y a la Policía investigar no solo a los autores materiales del ataque, sino también a quienes podrían estar detrás del asesinato.
La CNDDHH, por su parte, advierte que el crimen debe ser investigado tomando en cuenta los antecedentes existentes. La pregunta central es inevitable: ¿quiénes ingresaban al territorio de Onconashari, qué actividades realizaban y por qué las denuncias formuladas durante años no consiguieron impedir que la situación terminara en un asesinato?
Las denuncias que quedaron pendientes
Los antecedentes adquieren especial relevancia después del crimen. De acuerdo con la CNDDHH, desde el año 2020 se habían reportado situaciones vinculadas con la presunta extracción de copaiba dentro del territorio comunal y amenazas contra comuneros. Las organizaciones sostienen que estas alertas fueron comunicadas a las autoridades.
ORAU también ha señalado que el propio Pascuala Tomisha había advertido sobre la presencia de personas ajenas dentro de la comunidad, un hecho que convierte este ataque en una respuesta directa a su labor defensiva y pone en evidencia la falta de protección estatal frente a estos crímenes ambientales.
El asesinato de Pascuala Tomisha no es un hecho aislado, sino una prueba contundente para el Estado peruano que determina si las denuncias previas fueron escuchadas antes de que fuera demasiado tarde. La senadora Ruth Luque ha solicitado una investigación urgente sobre este crimen y las acciones estatales frente a la inseguridad que afecta directamente a los territorios indígenas y sus dirigentes. Ahora, la Comunidad Nativa Onconashari enfrenta una nueva amenaza: no solo perdió a uno de sus líderes, sino que sus integrantes continúan necesitando protección inmediata.
La exigencia: autores materiales e intelectuales
Detrás del disparo hay un sistema. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto con AIDESEP y ORAU, pidió al Ministerio Público y a la Policía Nacional realizar una investigación inmediata y diligente que permita esclarecer las circunstancias del hecho. El pedido tiene una dimensión crítica: determinar las responsabilidades materiales e intelectuales que pudieran estar vinculadas con el crimen. No basta con identificar a quien apretó el gatillo; la investigación debe responder preguntas esenciales.
¿Quién disparó? ¿Quiénes eran los terceros que se encontraban dentro del territorio y qué actividad realizaban? ¿Existían denuncias previas y qué hicieron las autoridades frente a ellas? Y, sobre todo, hubo alguien que ordenó o facilitó el crimen. Las respuestas corresponden al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Porque si durante años se advirtió que había terceros ingresando a un territorio indígena y un dirigente terminó asesinado mientras intentaba vigilarlo, el caso ya no puede ser presentado únicamente como un enfrentamiento ocurrido en algún lugar remoto de la Amazonía.
Enfoque intercultural y riesgo institucional
Las organizaciones solicitan que la investigación incorpore un enfoque intercultural y considere la condición de Pascuala Tomisha como defensora indígena del territorio y los bosques. Además, reclaman al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una evaluación urgente sobre el nivel de riesgo que enfrentan las autoridades y las personas defensoras de Onconashari. Si esas denuncias fueron efectivamente comunicadas a las instituciones competentes, la investigación deberá determinar qué acciones se adoptaron, qué medidas de protección fueron implementadas y si existieron omisiones que permitieron que el riesgo aumentara hasta desembocar en la muerte del dirigente.
Una muerte que vuelve a interpelar al Estado
El asesinato de Pascuala Tomisha se incorpora, según las organizaciones que han denunciado el caso, a una larga lista de agresiones contra defensores ambientales y territoriales en el Perú. La información difundida por estas organizaciones señala que más de 60 defensores ambientales han sido asesinados en el país desde 2012. Este contexto histórico convierte cada nuevo crimen en un llamado a la rendición de cuentas.
Cálidda busca diez años más de concesión a cambio de llevar gas a siete regiones: las preguntas que el Estado aún debe responder
Aunque el foco principal es la justicia para Pascuala, el debate sobre la responsabilidad del Estado se extiende a otros frentes críticos. La empresa Cálidda propone llevar gas natural a siete regiones y 15 ciudades mediante una inversión de cientos de millones de dólares. A cambio, busca extender hasta 2043 la concesión que actualmente opera en Lima y Callao. Pero aquí hay que plantear una pregunta fundamental: ¿cuánto vale para Cálidda la ampliación de su negocio y cuánto está entregando el Estado a cambio?
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El Gobierno se enfrenta a una decisión que podría alterar durante las próximas décadas el mapa de la distribución de gas natural en el Perú. Sobre la mesa está una adenda que permitiría a Cálidda, concesionaria de la distribución de gas natural en Lima y Callao, extender sus operaciones hacia Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.
Detrás del argumento político —difícil de cuestionar— de llevar gas a 15 ciudades que llevan años esperando acceso a una energía más económica, existe una operación económica de dimensiones mucho mayores. Una empresa privada no invierte cientos de millones de dólares para no recuperar su capital y obtener rentabilidad. Por eso, antes de aprobar la adenda, el Estado debería hacer público el modelo económico-financiero completo.
De US$550 millones a US$663 millones: ¿cuál es la cifra definitiva?
Cálidda ofrece ejecutar inversiones por cientos de millones de dólares. A cambio, la propuesta contempla ampliar por diez años una concesión que originalmente culminaría en 2033 y llevarla hasta 2043, además de incorporar siete nuevos mercados.
Sin embargo, documentos posteriores de la cartera de proyectos han registrado una inversión de hasta US$663 millones, 2.510 kilómetros de redes y 150.914 hogares potencialmente beneficiados. Esto contrasta con una versión del Ministerio de Energía y Minas que difunde datos contemplando una inversión superior a los US$550 millones, aproximadamente 3.700 kilómetros de redes y más de 300 mil usuarios potenciales.
No se trata de una diferencia menor. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuál es el proyecto que realmente se encuentra sobre la mesa: ¿Cuál es la inversión definitiva? ¿Cuántos kilómetros de redes se construirán? ¿Cuántos hogares serán efectivamente beneficiados? ¿Qué obligaciones quedarán incorporadas en la adenda?
La pregunta que falta: ¿cómo recuperará Cálidda su inversión?
Decir que el proyecto será ejecutado mediante “inversión privada” explica quién coloca inicialmente el dinero, pero no explica quién terminará pagando esa inversión. Porque una cosa es anunciar que una empresa privada construirá las redes y otra muy distinta determinar quién pagará finalmente esas redes durante los años de vigencia de la concesión.
¿Cuánto recuperará Cálidda mediante las tarifas? ¿Existirán subsidios? ¿Qué participación tendrá el FISE? ¿Habrá mecanismos de compensación? ¿Existirán subsidios cruzados entre consumidores? ¿Alguna parte del costo terminará incorporándose, directa o indirectamente, a cargos que pagan usuarios de otros servicios energéticos? Estas preguntas son el corazón económico de la operación. Las respuestas no pueden quedar en el terreno de los anuncios.
¿Cuánto valen diez años adicionales en Lima y Callao?
Hay una cifra que debería ocupar un lugar central en cualquier evaluación seria: el valor económico de los diez años adicionales de concesión. ¿Cuál es el valor presente de extender hasta 2043 la explotación de la distribución de gas natural en Lima y Callao? Sin ese cálculo resulta imposible determinar si existe una verdadera equivalencia económica entre lo que Cálidda promete invertir y aquello que el Estado le concede.
Si el Estado está a punto de modificar una concesión por diez años y ampliar considerablemente su ámbito territorial, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuál es el proyecto que realmente se encuentra sobre la mesa. ¿Cuál es la inversión definitiva? ¿Cuántos kilómetros de redes se construirán? ¿Cuántos hogares serán efectivamente beneficiados? ¿Qué obligaciones quedarán incorporadas en la adenda?
Las respuestas no pueden quedar en el terreno de los anuncios.
El peligro de que las excepciones terminen convertidas en nuevas adendas
Llevar gas a las siete regiones planteadas no será una tarea sencilla. Permisos municipales, servidumbres, arqueología, geografía, conflictos sociales, distancias y baja densidad de usuarios son riesgos previsibles.
Y precisamente porque son previsibles deberían estar claramente distribuidos en el contrato desde el primer día. De lo contrario puede aparecer un mecanismo conocido: se anuncia una inversión, aparecen dificultades, se postergan metas, se modifican obligaciones y finalmente se solicita una nueva modificación contractual.
Por ello, la adenda debería establecer con precisión qué circunstancias permitirían a Cálidda solicitar futuras modificaciones, reequilibrios económicos o ampliaciones de plazo. El Estado no puede entregar hoy una concesión ampliada para discutir mañana las condiciones que debieron quedar resueltas desde el comienzo.
¿Por qué una adenda y no un nuevo proceso competitivo?
La comparación correcta es mucho más compleja: valor de las inversiones y riesgos asumidos por Cálidda frente al valor económico de la extensión contractual, los nuevos mercados, los ingresos futuros y los demás beneficios derivados de la adenda. Sin esa información, la ciudadanía conoce solamente una parte de la operación.
No basta con comparar US$550 millones de inversión privada frente a cero gasto estatal; reducir el debate a tal fórmula no es políticamente cómodo ni suficiente para entender el escenario real.
Antes de ampliar la concesión, hay que mirar cómo se cumplió la anterior
Existe además un antecedente que el Gobierno debería revisar antes de entregar siete nuevas regiones al actual concesionario de Lima y Callao. ¿Cómo cumplió Cálidda las obligaciones de inversión que ya tenía?
No es el único antecedente regulatorio. Durante ese periodo hubo modificaciones de planes y discusiones relacionadas con inversiones, cronogramas y ejecución.
Nada de ello demuestra, por sí solo, un incumplimiento generalizado de las obligaciones del concesionario. Pero sí obliga a formular una pregunta elemental antes de ampliar el negocio: ¿Cuál fue exactamente el porcentaje de cumplimiento de las inversiones comprometidas por Cálidda durante los últimos planes quinquenales?
En marzo de este año, Osinergmin aprobó la liquidación del Plan Quinquenal de Inversiones 2022-2026. Posteriormente, Cálidda interpuso un recurso de reconsideración solicitando que se reconociera un saldo superior a US$20,4 millones y que se considerara la totalidad de determinada infraestructura ejecutada entre 2022 y 2025.
Y cuando determinadas metas originales no fueron alcanzadas, ¿qué razones se invocaron?, ¿cuáles fueron aceptadas por Osinergmin?, ¿qué consecuencias económicas tuvieron esas modificaciones para el concesionario y para los usuarios?
Antes de firmar una nueva adenda, el Estado debería tener esas respuestas sobre la mesa.
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