Aaron Ramos Medina

por Aaron Ramos Medina

Datos que revelan la crisis del empleo joven y la propuesta de solución

Frente a un mercado laboral juvenil marcado por el desempleo, la informalidad y precariedad, la medida plantea una deducción adicional en el Impuesto a la Renta para empresas que contraten jóvenes en su primer empleo formal, según propone el movimiento Es Hoy y Apoyo Consultoría. El 46% de los egresados universitarios está subempleado, es decir uno de cada dos jóvenes que culminaron la universidad, a pesar de estar trabajando 35 horas o más, perciben ingresos que le no alcanzan para cubrir una canasta básica de consumo, cuyo valor está situado, según el INEI, en S/462 mensuales por persona. En suma, posee un trabajo precario.

Por otro lado, el 87% de las empresas manifiesta tener dificultades para contratar personal calificado. Esta brecha entre la formación de los jóvenes y las necesidades del mercado laboral fue uno de los principales diagnósticos expuestos durante el foro “Lo Mínimo para los primeros 100 días en empleo juvenil: cómo impulsar el empleo garantizando sus derechos”, una iniciativa del movimiento empresarial EsHOY y Apoyo Consultoría. En el encuentro, Raúl Andrade, gerente de proyectos de Apoyo Consultoría, expuso un paquete de cuatro medidas que buscan facilitar la inserción laboral de los jóvenes, grupo poblacional (80%) que hoy está sumida en la informalidad.

La primera propuesta consiste en otorgar un subsidio tributario al primer empleo juvenil formal, de manera que el Estado asuma parte del costo inicial que enfrenta una empresa cuando contrata a una persona sin experiencia. No se contempla reducir el salario ni los beneficios del trabajador. El incentivo se entregaría mediante una deducción adicional en el Impuesto a la Renta, sería temporal, gradual y tendría un tope de dos Remuneraciones Mínimas Vitales (RMV). La lógica es que un joven sin experiencia puede resultar inicialmente más costoso para una empresa porque su productividad puede ser menor durante el periodo de aprendizaje. En lugar de reducir los derechos laborales para compensar ese costo como se han presentado en el pasado con el fantasma de "la ley pulpín" durante el gobierno de Ollanta Humala, la propuesta plantea que sea el Estado quien asuma parte de la diferencia mediante un beneficio tributario.

"Todos recordamos la famosa ley Pulpín de hace varios años, donde el abaratamiento de la contratación venía a costa de los derechos del joven. La idea de esta nueva medida es evitar eso y que el Estado asuma ese costo a través de un subsidio, igualando las tarifas sin que el costo sea subido por el joven a través de la pérdida de sus derechos", apuntó Andrade. Explicó que existe un desalineamiento entre la formación que los jóvenes están recibiendo en las instituciones de educación superior y las necesidades reales de las empresas.

"¿Cómo se explica que tengamos jóvenes con alta probabilidad de estar desempleados o subempleados con la informalidad, en paralelo con empresas que tienen dificultad para contratar? Es una idea que resulta contraintuitiva, pero la verdad es que no lo es tanto. Tenemos una situación de jóvenes con más probabilidad de desempleo, con más probabilidad de estar en informalidad y con más probabilidad de estar subempleados", anotó el funcionario.

¿Cómo funcionaría?

Según datos de Apoyo Consultoría, los jóvenes tienen peores indicadores laborales que los trabajadores de mayor edad. La tasa de desempleo entre los menores de 24 años alcanza 12,3%, una cifra 2,6 veces superior a la de los grupos de mayor edad. Además, la informalidad laboral juvenil llega a casi 80%, frente a una tasa general cercana al 70%.

El incentivo propuesto sería temporal y focalizado: con un sueldo mínimo de S/1.130, una empresa que contrate a un joven por ese monto podría deducir S/1.130 adicionales de su renta imponible; si le paga S/1.700, la deducción bajaría a S/560 y desaparecería cuando el sueldo llegue a S/2.260, equivalente a dos RMV.

  • Si el joven gana S/1.130, la empresa podría realizar una deducción adicional de S/1.130.
  • Si gana S/1.700, la deducción adicional sería de S/560.
  • Si gana S/2.260, equivalente a dos RMV, la deducción adicional sería S/0.

Este esquema permitiría generar 35.000 empleos formales juveniles y tendría un costo fiscal directo equivalente al 0,15% de la recaudación actual del Impuesto a la Renta.

Transformar web para decidir qué estudiar

El segundo planteamiento busca fortalecer la plataforma Mi Carrera del MTPE y convertirla en una fuente oficial de información para que los jóvenes puedan decidir qué estudiar y dónde hacerlo.

La propuesta contempla un mecanismo de Becas por Impuestos, que toma como referencia el modelo de Obras por Impuestos. Este esquema permitiría que una empresa privada done recursos a Pronabec para financiar carreras consideradas prioritarias por su demanda laboral futura. Pronabec administraría los fondos y asignaría las becas con criterios de elegibilidad y transparencia, mientras que los jóvenes beneficiarios estudiarían en instituciones licenciadas y en carreras con alta demanda laboral.

"Lo que estamos proponiendo es que se habilite la posibilidad para que empresas privadas hagan donaciones a Pronabec para financiar estudios en carreras para las cuales las empresas saben que van a tener demanda en el futuro. Eso da el incentivo para que las empresas den el financiamiento, el saber que se van a formar jóvenes con las competencias que ellas mismas van a requerir a futuro." señaló.

La propuesta contempla que la empresa pueda deducir 1,5 veces el monto donado para efectos del Impuesto a la Renta. Por ejemplo, si una empresa dona S/50.000, el monto deducible sería de S/75.000. Con una tasa de 29,5%, esto genera un ahorro tributario de S/22.125, por lo que el costo neto de la empresa sería de S/27.875. Según el ejercicio presentado, el Estado asumiría 44% del costo de la beca mediante los tributos no recaudados y la empresa asumiría el 56%.

Para el éxito de esta iniciativa, la propuesta plantea incorporar información desagregada por carrera e institución sobre ingresos reales, empleo formal, tiempo de inserción laboral y demanda laboral. Para ello, el MTPE actualizaría la plataforma; Sunat compartiría información de la planilla electrónica, mientras Sunedu y Minedu aportarían registros de egresados por carrera e institución.

Andrade sostuvo que la información necesaria ya existe, pero que actualmente no está suficientemente integrada para que un joven pueda utilizarla para tomar una decisión educativa. "Como una herramienta que provee información, no está funcionando tan bien. Debería ser una cuestión de mover algunas tuercas para que algunas instituciones compartan información y para que en el ministerio esta plataforma se fortalezca la plataforma para que brinde información sobre distintas variables relevantes para la toma de decisiones", señaló.

Dentro del panorama actual, Andrade señaló que algunas profesiones, como ciencias de la computación e ingeniería minera o petrolífera, registran salarios de entrada superiores a otras carreras. Sin embargo, estas áreas concentran muchos menos postulantes en comparación con otros sectores. La falta de integración de datos impide visualizar claramente esta brecha y cómo afecta las decisiones educativas.

Formación dual sin trámites caso por caso

La última medida busca otorgar autorización automática a los programas de formación dual que cumplan requisitos mínimos, eliminando la revisión individual actual.

Bajo esta propuesta, el MTPE modificaría el reglamento correspondiente para permitir que las instituciones registren e inicien sus programas sin pasar por un procedimiento burocrático. La supervisión y registro recaerían en Minedu y Sunedu.

Este modelo combina estudios académicos con experiencia laboral real y remunerada dentro de una empresa, permitiendo a los jóvenes acumular conocimientos teóricos y prácticos simultáneamente.

La necesidad surge ante datos alarmantes: un tercio de quienes abandonaron la educación superior lo hizo por razones económicas. Además, el 26% de los jóvenes que no estudian se encuentra trabajando, pero sus ingresos a menudo no son suficientes para cubrir una canasta básica.

Para los promotores, estas cifras refuerzan la urgencia de contar con alternativas formativas más flexibles y compatibles con el empleo. Al simplificar los trámites, se busca acelerar la creación de empleos que realmente mejoren las condiciones de vida estudiantil.

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