El vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Miguel Guimaraes, cuestionó severamente la inacción del Estado tras el asesinato del líder ashéninka Américo Pascuala. Este crimen ocurrió en Ucayali mientras realizaba labores de vigilancia territorial. Durante una entrevista con Canal N, Guimaraes lamentó la pérdida y advirtió que las comunidades siguen expuestas a amenazas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extracción ilícita de recursos naturales.
Según el registro interno de su organización, con este caso se suma a la cifra total: ya serían 38 los líderes indígenas asesinados en el país. Guimaraes sostuvo que las comunidades han denunciado previamente amenazas contra dirigentes, pero criticó que las medidas de protección implementadas no se traduzcan en una presencia efectiva dentro de los territorios.
“El papel no aguanta la bala”, afirmó el dirigente al señalar que los documentos que reconocen una situación de riesgo no son suficientes para proteger a quienes enfrentan directamente a organizaciones criminales. Una de las principales dificultades identificadas es la ubicación remota de estas comunidades. En algunos casos, los dirigentes deben desplazarse durante uno, dos o hasta tres días para llegar a una comisaría y presentar una denuncia formal.
El dirigente enfatizó que no se puede esperar protección pasiva. La falta de acciones concretas del gobierno ha dejado a los líderes vulnerables en medio de la selva peruana, donde operan grupos armados y criminales sin control. Guimaraes reiteró que la organización AIDESEP lucha incansablemente para garantizar la seguridad de sus miembros, pero la realidad muestra que el sistema actual falla constantemente.
La muerte de Pascuala no es un hecho aislado, sino parte de una crisis estructural que afecta a todo el pueblo indígena. Mientras las autoridades debatan sobre protocolos, los líderes continúan arriesgando su vida en el terreno. La falta de protección efectiva convierte la denuncia en un trámite burocrático inútil frente a la violencia real.
Desafíos territoriales y falta de conectividad
Más de 2.400 comunidades forman parte de la estructura organizativa indígena, pero solo se han instalado más de 300 módulos de comunicación con internet y paneles solares en las zonas consideradas de mayor riesgo. Según Guimaraes, esta medida aún resulta insuficiente frente a la magnitud del desafío.
Sin embargo, advirtió que esta no es la única amenaza. Señaló que las comunidades también enfrentan la presencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas, cuyos integrantes tendrían acceso a armas de largo alcance.
El vicepresidente de AIDESEP indicó que el asesinato de Pascuala estaría relacionado con un grupo de personas que realizaba extracción ilegal de aceite de copaiba dentro del territorio de la comunidad nativa de Onconashari.
Guimaraes explicó que los comités indígenas de monitoreo territorial realizan patrullajes sin armamento y, en muchos casos, con recursos limitados. Esta situación los coloca en una posición de evidente vulnerabilidad frente a grupos criminales organizados.
También señaló que varias comunidades carecen de señal telefónica e internet, lo que impide comunicar oportunamente situaciones de riesgo a las autoridades. Ante esta carencia crítica, las propias organizaciones indígenas deben gestionar combustible, embarcaciones y otros recursos para facilitar el ingreso de policías y autoridades a las zonas donde se reportan hechos ilícitos.
Por su parte, Guimaraes reclamó una intervención rápida de las autoridades para esclarecer el asesinato de Pascuala y encontrar a los responsables. Explicó que ingresar a la zona donde ocurrió el crimen puede costar alrededor de S/ 7.000, debido a que el acceso debe realizarse mediante un vuelo chárter. Las condiciones climáticas también dificultan las operaciones, pues las lluvias pueden impedir el ingreso de aeronaves.
El dirigente Miguel Guimaraes advirtió que, mientras no se atienda a fondo el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas que afectan territorios indígenas, las comunidades seguirán expuestas a nuevos ataques contra sus líderes. "No queremos que ningún líder sea asesinado", declaró tras la muerte de Américo Pascuala, exigiendo al Estado adoptar medidas contundentes para erradicar estos problemas estructurales.
La falta de protección estatal en regiones como Ucayali ha generado un clima de alerta constante entre los pueblos originarios. Guimaraes subrayó que el homicidio de Pascuala no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una violencia sistémica que amenaza la supervivencia de sus organizaciones comunitarias.
Frente a esta crisis humanitaria y política, diversos actores sociales han solicitado respuestas inmediatas desde el gobierno central. La impunidad que rodea estos crímenes alimenta la desconfianza en las instituciones y fomenta nuevas protestas por demandas básicas como combustible y subsidios.
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