por Sergio Espinoza

En junio de 2025, líderes y representantes de 33 comunidades indígenas asentadas a lo largo de la cuenca del río Nanay, en Loreto, demandaron al Estado peruano ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN). La acción se basó en la creciente amenaza que representa la minería ilegal para la Amazonía peruana y el incumplimiento de la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal. El abogado César Ipenza, miembro del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), explicó los detalles de este proceso histórico. Reveló que la SGCAN dio la razón a las poblaciones en primera instancia durante octubre del año pasado. En ese momento, el organismo estableció que el Estado peruano había incumplido sus obligaciones al combatir dicha actividad ilícita. «Particularmente que el Reinfo, concretamente, es un mecanismo de impunidad y que permite el incremento de esta actividad», declaró Ipenza aludiendo a las regulaciones del Ministerio de Energía y Minas. Tras este fallo inicial, el letrado detalló que la defensa recurrió a la fase judicial en diciembre de 2025 ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN). Esta instancia es crucial porque tiene la facultad de determinar responsabilidades directas y aplicar sanciones económicas al gobierno. «El tribunal ha admitido esta demanda, es un caso sin precedente donde se evidencia el incumplimiento, no solo de normas o de la lucha contra la minería ilegal», indicó Ipenza. Añadió que en la materia específica de minería ilegal, este es el primer caso que llega hasta tal nivel de resolución judicial dentro del bloque regional. Según cifras compartidas por el abogado, la actividad minera ilegal movilizó más de 11.500 millones de dólares en el año pasado, lo que subraya la magnitud del problema que buscan resolver estas comunidades mediante esta vía legal única. Sergio Espinoza

Al menos 100 dragas operando en el río Nanay

El abogado Ipenza alertó sobre al menos 100 dragas operando en la cuenca del río Nanay. Esta actividad pone en riesgo a más de medio millón de habitantes por su impacto ambiental. Según sostuvo, existe un intento de control, pero carecen de real supervisión sobre el ingreso y acceso de insumos clave: mercurio, combustible y alimentos.

"Debemos recordar que en esta zona hay una presencia altísima de ciudadanos extranjeros realizando esta actividad", añadió Ipenza respecto a la falta de fiscalización efectiva.

Cabe precisar que las comunidades afectadas no descartan acudir a otras instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto ocurrirá si el Estado peruano no responde de manera efectiva a la recomendación que pueda emitir la Comunidad Andina.

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