Cálidda busca diez años más de concesión a cambio de llevar gas a siete regiones: las preguntas que el Estado aún debe responder

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El Gobierno se enfrenta a una decisión que podría reconfigurar durante las próximas décadas el mapa de la distribución de gas natural en el país. Sobre la mesa, una adenda permitiría a Cálidda, actual concesionaria de Lima y Callao, expandir su operación hacia Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.

La propuesta plantea llevar energía a siete nuevas regiones y 15 ciudades mediante una inversión que oscila entre cientos de millones de dólares. A cambio, la empresa busca extender hasta el año 2043 su concesión, la cual originalmente culminaría en 2033. El argumento político es difícil de cuestionar: llevar gas a zonas que llevan años esperando acceder a un combustible más económico. Sin embargo, detrás del anuncio existe una operación económica de dimensiones mucho mayores.

Aquí surge la pregunta que debería estar en el centro del debate público: ¿cuánto vale para Cálidda aquello que el Estado está dispuesto a entregarle? La ciudadanía tiene derecho a conocer cuál es el proyecto real sobre la mesa. ¿Cuál es la inversión definitiva? ¿Cuántos kilómetros de redes se construirán? ¿Cuántos hogares serán efectivamente beneficiados? ¿Qué obligaciones quedarán incorporadas en la adenda? Las respuestas no pueden quedar en el terreno de los anuncios.

De US$550 millones a US$663 millones: ¿cuál es la cifra definitiva?

Las cifras conocidas hasta ahora requieren una explicación detallada para entender la magnitud del cambio. El Ministerio de Energía y Minas ha difundido una versión que contempla una inversión superior a los US$550 millones, aproximadamente 3.700 kilómetros de redes y más de 300 mil usuarios potenciales.

Sin embargo, documentos posteriores de la cartera de proyectos han registrado una inversión de hasta US$663 millones, con 2.510 kilómetros de redes y 150.914 hogares potencialmente beneficiados. No se trata de una diferencia menor; es un cambio sustancial en los números que definen el alcance del contrato.

La pregunta que falta: ¿cómo recuperará Cálidda su inversión?

Decir que el proyecto será ejecutado mediante "inversión privada" explica quién coloca inicialmente el dinero, pero no aclara quién terminará pagando esa inversión. Una empresa privada no invierte cientos de millones de dólares para no recuperar su capital y obtener una rentabilidad. Por eso, antes de aprobar la adenda, el Estado debería hacer público el modelo económico-financiero completo.

¿Cuánto recuperará Cálidda mediante las tarifas? ¿Existirán subsidios? ¿Qué participación tendrá el FISE? ¿Habrá mecanismos de compensación? ¿Existirán subsidios cruzados entre consumidores? ¿Alguna parte del costo terminará incorporándose, directa o indirectamente, a cargos que pagan usuarios de otros servicios energéticos? Estas preguntas son el corazón económico de la operación.

El proyecto puede llevar una energía más barata a miles de hogares, pero plantea interrogantes fundamentales sobre el valor de la ampliación del negocio para la empresa y lo que el Estado entrega a cambio. La propuesta contempla ampliar por diez años una concesión que originalmente culminaría en 2033 y llevarla hasta 2043, además de incorporar siete nuevos mercados.

La pregunta central es cuánto vale para Cálidda aquello que el Estado está dispuesto a entregarle. El Gobierno se encuentra frente a una decisión crítica. Las respuestas no pueden quedar en el terreno de los anuncios. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuál es el proyecto que realmente se encuentra sobre la mesa.

Una distinción fundamental separa el anuncio de que una empresa privada construirá redes del hecho de determinar quién asumirá finalmente el pago de esas infraestructuras durante toda la vigencia de la concesión. Esta dualidad plantea interrogantes cruciales que el Estado aún debe responder antes de formalizar cualquier acuerdo.

¿Cuánto valen realmente diez años adicionales en Lima y Callao?

Existe una cifra específica que debería ocupar un lugar central en cualquier evaluación seria: el valor económico preciso de esos diez años extras. La pregunta es directa: ¿cuál es el valor presente de extender hasta 2043 la explotación de la distribución de gas natural en esa zona? Sin realizar este cálculo, resulta imposible determinar si existe una verdadera equivalencia económica entre lo que Cálidda promete invertir y aquello que el Estado le concede. La comparación no puede reducirse a una fórmula políticamente cómoda: simplemente sumar US$550 millones de inversión privada frente a cero gasto estatal. La comparación correcta es mucho más compleja y abarca el valor de las inversiones, los riesgos asumidos por la empresa, los ingresos futuros esperados y los demás beneficios derivados de la adenda. Sin esa información detallada, la ciudadanía conoce solamente una parte parcial de la operación.

Antes de ampliar la concesión, hay que mirar cómo se cumplió la anterior

Existe además un antecedente regulatorio que el Gobierno debería revisar exhaustivamente antes de entregar siete nuevas regiones al actual concesionario de Lima y Callao. La cuestión central es: ¿cómo cumplió Cálidda las obligaciones de inversión que ya tenía comprometidas? En marzo de este año, Osinergmin aprobó la liquidación del Plan Quinquenal de Inversiones 2022-2026. Posteriormente, la empresa interpuso un recurso de reconsideración solicitando dos cosas: que se reconociera un saldo superior a US$20,4 millones y que se considerara la totalidad de determinada infraestructura ejecutada entre 2022 y 2025. No es el único antecedente regulatorio relevante; durante ese periodo hubo modificaciones de planes y discusiones relacionadas con inversiones, cronogramas y ejecución.

Nada de ello demuestra, por sí solo, un incumplimiento generalizado de las obligaciones del concesionario. Pero sí obliga a formular una pregunta elemental antes de ampliar el negocio: ¿Cuál fue exactamente el porcentaje de cumplimiento de las inversiones comprometidas por Cálidda durante los últimos planes quinquenales? Y cuando determinadas metas originales no fueron alcanzadas, ¿qué razones se invocaron?, ¿cuáles fueron aceptadas por Osinergmin?, y crucialmente, ¿qué consecuencias económicas tuvieron esas modificaciones para el concesionario y para los usuarios finales? Antes de firmar una nueva adenda, el Estado debería tener esas respuestas claras sobre la mesa.

El peligro de que las excepciones terminen convertidas en nuevas adendas

Llevar gas a las siete regiones planteadas no será una tarea sencilla. Permisos municipales, servidumbres, arqueología, geografía, conflictos sociales, distancias y baja densidad de usuarios son riesgos previsibles. Y precisamente porque son previsibles deberían estar claramente distribuidos en el contrato desde el primer día. De lo contrario puede aparecer un mecanismo peligroso: se anuncia una inversión inicial, aparecen dificultades imprevistas, se postergan metas, se modifican obligaciones y finalmente se solicita una nueva modificación contractual.

Por ello, la adenda debería establecer con precisión qué circunstancias permitirían a Cálidda solicitar futuras modificaciones, reequilibrios económicos o ampliaciones de plazo. El Estado no puede entregar hoy una concesión ampliada para discutir mañana las condiciones que debieron quedar resueltas desde el comienzo.

Ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

¿El balance económico de la adenda beneficia realmente al interés público?

Antes de extender una concesión hasta 2043 y ampliar sustancialmente el territorio entregado al mismo operador, el Gobierno tiene una responsabilidad elemental: demostrar que la operación más conveniente para Cálidda también es la más conveniente para el Estado y, sobre todo, para los consumidores peruanos. La necesidad de gas natural no debería convertirse en una carta en blanco; es cierto que siete regiones requieren este servicio desde hace años, pero concluir que cualquier mecanismo utilizado resulta automáticamente beneficioso para el país es un error lógico.

¿Por qué una adenda y no un nuevo proceso competitivo?

Existe una discusión estructural relevante. La distribución de gas mediante redes posee características de monopolio natural; económicamente, no resulta razonable que varias empresas construyan tuberías paralelas para atender una misma calle. Sin embargo, hay una distinción crucial: una cosa es que la distribución constituya un monopolio natural y otra muy distinta que desaparezca por completo la competencia para acceder al mercado.

Pero han pasado varios años desde el intento anterior. Antes de incorporar siete regiones al contrato de un operador existente, el Estado debería demostrar, con números y análisis técnico rigurosos, que una adenda ofrece mejores condiciones económicas y sociales que volver a estructurar un procedimiento competitivo. El antecedente del proceso desierto para concesionar las siete regiones explica en parte este camino, pero la pregunta central no es si Cálidda puede ejecutar el proyecto técnicamente.

MINEM, MEF, ProInversión y Osinergmin también están bajo examen

La decisión no compromete únicamente a Cálidda. También coloca bajo escrutinio al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Economía y Finanzas, a ProInversión y a Osinergmin.

El Estado tiene obligaciones múltiples: conseguir que alguien construya las redes es solo una parte. Debe negociar adecuadamente el valor de los derechos públicos entregados, impedir que los riesgos privados terminen siendo trasladados a la sociedad y garantizar que las obligaciones contractuales puedan hacerse cumplir incluso frente a un operador económicamente poderoso.

Cuando existe un único operador, la fortaleza del regulador deja de ser una cuestión administrativa burocrática y se convierte en una garantía vital para los usuarios finales.

Contraloría tendrá una oportunidad decisiva

El MINEM ha anunciado que la propuesta será remitida a la Contraloría para su revisión. Ese análisis debería servir para responder una cuestión que hasta ahora permanece detrás de las cifras, los anuncios y las promesas: ¿El balance económico de la adenda beneficia realmente al interés público?

No basta con saber cuánto invertirá Cálidda en infraestructura. Hay que conocer exactamente cuánto recibirá el Estado a cambio de los derechos públicos. No basta con anunciar cuántos kilómetros de redes serán construidos; es imperativo establecer qué ocurrirá si no se ejecutan dentro de los plazos comprometidos.

No basta con afirmar que el proyecto será financiado con inversión privada. Hay que identificar quién terminará pagando cada componente del costo durante toda la vida útil de la concesión, ya sea el Estado o el ciudadano promedio.

Santa Rosa Radio TV recibió el Premio Nacional de Comunicaciones Cardenal Juan Landázuri Ricketts, distinción otorgada en la categoría Radio y Podcast.

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La institución fue reconocida por su producción radial “El Santo de América”, una propuesta que recrea y difunde la vida y obra de Santo Toribio de Mogrovejo. Esta figura es fundamental en la historia religiosa y cultural del Perú. El trabajo destaca por su aporte a la comunicación, la cultura y la evangelización.

El reconocimiento se entregó durante la Asamblea de los Obispos del Perú, realizada en la Casa de Retiro San José de Cluny. En dicha oportunidad, se resaltó el valor de esta producción al ámbito comunicacional con contenido evangelizador.

“El Santo de América” fue escrita por Richard Morris Riofrio y contó con la dirección del padre Alejandro Maquera Calderón. La edición y musicalización estuvieron a cargo de Akito Bello y Cristina Martínez Fernández, mientras que trabajadores y voluntarios de Santa Rosa Radio TV participaron con sus voces para dar vida a los personajes.

Para Santa Rosa Radio TV, este galardón representa un reconocimiento al trabajo colectivo de quienes hicieron posible la producción. Asimismo, refleja el compromiso de la institución con una comunicación que busca fortalecer la fe.

La institución expresó su especial agradecimiento a la Comisión Episcopal de Comunicaciones por esta distinción. Para ellos, constituye un estímulo para continuar desarrollando propuestas de comunicación comprometidas con la historia y los valores.

El premio también reconoce la dedicación, creatividad y esfuerzo de todos los integrantes de Santa Rosa Radio TV. Su trabajo permite que la misión comunicadora llegue cada día a miles de personas.

Con este reconocimiento, Santa Rosa Radio TV reafirma su compromiso de comunicar, evangelizar y generar contenidos que contribuyan al conocimiento de nuestra historia. Además, buscan facilitar el encuentro con nuestra identidad y tradición.

“El Santo de América” se suma así a las producciones que, desde la radio, buscan recuperar personajes fundamentales de la historia peruana. Su objetivo es convertirlos en relatos capaces de acercar la cultura y la fe a nuevas audiencias.

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