por Luis Rodriguez J.

Héctor Vargas, presidente de la CTU, consideró que colocar cámaras en buses de transporte público "ya no ayudaría"

En diálogo con RPP, Héctor Vargas, directorio de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU), advirtió sobre la ineficacia actual de las cámaras de seguridad para disuadir ataques de extorsionadores. Según el dirigente, "las cámaras incluso ya fue una historia que debió haberse implementado hace un tiempo", pero hoy su utilidad ha caído porque "los delincuentes han mutado". Por ello, sugirió que se cambie la mecánica y deje de comprar equipos que no son disuasivos frente a la nueva realidad criminal. La propuesta concreta es implementar sistemas de pago sin contacto en las unidades. Vargas estimó que esto permitiría equipar con el mecanismo a 20 000 o 22 000 unidades del servicio. El objetivo central es eliminar el efectivo de los conductores durante su ruta, ya que este dinero es lo que utilizan los criminales para extorsionarlos. De esta forma, al no tener "el efectivo de la mano", se reduce el incentivo para los ataques. Además, pidió formalmente instalar la unidad de élite de la policía para combatir dicha modalidad criminal con mayor contundencia. El problema central identificado por Vargas es que la prevención tradicional ha dejado de funcionar ante la evolución del delito. Aunque en un momento dado las cámaras parecían una solución necesaria, ahora se consideran obsoletas frente a tácticas más sofisticadas de los extorsionadores. La estrategia de sacar el efectivo físico y hacerlo digital busca atacar directamente la causa raíz del problema: la presencia monetaria inmediata dentro del vehículo. Así, la CTU busca transformar la seguridad vial no con vigilancia pasiva, sino cambiando la lógica económica del transporte público. Con este enfoque, se espera proteger a los choferes de manera más efectiva que simplemente vigilando el interior del bus. Luis Rodriguez J.

Asimismo, consideró que el Plan Escudo que viene ejecutando el Ministerio del Interior para proteger a los transportistas es "más de lo mismo" ya que, según dijo, se viene implementando desde 2025. "Eso lo hemos señalado, es más de lo mismo y porque es una medida aislada. Decíamos que el Plan Escudo, de repente el nombre ha cambiado, pero eso se está implementando desde el año pasado. La Policía está en nuestros terminales, nos acompañan en el camino. Hoy día, el Ejército ha ingresado y está haciendo la misma labor. Entonces, el resultado que estamos teniendo es el mismo, no ha cambiado mayormente", aseguró.

Cabe destacar que Vargas se reunió ayer, lunes, con el ministro de Transportes, Rafael Rey, para abordar la problemática de inseguridad en su sector. Al respecto, el dirigente señaló que ha pedido, entre otros puntos, que se implemente la "unidad de elite", creada en noviembre de 2025, a través de la Ley 32490.

"[Planteamos] la creación de la unidad de élite y que esto ya esté en el documento, a pesar de que es ley, pero que no se ha cumplido. Para nosotros es un tema central y puntual. Poco se está hablando de la creación de la unidad de élite, que fue creada el año pasado por ley, pero que para nosotros es un tema muy importante, porque están hablando de medidas aisladas, el Plan Escudo, el plan tal", indicó.

Nosotros "representamos a más del 30% del transporte urbano de Lima y Callao". Esta cifra refleja la magnitud del sector afectado por la inseguridad. Vargas enfatizó que las acciones actuales son insuficientes frente al crecimiento del delito en rutas y terminales. La falta de cumplimiento de la Ley 32490, que habilitó el despliegue de una fuerza especializada hace un año, se ha convertido en un punto crítico de negociación con el gobierno central. El líder gremial argumenta que la presencia policial y militar, aunque visible, no ha alterado significativamente los índices de extorsión ni de violencia contra los conductores y pasajeros. La reunión mantenida con el ministro Rey busca precisamente revertir esta realidad, exigiendo una respuesta estatal contundente que vaya más allá del mantenimiento del estatus quo. Sin la implementación efectiva de la unidad de élite, el transporte público seguirá operando en un entorno hostil para sus trabajadores, quienes sostienen gran parte de la movilidad diaria en la capital y su conurbación inmediata.

Héctor Vargas respondió a lo afirmado por Julio Raurau, presidente de la CONET, quien lo calificó como un "tramitador" de empresas que no tenía representatividad. Respondió así a las declaraciones que lo cuestionaron.

"Sí, escuché las declaraciones. Primero, quiero mencionar que yo al señor Raurau no lo conozco. Lo conozco de vista, no lo conozco de manera personal, nunca he intercambiado palabra con él", sostuvo.

"Y algo que sí me gustaría -y que lo voy a dar por zanjado en esta oportunidad- es que cuando él dice que nosotros no representamos a nadie y que somos tramitadores de empresa, lo que tengo que mencionar, por respeto a mis agremiados de la coordinadora y a la opinión pública, es que yo soy un empresario con más de 30 años en el sector de transporte urbano y pasajeros", indicó.

En ese sentido, aseguró que su gremio está constituido formalmente en registros públicos y que representa al 30% del transporte urbano de Lima y Callao. "Nosotros como gremio, como coordinadora, representamos a más del 30% del transporte urbano de Lima y Callao, formales, todos inscritos en Lima y Callao. Y ayer hemos hecho una presentación puntual de quiénes somos, qué hemos trabajado durante estos años, qué labores hemos hecho y no hay un interés particular", sostuvo.

Finalmente, Vargas consideró que el sector de transporte urbano "está bastante atomizado" por lo que sería "un tema de egos". "Es un tema, me parece, de egos, porque más que tener desencuentros en una posición respecto a la problemática, es una posición personal respecto a que si yo pueda obtener algún beneficio o alguien se ha desarrollado más que otros y eso genera algún tipo de envidia", puntualizó.

El político también reiteró su postura sobre la implementación del sistema de "pago sin contacto" para evitar extorsiones. Según explicó, esta medida es fundamental porque actualmente los usuarios deben entregar el dinero directamente al conductor, lo que facilita que personas externas les toquen el bolsillo o las billeteras en busca de propinas y sobornos.

"La idea es que con la tarjeta o el celular se pueda pagar desde un punto seguro, como una máquina o un dispositivo instalado en el vehículo", detalló. De este modo, el conductor no tendría contacto directo con el dinero del pasajero, eliminando así las oportunidades para que los extorsionadores accedan a estos fondos.

Vargas insistió en que la formalización del transporte es clave para mejorar la seguridad de todos los ciudadanos en el país. "Necesitamos un sistema donde el pago sea transparente y seguro para evitar estos problemas recurrentes", enfatizó.

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