Ricardo García Pinedo, director de Políticas Indígenas del Ministerio de Cultura, lamentó el asesinato del líder ashéninka Américo Pascual en Ucayali. Afirmó que el Estado no recibió ninguna alerta previa sobre una amenaza contra el dirigente, lo cual impidió activar a tiempo los protocolos de seguridad. Precisó que la zona donde ocurrió el crimen es de difícil acceso y que los agentes de protección pueden demorar entre dos y cuatro días en llegar.
García explicó que existe desde 2021 un mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, liderado por el Ministerio de Justicia. Este sistema cuenta con la participación de nueve entidades, incluyendo al Ministerio de Cultura, y busca coordinar acciones de prevención y respuesta ante situaciones de riesgo que involucren a líderes y lideresas indígenas.
No obstante, reconoció que la atención enfrenta dificultades debido a las grandes distancias y al difícil acceso a algunas comunidades de la Amazonía. Estas barreras logísticas complican la llegada oportuna de los equipos de seguridad en zonas remotas como la del caso Pascual.
A pesar de contar con este marco institucional, el funcionario señaló que la falta de información anticipada sobre la amenaza contra Américo Pascual fue un factor determinante. El mecanismo permite actuar frente a riesgos identificados, pero su efectividad se ve limitada cuando no hay señales tempranas de peligro en territorios tan aislados.
"En esta oportunidad no se recibió ninguna alerta previa", reiteró García durante una entrevista con Canal N. Esta declaración subraya la necesidad de mejorar los sistemas de inteligencia y comunicación para proteger a los líderes indígenas que operan en contextos de extrema vulnerabilidad geográfica.
"En este caso, creo que es importante mencionar que los casos que se han dado son en zonas de difícil acceso. El caso de América Pascuala es un lugar muy inaccesible. De hecho, para poder nuestros agentes de protección que están dentro de la Reserva Indígena Murunawa, demoran entre dos a cuatro días para poder llegar a la zona. Creo que eso es importante mencionar", manifestó.
"Lamentablemente, en algunos, en el caso de América Pascuala, no se recibió ninguna alerta. No ha habido una alerta, en el cual, por ejemplo, en este caso no se ha podido activar el mecanismo a tiempo, recordando un poco de las situaciones que se han dado", declaró.
Estado prepara ingreso a la zona donde ocurrió el crimen
García informó que, tras conocerse el asesinato, el Ministerio de Cultura viene acompañando a los familiares y coordinando el ingreso de una comisión estatal a la zona para realizar el levantamiento del cuerpo.
La comisión está integrada por representantes de la Policía Nacional, Ministerio Público, peritos y agentes de protección. El ingreso depende de las condiciones climáticas en Pucallpa, debido a las intensas lluvias registradas en la zona.
El funcionario señaló que también se busca garantizar el respeto de la pertenencia cultural del líder indígena durante las diligencias y el posterior traslado de sus restos.
Ocho mesas regionales para responder ante situaciones de riesgo
El director de Políticas Indígenas destacó que el mecanismo de protección ha impulsado la creación de ocho mesas regionales para mejorar la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos regionales y las autoridades locales.
García añadió que el Ministerio de Cultura también trabaja en problemas estructurales de los pueblos indígenas, como la titulación de comunidades, el acceso a recursos naturales y el manejo de bosques, en coordinación con otros sectores y gobiernos regionales. Explicó que estas instancias buscan fortalecer la capacidad de respuesta frente a amenazas contra dirigentes indígenas.
García sostuvo que, cuando existe una alerta, esta puede ser recibida por diferentes sectores del Estado, como los ministerios de Justicia, Cultura, Ambiente o Interior. A partir de ello se coordina con la Policía y la Fiscalía de Prevención del Delito para adoptar medidas de protección y poner a salvo a los dirigentes en riesgo.
Buscan combatir tala, minería ilegal y tráfico de tierras
El funcionario también señaló que la protección de los líderes indígenas debe complementarse con acciones contra las actividades ilegales que generan amenazas en sus territorios. En ese sentido, indicó que el Estado viene recopilando información sobre zonas donde se registran situaciones de riesgo vinculadas a la tala ilegal, minería ilegal y tráfico de tierras, con el objetivo de superponer esa información y fortalecer la presencia estatal.
Finalmente, reiteró que las organizaciones indígenas cumplen un papel fundamental como sistema de alerta temprana, debido a su contacto directo con las comunidades. Como ejemplo, mencionó que el acceso a determinadas comunidades puede ser mucho más rápido desde una región distinta a aquella donde administrativamente se encuentran ubicadas.
En el caso de Américo Pascual, aseguró que el Estado tomó conocimiento del asesinato a través de la organización indígena y no mediante una alerta previa de riesgo.
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