Luego de un operativo policial realizado el año pasado, la Dirección Regional de Energía y Minas de Huánuco recibió nuevos reportes. El ingeniero Royer Castro Rementeria alertó que, tras esa intervención, la Policía ha comunicado nuevamente la presencia de actividades de minería ilegal en los alrededores del Área de Conservación Privada (ACP) Panguana, en la provincia de Puerto Inca. La situación también alcanza al poblado de Pampa Hermosa, ubicado cerca del ACP. Según información policial, en este sector estarían comenzando actividades vinculadas a la minería ilegal, principalmente con el uso de maquinaria pesada y excavadoras.

El funcionario recordó que las amenazas no constituyen un hecho aislado. En mayo, una quema registrada en la zona generó preocupación y el caso llegó a una mesa técnica en la que participan el Gobierno Regional, la Policía y el Ministerio Público. “Hay amenazas de estas personas para que la gente les deje trabajar. Eso ya se ha llevado para mesa, ya tiene conocimiento la Policía y la Fiscalía”, afirmó Castro Rementeria. Representantes del área expusieron recientemente ante el Gobierno Regional nuevas denuncias sobre amenazas contra pobladores.

Estas personas, según los reportes recogidos en la reunión, exigirían a los habitantes que les permitan continuar con sus actividades sin interferencias. La presencia de estas actividades genera temor entre las familias que viven en la zona. En el caso del ACP Panguana, algunos pobladores que residían allí habrían migrado hacia otros lugares ante las amenazas de quienes pretenden realizar actividades mineras.

Luego de reiteradas amenazas contra su vida, el personal del Área de Conservación Privada (ACP) Panguana se vio obligado a abandonar el lugar. “Hay un riesgo real para la integridad física de los defensores”, señaló el director regional en la reunión con autoridades locales.

La alerta sobre el presunto retorno de estas actividades busca prevenir nuevos conflictos sociales y ambientales en una región ya sensible por las disputas territoriales. La coordinación entre instituciones es crucial para garantizar que no se repitan hechos similares a los ocurridos en mayo, donde el fuego afectó la vegetación nativa.

Mientras tanto, las autoridades locales continúan evaluando las estrategias de contención y protección para evitar que esta problemática escalé. La comunidad espera respuestas concretas ante el avance de maquinaria pesada en zonas protegidas y las presiones sobre los habitantes locales.

Durante la reunión mantenida en el Gobierno Regional de Huánuco, se acordó que la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) recopilará información sobre una eventual presencia de actividad minera en la zona. Con estos datos, la Policía y la Fiscalía podrán evaluar nuevas intervenciones contra quienes desarrollen actividades ilegales. “Hace poco, recién la semana pasada, el día jueves y viernes hemos hecho un operativo con la Policía de Medio Ambiente”, indicó Castro Rementeria. Añadió que el operativo contó con vehículos de la Policía, la Fiscalía y el Gobierno Regional, por lo que consideró que la coordinación y la disposición de las instituciones resultan fundamentales para enfrentar el avance de la minería ilegal. El funcionario también reconoció que la Policía de Medio Ambiente enfrenta limitaciones logísticas para realizar este tipo de operativos. Sin embargo, consideró que la falta de recursos no debería impedir las intervenciones cuando existe coordinación entre las instituciones. Castro Rementeria indicó que el Ministerio Público ya tomó conocimiento de la situación y evalúa acciones relacionadas con los derechos de los pobladores y la propiedad de los terrenos. Asimismo, representantes de la Policía señalaron que realizarán acciones de resguardo en el sector ante el riesgo que enfrentan las familias. Finalmente, el director regional sostuvo que la Policía y el Ministerio Público tienen la competencia para ejecutar las acciones de interdicción correspondientes. Mientras tanto, el Gobierno Regional continuará coordinando con las autoridades para verificar las denuncias y contribuir a proteger a las familias que viven en las zonas amenazadas.

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