El Tribunal Constitucional analizará hoy la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia 010-2025, presentado por la Defensoría del Pueblo para la reorganización patrimonial de Petroperú. En respuesta a esta invitación, el Instituto Peruano de Economía (IPE) advirtió que la petrolera atraviesa una crisis estructural derivada de años de deterioro operativo, rigidez de costos y pérdida de participación en el mercado. La situación financiera es crítica: la deuda alcanzó los $6,351 millones en el primer trimestre de 2026, cifra diez veces superior a la registrada en 2013, cuando se autorizó el endeudamiento para iniciar la construcción de la Refinería. El IPE precisa que este escenario ha llevado a la empresa a una creciente dependencia del respaldo financiero estatal, sin que ello solucione los problemas de fondo. Desde hace más de una década, el Estado ha comprometido más de S/32 mil millones para sostener a Petroperú, trasladando al fisco los costos de una compañía que no logra recuperar su viabilidad financiera por sus propios medios. “Mantener esta dinámica no solo incrementa el costo fiscal, sino que posterga decisiones estructurales cada vez más urgentes”, señalaron desde la consultora económica. A pesar del contexto adverso, el IPE considera que el decreto de urgencia constituye un punto de partida necesario para iniciar una solución de fondo. “La reorganización patrimonial en bloques, la evaluación de mecanismos de participación privada y la reestructuración interna ofrecen una ruta operativa para ordenar la empresa, transparentar sus unidades de negocio y reducir ineficiencias”, comenta el instituto. Dejar sin efecto este decreto implicaría un retroceso significativo y elevaría el riesgo de nuevos rescates financieros sin una transformación estructural real. La crisis actual no es solo un problema coyuntural, sino el resultado acumulado de decisiones que han erosionado la capacidad productiva del ente. La deuda acumulada refleja un endeudamiento descontrolado durante años, mientras que la rigidez en los costos ha impedido a Petroperú competir eficazmente en el mercado interno y externo. Sin cambios profundos en su modelo de gestión y gobernanza, cualquier intento de reestructuración podría quedarse en lo superficial. El debate constitucional sobre el decreto es fundamental para determinar si se mantendrá la ruta de transformación o si la empresa volverá a depender exclusivamente del rescate estatal. Las autoridades deben entender que postergar estas decisiones solo aumentará los costos futuros para la nación y retrasará aún más la viabilidad financiera de Petroperú. La reestructuración interna es ineludible para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sector petrolero en el país. Deuda de Petroperú alcanza cifras récord

Leer artículo completo en diariocorreo.pe →