La medida oficializó una resolución ministerial publicada el domingo 23 de agosto en El Peruano, firmada por Ernesto Álvarez Miranda. Con un plazo inicial de 30 días hábiles, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha constituido un grupo de trabajo temporal para evaluar las leyes sobre criminalidad. La disposición busca proponer reformas que fortalezcan los mecanismos de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos.

Esta revisión integral responde a los cambios legislativos recientes que han impactado el sistema de justicia. Como señala la autoridad: “En los últimos años se han aprobado diversas modificaciones al marco normativo en materia penal, procesal penal y de lucha contra la criminalidad organizada, comprendiendo, entre otras, disposiciones sobre prescripción, crimen organizado, colaboración eficaz, extinción de dominio y otras instituciones vinculadas a la persecución penal”. El objetivo es formular propuestas concretas para corregir los vacíos normativos existentes en la lucha contra el crimen.

En cuanto a su conformación, la norma precisa que la mesa está integrada por cuatro autoridades encargadas de la revisión legal. La resolución establece que “el Grupo de Trabajo Sectorial está conformado por los/las siguientes integrantes: a. El Viceministro de Justicia, quien lo preside. b. El Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. c. El Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE. d. El Director General de Asuntos Criminológicos”.

Sin embargo, la norma establece plazos estrictos para su funcionamiento. La instalación del grupo debe concretarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación oficial de la resolución ministerial. Su vigencia base se fija en 30 días hábiles contados desde dicha instalación, aunque el documento aclara que este plazo puede variar "por periodos similares o inferiores, mediante Resolución Ministerial".

En cuanto al plan operativo y la entrega de resultados, la directiva tiene entre sus responsabilidades el análisis integral de los cambios legales en materia penal. Esto incluye la recolección de aportes de la academia y la sociedad civil, así como la elaboración de proyectos de ley y el envío de informes mensuales de avance al titular del sector.

Asimismo, los integrantes ejercerán sus cargos ad honorem y el grupo podrá convocar a especialistas o instituciones públicas y privadas como invitados.

Al término de su vigencia, la Secretaría Técnica —asumida por la Dirección General de Asuntos Criminológicos— remitirá un informe final al Despacho Ministerial. Este entregable contendrá la revisión integral junto con los borradores de proyectos normativos y sus respectivas exposiciones de motivos.

Finalmente, el texto detalla las Funciones del nuevo Grupo de Trabajo Sectorial, estableciendo que estos pasos son fundamentales para cumplir el mandato de revisar leyes procrimen dentro de los límites temporales definidos por la autoridad competente.

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