por Luis Rodriguez J.

El Poder Judicial dictó sentencia contra Genix Saboya Saboya, Limber Ríos Ruiz, Segundo Juan Villalobos Guevara y Jerly Saboya Saboya por el sicariato cometido contra Quinto Inuma. Esta víctima fue el apu de la Comunidad Nativa Kichwa en la región San Martín, cuyo asesinato ocurrió el 29 de noviembre de 2023 mientras transitaba en una embarcación por el río Yanayacu. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional determinó que el crimen fue ejecutado como represalia directa por su labor de defensa de los derechos humanos y ambientales, específicamente contra la deforestación de bosques y el tráfico de drogas. Como consecuencia de estos hechos, se impusieron condenas de hasta 35 años de cárcel a los responsables. Los dos primeros acusados recibirán 35 años de prisión, mientras que al tercero se le aplicó una pena de 28 años y cuatro meses, y a la cuarta persona, en calidad de cómplice primario, se fijó una condena por 15 años. Durante el juicio oral, el Ministerio Público aportó gran cantidad de prueba personal, documental y pericial para demostrar la culpabilidad de los imputados. La fiscal provincial Juan Alberto Orihuela Legonía y la fiscal adjunta provincial Paloma María Andaluz Queirolo presentaron estos elementos clave. Los hechos ocurrieron cuando Quinto Inuma se desplazaba junto a su familia y otros miembros de su comunidad a bordo de un peque-peque. El vehículo se detuvo al encontrar un árbol obstaculizando el paso, situación que los criminales aprovecharon para atacar. Además del apu, resultaron heridos otros ocupantes de la embarcación. Entre las víctimas menores está Axeldina Barbaran Tapullima, quien recibió impactos de multiproyectiles de arma de fuego durante el acribillamiento. Luis Rodriguez J.

La justicia impuso condenas de hasta 35 años a cuatro responsables del asesinato de Quinto Inuma Alvarado, un apu y defensor ambiental. La judicatura estableció que los sentenciados planearon su muerte porque se encontraban en contra de su labor defensora de derechos humanos y ambientales en su comunidad. El Apu había formulado diversas denuncias contra los acusados para impedir la deforestación de bosques y otros delitos, como el tráfico ilícito de drogas.

Reconocido oficialmente por la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Inuma recibió medidas de protección tras detectar ataques que pusieron en riesgo su vida y la de integrantes de la Comunidad Nativa Kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu. La entidad activó el Procedimiento de Alerta Temprana para salvaguardarlo ante dichos riesgos.

No obstante, pese a las medidas preventivas adoptadas por el Estado peruano, Quinto Inuma Alvarado perdió la vida en un ataque planificado por los sentenciados. Esta tragedia demuestra que el sistema de protección no logró evitar su eliminación física.

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