El partido Alianza para el Progreso (APP), entidad política propiedad del exalcalde César Acuña, ha lanzado su lista oficial de candidatos a gobernadores y alcaldes para las elecciones que se celebrarán este próximo 4 de octubre. Sin embargo, la publicación del domingo Cuarto Poder pone en evidencia una realidad alarmante: la degradación lumpenesca que atraviesa nuestra democracia, con un enfoque particularmente crítico hacia el grupo de Acuña. Los datos revelan que de los 211 postulantes a cargos provinciales y distritales, muchos exhiben antecedentes criminales gravísimos. No se trata de delitos comunes; la nómina incluye casos de violencia familiar, omisión a la asistencia familiar, corrupción, robo agravado, tráfico de drogas, falsificación de billetes e incluso terrorismo. De hecho, ¿acaso estos no son los mismos cargos por los que han sido condenados o procesados internos en pabellones del penal de Lurigancho o Challapalca? El análisis periodístico destaca la trayectoria de un personaje que, tras ser repudiado en las urnas durante las elecciones generales de abril, ha dedicado sus últimos años a colocar sinvergüenzas y maleantes en cargos públicos. Acuña habría de explicar por qué persiste esta práctica a través de su agrupación política, la cual, según el autor, debería desaparecer para siempre por el bien del país. La situación es aún más preocupante al considerar que estos 211 personajes poseen sentencias firmes en sus hojas de vida, siendo la mayoría por casos de corrupción y violencia familiar, sumados a procesos por delitos tan graves como violación sexual y terrorismo. El objetivo final del exalcalde parece ser convertir a esta gente en autoridades capaces de manejar recursos públicos, en muchos casos millonarios. Ante tal escenario surge una pregunta retórica: si los considera buenos, ¿por qué mejor no les da trabajo en una de sus universidades o empresas en lugar de entregarles el poder?

La agrupación APP se erige como el principal semillero de funcionarios nefastos para la administración pública. Sus resultados son evidentes: en el Congreso anterior, llevó a un escaño a Freddy Díaz Mónago, quien hoy está encerrado en un penal por violación sexual. Antes, colocó a Edwin Donayre, condenado durante su mandato por robo de combustible en el Ejército. Y ni qué decir de los legisladores acusados de «mochasueldos» o los alcaldes del interior que han acabado tras las rejas o prófugos por corrupción; la lista es interminable.

No hay duda de que esta organización, que además ha manejado en los últimos años el Ministerio de Salud y EsSalud con resultados catastróficos para desgracia del país, debe ser combatida. El ciudadano debería hacerse respetar y no votar por Acuña, sus parientes y sus ayayeros. Tal como sucedió el 12 de abril último, cuando APP y su propietario fueron enviados a la jubilación y al olvido tras perder las elecciones.

Leer artículo completo en diariocorreo.pe →