Castro señaló a este diario que el objetivo es reducir el tiempo que tarda Perú en autorizar un proyecto de envergadura de cinco años a uno. Para ello, el Minam ya le hizo un pedido a la ANA. Hoy se encuentran modificando sus Términos de Referencia (TDR) para dar mayor predictibilidad a las empresas sobre el contenido que deben entregarle para recibir su visto bueno. Una vez la ANA concluya su TDR mejorado, el resto de entidades opinantes harán lo mismo, apuntó el ministro. Sin embargo, si bien la ANA es un opinante vinculante en materia ambiental, lo que significa que los proyectos no se aprueban sin su respaldo, no pertenece a Ambiente, sino al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). En este escenario, adscribir a la ANA al Minam podría darle una mayor fortaleza, detallan expertos a Gestión. Según el titular del Minam, la ANA se ha burocratizado en exceso porque pretende abarcar demasiado. «Su calidad de evaluación es altamente exigente y los EIA que llegan allí son muy débiles técnicamente. Son insuficientes para todo el análisis que hace la ANA. Evalúan hasta 300 aspectos en materia hídrica», asegura Castro. La idea con el TDR optimizado, agregó Castro, es que estén allí listados todos los criterios que evalúa la ANA para un EIA, lo que volvería su aprobación un «checklist» veloz. Al respecto, Sofía Calderón, abogada en recursos hídricos de la firma legal Hydricons, saluda la decisión ya que el TDR actual de la ANA no es sencillo de comprender y data del 2016. «Es bastante engorroso. Los aspectos no están estructurados numéricamente, sino en ítems con viñetas, dentro hay más y así van sumando. Es muy complejo», refiere. El cambio busca simplificar un proceso que, según el ministro, se ha vuelto ineficiente por la cantidad de criterios a revisar. Actualmente, los documentos técnicos que ingresan a la entidad enfrentan una revisión exhaustiva en múltiples frentes, generando demoras considerables. La propuesta es transformar esa evaluación compleja en una lista de verificación clara y directa. Para entender el impacto, vale recordar que la ANA opera bajo un marco normativo antiguo. El documento rector que define sus obligaciones fue elaborado en 2016 y presenta dificultades de interpretación para los ingenieros y consultores encargados de tramitar los permisos. La falta de una estructura lógica numérica obliga a los equipos técnicos a navegar por subítems dentro de ítems, lo que aumenta la probabilidad de errores o omisiones. La reestructuración no solo beneficia a las empresas constructoras, sino también al Estado, al agilizar el inicio de inversiones necesarias para el desarrollo nacional. La expectativa es que esta nueva metodología reduzca significativamente los plazos de tramitación sin sacrificar la rigurosidad ambiental exigida por ley.

Para Julian Li, socio del área de Recursos Hídricos del Estudio PPU, el actual desorden permite agrupar criterios. «Hoy son 300, pero varios pueden ser un solo paquete», recalca, señalando que la identificación de quebradas está muy vinculada a las medidas de manejo ambiental. No son dos aspectos diferentes para observar; es uno solo: identificar bien los cuerpos de agua para definir cómo proceder.

Ahora, si bien ambos expertos saludan la medida del Minam, creen que la ANA podría mejorar aún más si se reforma usando un extremo de su propia norma de creación. Según datos del Minam, la ANA es la entidad que más solicitudes de opinión sobre EIA ha recibido entre 2019 y 2022 en todo el Estado con 1,114 casos. Muy lejos está el segundo puesto: Serfor con 664.

Evaluar esta posibilidad podría ser necesario, a raíz de que es una entidad opinante vinculante en materia ambiental, a diferencia de otras entidades del sistema, incluso de jerarquía superior en el organigrama del Estado, como el Ministerio de Cultura, que vela por el patrimonio cultural.

Mayores pedidos. Según datos del Minam, la ANA es la entidad que más solicitudes de opinión sobre EIA ha recibido entre 2019 y 2022 en todo el Estado con 1,114. Muy lejos está el segundo puesto: Serfor con 664.

Por ejemplo, recuerdan que la Ley de Recursos Hídricos, aprobada en 2009 y que rige las actividades de la ANA, dice textualmente en su sexta disposición complementaria final que esta entidad puede pasar al Minam cuando el ministerio esté totalmente operativo. El ministerio, vale recordar, se creó un año antes de la norma, en 2008.

“Es importante sincerar finalmente a qué ministerio pertenecerá. El agua, al ser un recurso natural, le corresponde al Minam, pero no porque no esté ahí su TDR debe continuar siendo complejo. La ANA sigue siendo el rector en recursos hídricos, pero lo que apruebe debe ser visto por el Minam. Al ser de otro pliego, la coordinación puede tardar”, sostiene Calderón.

Gestión intentó contactar a ANA sobre estas posibles reformas, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta, aunque se comprometieron. Mientras tanto, fuentes del Minam aclara que adscribir la entidad no es una iniciativa propia; esa decisión corresponde estrictamente al Ejecutivo en conjunto.

La abogada también considera que con una dirección directa del Minam en ANA no solo sus criterios para evaluar EIA se acortarían, sino su capacidad de evaluación. Li, coincide, pero considera que a nivel funcional se necesitaría que la ANA se desvincule de su rol agrario.

"Aún maneja las juntas de usuarios del agua, que en realidad, son los agrarios regantes. Si bien la posibilidad legal siempre está, aparte de la voluntad política, implicaría una reorganización de la ANA, por lo menos dejándole al Midagri todo lo relacionado a las juntas de usuarios", plantea el socio de PPU.

Si la ANA estuviese adscrita al Minam podrían resolverse otros problemas hoy presentes en su revisión de EIA. Está el caso de las unidades que atienden finalmente estas solicitudes, donde uno de ellos es la centralización.

"Tiene órganos descentralizados, pero es su dirección de calidad, que está en Lima, el área orgánica que emite las opiniones vinculantes sobre todos los EIA a nivel nacional. Todo reposa allí", asegura Calderón.

La abogada de Hydricons explica que las áreas descentralizadas se encargan de emitir permisos, pero son una primera instancia administrativa, por lo que dejan los EIA para ser vistos en Lima. Con el Minam a la cabeza también podría mejorarse no solo la claridad del TDR de la ANA, sino los criterios que siguen los funcionarios de esta entidad para aplicarlo a la revisión de los EIA, manifiesta Li.

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«Hace falta una guía de evaluación para saber finalmente cuál es el criterio que vale seguir», indica el socio de PPU. Según él, «El ministro busca darle predictibilidad, pero se necesita que los temas listados en el TDR sean evaluados con un solo criterio». Ese es el problema de su demora, aparte de la gran cantidad de temas que quieren abarcar. Li resalta que la falta de homogeneidad en la ANA ocurre justamente por su escasa fortaleza institucional. «Hoy contratan muchos locadores para evaluar EIA, que son terceros externos», agrega. «Eso acrecienta el riesgo de tener criterios distintos». La especialista menciona esto mientras analiza 300 criterios para aprobar obras y pregunta si se acortarían si pasara al Minam. La demora en las evaluaciones ambientales se debe a esta heterogeneidad, donde intervienen actores externos sin un estándar claro. El objetivo del ministro parece ser agilizar el proceso mediante predictibilidad, pero la realidad operativa muestra lo contrario. Al depender de terceros para tareas técnicas como la evaluación de Estudios de Impacto Ambiental, se fragmenta el criterio de aprobación. Esto genera incertidumbre en los promotores y alarga los plazos de ejecución de proyectos clave. La solución no radica solo en reducir la cantidad de requisitos, sino en estandarizar cómo se aplican. Sin una directriz unificada, cualquier intento de simplificación corre el riesgo de ser ineficaz o incluso contraproducente para el desarrollo del país. Alessandro Azurín x-twitter linkedin

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