No es solo contrabando
En Perú, importar ropa usada para fines comerciales está prohibida por la Ley 28514, salvo las donaciones legítimas. Sin embargo, para ingresar estas prendas se utiliza una "fachada" de ayuda humanitaria o bien se declaran los fardos como "trapos de descarte" para sortear los controles aduaneros. Aunque este ingreso ilegal podría parecer un simple caso de contrabando, Nicolás Zeballos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, advierte que la realidad es mucho más compleja. Las rutas empleadas para mover estas prendas coinciden con las utilizadas por otras economías ilícitas. "Todos los recorridos que hemos identificado en las zonas de frontera en la que entran esos productos está asociado también a otros mercados ilegales como el ingreso de mercurio, salida de oro, salida de cocaína, ingreso de armas, tráfico de personas, los mismos circuitos están vinculados a esto", explicó Zeballos. "Hay una superposición de factores que hacen entender que ya no es solo un tema de ropa barata, sino que es ropa que ha sido traficada junto con otros productos ilegales", añadió al comentar a Gestión. En este sentido, no necesariamente existe una organización dedicada exclusivamente al tráfico de ropa usada; serían los mismos operadores y circuitos logísticos los que participan en varias actividades ilícitas simultáneamente. La investigación indica que la cadena está compuesta por 11 eslabones, 32 actividades y 88 tareas que conectan la ropa descartada en países desarrollados con su distribución en el mercado peruano. Para José Luis Gil, exdirector general de Inteligencia del Ministerio del Interior, el problema radica en que el contrabando todavía no recibe el mismo tratamiento que otras amenazas vinculadas a la seguridad nacional. Al no estar considerado dentro de las prioridades formales del Estado, tampoco cuenta con los mismos recursos destinados a inteligencia. "Lo primero [que se debe hacer] es que el Estado reconozca que tenemos una nueva amenaza y que le asigne el presupuesto", indicó Gil. "Eso puede darse rápido en dos o tres meses. Se presenta la petición, el Servicio de Inteligencia Nacional hace la evaluación, se emite un decreto y se le pide al Ministerio de Economía tener los recursos", detalló. La estrategia, añadió, no debería concentrarse en decomisar la mercadería ni perseguir al vendedor de segunda mano que es el último eslabón, sino en mirar toda la cadena para identificar a los que organizan las operaciones.Falsa economía circular
Zeballos advierte que el circuito actual no garantiza una verdadera economía circular, sino que la investigación revela un negocio ilícito. El estudio identifica 16 puntos críticos en el Perú, desde el cruce fronterizo hasta el comercio local, donde se genera basura durante el acopio y distribución de la ropa usada.
Los números son alarmantes: según indica la investigación, el 40% de las prendas que llegan a puertos del sur global termina en tiraderos una semana después, mientras que de un fardo de 200 prendas, el 95% puede terminar descartado. Por ejemplo, señaló Zeballos, por una casaca que llega a alguna feria se han descartado otras 50 que estaban en malas condiciones, manchadas o rotas. Esta ineficiencia ocurre porque la ropa pasa por múltiples procesos de selección antes de ser vendida.
"Hay redes, sistemas criminales que han aprovechado la narrativa de la economía circular para aparentar que son parte de esos circuitos y mandar ropa que no es reciclable, que no es reutilizable, que es básicamente deshecho", precisó a este diario. La imagen ilustra cómo el contenido de los fardos termina convirtiéndose nuevamente en basura.
¿Por qué prohibir y no regular?
En medio del movimiento por la economía circular, existen otros países que permiten importar ropa usada bajo determinadas condiciones, principalmente en naciones de Centroamérica como México y Nicaragua. ¿Por qué Perú opta por una prohibición total en lugar de una regulación?
Para Zeballos, abrir esa puerta no resolvería el problema pues la ropa que llega al país no necesariamente es reutilizable y existe además un riesgo sanitario asociado a prendas cuyo origen, tratamiento y condiciones de almacenamiento no están suficientemente controlados.
Carlos Casas, economista de la Universidad del Pacífico (UP), consideró que, aunque regular la importación en lugar de prohibirla es una posibilidad en otros países, en el contexto peruano podría hacer que una vía formal termine facilitando mayor ingreso irregular.
"Siempre se podría [permitir], pero creo que, por como es el país, se abriría otra puerta más: se traería una parte por la vía regular y mucho más por la vía irregular. Si ya con la prohibición tenemos esto, no creo que quitando la prohibición vayamos a tener un cambio significativo si es que no hay control", explicó a Gestión.
Por ahora, la SNI indica que ya se ha enviado oficialmente una nota diplomática al gobierno de Chile para iniciar una conversación con miras a eliminar la posibilidad de importar ropa usada y coordinar con la Aduana de Iquique para seguir la ruta de las prendas que ingresan al territorio y terminan llegando al Perú.
Sin embargo, Casas añade que una prohibición total tampoco garantiza que el problema desaparezca. “Si se cerrara la entrada por Iquique creo que igual va a haber flujo porque van a encontrar alguna otra fuente. Debemos cortar ese financiamiento, debemos reforzar obviamente las fronteras y tener mayor control fronterizo, creo que eso ayudaría bastante a cortar el incentivo”, apuntó.
¿Hay impacto en la industria textil?
La SNI sostiene que la ropa usada de contrabando compite directamente con la producción de texiles y confecciones nacional, especialmente con las pequeñas empresas, debido a sus menores precios.
“Las pequeñas empresas no pueden competir con este contrabando. Muchas deciden dejar de producir y mejor comprar ropa usada para revenderla porque es más rentable. Eso destruye la formalización y la fuerza laboral”, afirmó Raúl Saba, presidente del Comité Textil de la SNI.
A su vez, Zeballos del Instituto de Criminología indicó que mientras las prendas usadas se venden a, por ejemplo, S/ 5, a los productores nacionales puede costarles S/ 25 o S/ 30 la fabricación de un producto similar. Por ahora, al ser una actividad ilícita, no existe una estimación de cuánto estaría restando para los confeccionistas peruanos, pero advierten que la evidencia internacional en países como Ruanda muestra que la ropa usada puede llegar a afectar hasta al 50% de las empresas textiles locales, perjudicando especialmente a los emprendimientos liderados por mujeres.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
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