El factoring se ha consolidado como una alternativa de financiamiento clave para las empresas peruanas en la última década. Desde el 2015, el monto negociado en este mercado se ha multiplicado casi 187 veces, impulsando un crecimiento sostenido que actualmente mueve alrededor de S/ 27,000 millones en lo que va del 2026.
Pese a esta expansión privada, la participación del Estado sigue siendo mínima. Según Oscar Orcón, director general de Mercados Financieros del MEF, la presencia pública en este rubro apenas llega al 4%. "El factoring con entidades del Estado es muy reducido comparativamente con lo que tenemos en el privado", declaró durante el Foro de Herramientas Financieras de la Asociación de Exportadores (Adex). Ante esta brecha, Orcón explicó que "lo que estamos valorando es qué condiciones dar para que mejore eso. Estamos viendo las métricas, revisando la información de las cuentas públicas, y qué es lo que ha venido funcionando".

Para cerrar esta brecha y ampliar la participación estatal, el Ministerio de Economía y Finanzas está alistan mecanismos concretos. Entre las medidas en marcha se destaca la recuperación de un esquema de garantías para estas operaciones. Orcón señaló que "se está trabajando con Cofide en una nueva versión de un mecanismo similar al utilizado durante la pandemia bajo el Decreto de Urgencia 040". Este esfuerzo busca replicar los éxitos pasados y integrar más a las empresas públicas en un mercado que, como demuestra Cavali, ha registrado resultados al segundo trimestre del año 12% mayores que hace un periodo.
"Queremos que contribuya", indicó el funcionario, quien explicó que se está trabajando con Cofide para hacer una nueva revisión a lo que ha salido. La medida busca retomar un mecanismo útil: "Fue una herramienta que ayudó en un momento muy álgido donde muchas actividades estaban cerradas y se garantizaron casi S/ 1,000 millones y una morosidad muy baja". Por otro lado, el representante del MEF también indicó que se evalúa ampliar el factoring hacia las facturas internacionales. Según señaló, no existe una diferencia sustancial entre una factura nacional y una internacional. Sin embargo, el principal reto para implementar esta modalidad radica en el acceso a la información necesaria para evaluar el riesgo de las empresas compradoras en el extranjero. En ese sentido, se analiza cómo hacer que esa información pueda ser usada por los operadores de factoring para evaluar las facturas y determinar si pueden ser descontadas. A partir de ello, el director de Mercados Financieros del MEF indicó que se determinará "qué tipo de cambio normativo y a qué nivel se requiere" para facilitar este tipo de operaciones.
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