La elección de Yenifer Paredes, cuñada del ex presidente Pedro Castillo, como presidenta de la Comisión de Energía y Minas en la Cámara de Diputados es indignante. Su nombramiento no solo refleja una evidente incapacidad técnica, sino también una postura antiminera que paradójicamente favorece a la minería ilegal. Lo más grave es que esta representante de Juntos por el Perú (JP) fue elegida por unanimidad, incluyendo bancadas de derecha como Fuerza Popular y Renovación Popular.

Según los voceros de esas agrupaciones políticas, se debió a un acuerdo previo entre todos los partidos para entregarle la presidencia de dicha comisión. Más allá de Energía y Minas, también pactaron darle el mando en las comisiones de Constitución y Justicia. Sin embargo, ¿quién en su sano juicio permitiría que un partido favorable a la minería ilegal, que busca cambiar la Carta Magna y se opondrá a reformas judiciales del gobierno, controle esas tres áreas estratégicas?

Los votos de Fuerza Popular y Renovación no alcanzaron para evitar el desmadre ocurrido. En lugar de unirse a ellos para denunciar al principal responsable, Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, decidió apoyar la mayoría de JP. Según él mismo declaró en la segunda vuelta electoral, su agrupación lleva en sus filas a declarados senderistas.

Finalmente, como presidenta de la Comisión de Justicia eligieron por unanimidad a la congresista Catherin Palomino. Su único mérito público sería haber visitado en su celda 61 veces al ex presidente Castillo y haberse atribuido —aunque ella lo niega— ser su pareja sentimental. Esta designación completa el panorama de una conformación legislativa cuestionable.

Yenifer Paredes como presidenta de la Comisión de Energía y Minas

En la Comisión de Energía y Minas, la elección de Yenifer Paredes resulta abiertamente peligrosa. Allí se debatirá el destino del Reinfo, la formalización minera y la eventual ley MAPE; sin embargo, ella y sus asesores, como la izquierdista Anahí Durand, son declarados opositores y críticos de la gran minería formal. Mientras esto ocurre en el Congreso, la abogada Giannina Avendaño fue designada en la Comisión de Constitución, quien fuera secretaria nacional del Plan de Gobierno de JP. Una de sus principales propuestas era convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna, pero astutamente, tras la segunda vuelta electoral, cambiaron esa intención por la de reformas constitucionales parciales. Este escenario político revela un pacto siniestro entre la izquierda y la minería ilegal que avanza vertiginosamente. La Unidad de Investigación de El Comercio indica que solo entre 2025 y lo que va del 2026, suman 704 las nuevas dragas para extraer oro que han empezado a operar en trece ríos de Loreto. En el río Marañón ya deforestaron 868 hectáreas; más de la mitad fueron devastadas en el último año, lo equivalente a seis Campos de Marte del distrito de Jesús María por mes. Todo un crimen forestal. Mientras se debaten estas reformas y se designan comisiones, la realidad muestra que nos están poniendo la soga al cuello con una magnitud alarmante. La minería ilegal movió SU$ 10,000 millones el año pasado y ahora expande su zona de influencia a otros lugares del país sin control. El diseño institucional parece estar fallando frente a esta amenaza tangible. Nos vemos el otro martes para analizar cómo la estrategia de reformas parciales podría estar facilitando este daño ambiental y social. La responsabilidad de los autores de estos artículos es exclusiva, pero la urgencia del tema no lo permite. Es fundamental comprender que detrás de las discusiones constitucionales hay una realidad minera en descontrol que afecta directamente el futuro del territorio nacional.

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