por Aaron Ramos Medina

Petroperú confirmó que el proceso internacional para contratar el “Servicio de Análisis Forense Interno a la Nueva Refinería Talara” sigue activo y negó haber ordenado su cancelación o paralización. Esta aclaración llega tras declaraciones del presidente del directorio, Edmundo Lizarzaburu, quien en el Congreso afirmó que “andar sonando con auditorías forenses” complicaría a la empresa.

Luego de la controversia generada por dichas afirmaciones, la estatal informó que continuará desarrollando el Proceso por Competencia Internacional N.° PCI-001-2025-OFP-PETROPERÚ-2 conforme al marco legal establecido. El objetivo es adjudicar el servicio especializado para fortalecer la gestión y la transparencia institucional.

La compañía precisó que no ha dispuesto "la cancelación, suspensión ni paralización" del trámite en curso. Esta contratación fue dispuesta por el directorio como parte de las acciones orientadas a mejorar la administración interna. Además, se alinea con el plan de reestructuración financiera establecido mediante el Decreto de Urgencia N.° 004-2024.

Petroperú añadió que en los próximos días su directorio informará sobre las siguientes acciones relacionadas directamente con este proceso. La entidad mantiene su postura de seguir adelante con la auditoría, a pesar de los cuestionamientos recientes sobre la conveniencia del mismo por parte de su máxima autoridad ejecutiva.

Aaron Ramos Medina Lizarzaburu había cuestionado públicamente la auditoría forense impulsada por distintas administraciones de Petroperú. Durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso el pasado martes 12 de mayo, Edmundo Lizarzaburu afirmó que hablar de una auditoría forense podría generar sospechas y una percepción negativa en el exterior. “Si seguimos hablando de auditorías forenses lo que vamos a hacer es complicar a la empresa, porque el mercado internacional va a empezar a pensar que hay algo oculto”, señaló. En esa misma sesión, sostuvo que realizar el estudio perjudicaría a la petrolera en un momento en que atraviesa “problemas de liquidez importantes”. Lizarzaburu argumentó que no genera tranquilidad "ni a los bonistas de la refinería ni a los participantes del ecosistema". “Eso de andar sonando con auditorías forenses a quién dañan es a Petroperú, y eso no corresponde”, remarcó. Además, indicó que quienes impulsan una auditoría o peritaje forense “no conocen el concepto”, pues este tipo de estudio, según sus propias declaraciones, se sustenta en "dar la información adecuada y la información correcta”. En respuesta, el expresidente de la petrolera estatal, Alejandro Narváez, presente en la sesión, recordó que durante su gestión, en noviembre de 2025, Petroperú aprobó un plan de trabajo que “incluye la auditoría forense de la refinería”, en coordinación con la Contraloría. Ante esto, Lizarzaburu replicó directamente: “Si usted, realmente, hubiera encontrado algo que corresponde, debió hacer la denuncia en Contraloría y en Fiscalía, porque esos son los caminos y procesos”. El pronunciamiento de Petroperú se produce luego de que el exministro cuestionara la viabilidad del estudio. Su postura sugiere que las investigaciones profundas podrían desestabilizar los mercados internacionales y afectar financieramente a la entidad en medio de dificultades económicas actuales. La contradicción entre la gestión actual y la anterior sigue siendo un punto clave en el debate parlamentario sobre la transparencia y la supervisión de la Refinería de Talara, donde las acciones de auditoría buscan garantizar la integridad de los procesos operativos y financieros de la empresa estatal.

Petroperú rechaza versiones sobre una supuesta cancelación

La estatal petrolera desmintió con firmeza las informaciones periodísticas que atribuyeron al presidente del directorio, Lizarzaburu, la decisión de detener el análisis forense. Según Petroperú, el ejecutivo nunca realizó tal afirmación y no ha planteado ni propondrá la cancelación del proceso. Además, descartó que los recientes cambios gerenciales busquen obstaculizar la auditoría interna a la Nueva Refinería Talara o alterar el alcance del Decreto de Urgencia N.° 010-2025.

El MEF sostuvo que la auditoría se tendrá que hacer

Anteriormente, Rodolfo Acuña Namihas, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), declaró en el programa Economía para Todos de RPP que dicho estudio es imperativo. Aclaró, no obstante, que los actuales recursos de financiamiento privado por US$2.000 millones, que deberá conseguir la petrolera, no están destinados para esta labor específica.

"La auditoría forense va a demostrar si era importante o no hacer la refinería, pero ya las decisiones estuvieron tomadas", expresó el funcionario.

Respecto a la nulidad de la buena pro declarada en abril de este año, Petroperú sostuvo que la decisión se adoptó "en el marco regular del proceso de contratación", tras revisar la documentación vinculada a la experiencia técnica presentada por la empresa adjudicada.

Es importante recordar que la auditoría forense de la Nueva Refinería Talara, proyecto que demandó una inversión superior a los US$5.000 millones, fue una iniciativa impulsada inicialmente durante la gestión de Oliver Stark en 2024 y luego continuada por varios presidentes de Petroperú, entre ellos Alejandro Narváez y Roger Arévalo, quien dejó el cargo el pasado 3 de febrero.

Petroperú declaró la nulidad de la buena pro el pasado 10 de abril, retrotrayendo así el proceso a la etapa de evaluación de propuestas. La petrolera justificó esta decisión en su comunicado: "Dicha decisión se adoptó en el marco regular del proceso de contratación, conforme a las condiciones establecidas en las bases del concurso y tras la revisión de la documentación vinculada a la experiencia técnica presentada por la empresa adjudicada". Tras un primer intento fallido, desde noviembre del año pasado la entidad preparaba una segunda convocatoria internacional para contratar el estudio. Así, Petroperú reafirma su auditoría forense a la Refinería de Talara bajo nuevos parámetros técnicos y administrativos.

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