En una reciente entrevista con el programa «Las cosas como son», de RPP TV, Roxana Rocha, vocera de Renovación Popular en la Cámara de Diputados, denunció un incremento alarmante de extorsiones y asesinatos contra transportistas. Según estimaciones, ya han sido asesinados más o menos 110 choferes por no pagar cupos, una situación que calificó como inaceptable. Para Rocha Gallegos, este caos en el transporte público de Lima tiene su origen en la falta de un sistema integrado y en la persistencia de un modelo empresarial informal. La diputada explicó que, aunque en 2018 se creó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) con el objetivo de unificar el Metropolitano, los corredores viales y el transporte convencional, este último sigue operando bajo un esquema precario. «Tienes un transporte del Metropolitano, corredores viales donde son justamente buses articulados, choferes en planilla con un sistema de tickets», detalló durante la charla. Sin embargo, contrastó esto con el transporte urbano convencional, donde las empresas no son dueñas de los buses ni de los micros. «Ahí tienes todo un sistema que pasa por la empresa, por el chofer, por el cobrador y cada uno tiene un rol preponderante», afirmó la legisladora, señalando una vulnerabilidad extrema frente al crimen organizado. El modelo actual deja a los trabajadores sin propiedad sobre los medios de transporte, lo que los expone directamente a las amenazas delictivas. Este desorden administrativo ha generado que muchos policías sean utilizados para tareas que no corresponden a su función principal, como el control de extorsiones en lugar de labores preventivas. La propuesta de Rocha es sacar a estos agentes de los «escritorios» y ponerlos en la calle, dado que un 30% realiza actualmente «labores administrativas». La deputada considera que esta reasignación de recursos humanos es urgente para enfrentar el sicariato y proteger a las víctimas. Su intervención resalta cómo la estructura económica del transporte, al no garantizar la propiedad a los conductores ni a sus empresas, facilita que grupos criminales impongan cobros ilegales. «Eso no es posible», concluyó Rocha ante la gravedad de la situación vivida por los trabajadores del sector en el Distrito Capital. Redacción RPP

Roxana Rocha, diputada que impulsa el retiro de efectivos policiales de los "escritorios", advierte que la delincuencia criminal impacta directamente en la economía diaria y en la seguridad de miles de pasajeros. Su indignación creció al señalar que, hoy por hoy, para trabajar tranquilamente no solo las empresas de transporte deben pagar cupos; también lo hacen bodegueros y dueños de bazares con extorsiones de 5 o 10 soles diarios. "La inseguridad está en la puerta de tu casa", expresó.

Frente a esta problemática de envergadura, Rocha criticó duramente las medidas del Ejecutivo y el despliegue de las Fuerzas Armadas en terminales de buses. Explicó que si bien el ingreso al terminal se controla con 20 buses revisando quién entra, "en el trayecto que tienen que transitar 30 kilómetros, ahí se va a subir cualquier ladrón, cualquier criminal y los va a seguir amenazando", alertó.

Para ilustrar la magnitud de la crisis, reveló cifras alarmantes sobre el crecimiento de las extorsiones. "Mire, en extorsión nomás: en el año 2021 habían 4 500 denuncias. ¿Saben cuánto hay a octubre del 2025? 23 250. O sea, se ha [quintuplicado]. Esto ya no aguanta más", dijo.

No obstante, la solución pasa por la tecnificación de la seguridad y una reestructuración operativa de la PNP. En primer lugar, instó a retomar la instalación de tecnología de vigilancia dentro de los vehículos: "Compren las cámaras a todos los miles de buses que tenemos, que es la única manera de grabar lo que sucede antes", manifestó.

Esta propuesta busca blindar el sistema ante las amenazas actuales. La legisladora considera que la presencia policial en oficinas administrativas no resuelve la realidad del asalto en ruta ni protege a los pequeños comerciantes que también sufren estas presiones constantes. Por ello, su enfoque se centra en equipar con cámaras cada unidad de transporte para garantizar pruebas forenses y disuadir a los criminales. Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme dado que las cifras de denuncias por extorsión han crecido vertiginosamente en poco tiempo.

Asimismo, la diputada sostiene que es urgente cambiar la estrategia actual. La tecnología debe ser el aliado principal para recuperar la tranquilidad ciudadana y proteger a todos los sectores económicos afectados por esta ola delincuencial sin precedentes.

"Nada menos que el 30 % de la policía está detrás de un escritorio con una laptop aceptando denuncias. Eso es para gente civil", indicó Roxana Rocha, quien demandó que los efectivos salgan a patrullar las calles en lugar de realizar "labores administrativas". Según la diputada, ya todos los patrulleros deben salir a hacer visitas inopinadas en los buses, micros y colectivos. "Ya todos los patrulleros tienen que salir a las calles", añadió.

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