Cultura
La defensa del patrimonio cultural de Nasca y Palpa se perfila como un nuevo frente político para el ministro de Cultura, Alberto Beingolea. Desde la localidad de Nasca, la abogada Noemy Castañeda ha confirmado que impulsará acciones legales, administrativas y políticas contra el titular del sector, incluyendo la posibilidad concreta de promover su censura en el Congreso debido a lo que ella considera una actuación deficiente frente a la crisis actual.
Durante un enlace telefónico con el programa Lima Gris, Castañeda detalló que esta misma semana remitirá a la Comisión de Cultura y a las distintas bancadas parlamentarias un informe que incorpora nuevos elementos y medios probatorios relacionados con sus cuestionamientos a la gestión del Ministerio. La abogada fue enfática al afirmar que la documentación será acompañada de informes arqueológicos y otros documentos que, según sostuvo, permitirán al Parlamento conocer directamente la situación denunciada.
"Vamos a tomar acciones legales como corresponde", afirmó Noemy Castañeda en su intervención. Ante los cuestionamientos sobre si el ministro habría incurrido en una presunta omisión de funciones, respondió sin ambages: "Por supuesto que sí". Esta afirmación se basa en la idea de que el titular del sector debería acudir personalmente a Nasca para conocer y verificar los hechos denunciados.
"Si no puede venir, podemos ir, pero la idea es que él venga y constate, que es lo que corresponde a esa función", sostuvo Castañeda al respecto. La abogada también cuestionó directamente la actuación de Beingolea y amplió sus críticas hacia la presidenta Keiko Fujimori y al Gobierno en general por lo que calificó como un desinterés frente a los problemas vinculados con el patrimonio cultural.
En ese sentido, mencionó que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, no habría incluido referencias al sector cultural en su mensaje político. Castañeda endureció aún más sus acusaciones al sostener que existiría una política nacional de afectación del patrimonio, atribuyendo esta situación directamente a la gestión del Ministerio de Cultura.
"Hay una política clara de ataque al patrimonio a nivel nacional", afirmó la abogada. Para enfrentar lo que considera una situación crítica en Nasca, anunció que buscará activar todos los mecanismos disponibles para defender el legado histórico. "Vamos a buscar los mecanismos políticos, legales, administrativos, disciplinarios como corresponde", señaló.
"Y si hay que censurar al ministro, habrá que censurarlo", manifestó la abogada dejando abierta la posibilidad de que el caso sea llevado al terreno político mediante una eventual iniciativa parlamentaria. El objetivo final, explicó, será "al menos poder encauzar el camino de Nasca", una expresión que resumió el tono de su intervención y el reclamo que, según anunció, llevará ahora hasta el Congreso para sustentar las acciones legales.
Castañeda indicó que la documentación presentará elementos probatorios clave. La defensa del patrimonio amenaza con convertirse en un nuevo frente político. Desde Nasca, la abogada Noemy Castañeda anunció que impulsará acciones legales, administrativas y políticas contra el titular del sector, incluyendo la posibilidad de promover su censura en el Congreso, por lo que considera una actuación deficiente frente a la situación de las Líneas de Nasca y Palpa.
La defensa del patrimonio de Nasca y Palpa amenaza con convertirse en un nuevo frente político para el ministro de Cultura. Desde Nasca, la abogada Noemy Castañeda anunció que impulsará acciones legales, administrativas y políticas contra el titular del sector, incluyendo la posibilidad de promover su censura en el Congreso, por lo que considera una actuación deficiente frente a la situación de las Líneas de Nasca y Palpa.
La defensa del patrimonio de Nasca y Palpa amenaza con convertirse en un nuevo frente político para el ministro de Cultura. Desde Nasca, la abogada Noemy Castañeda anunció que impulsará acciones legales, administrativas y políticas contra el titular del sector, incluyendo la posibilidad de promover su censura en el Congreso, por lo que considera una actuación deficiente frente a la situación de las Líneas de Nasca y Palpa.
"Se respetará Nasca, señores", fue el cierre contundente del discurso de Castañeda. Sin embargo, esas palabras no solo son un reclamo; abren una puerta hacia un escenario político mucho más tenso para el ministro Alberto Beingolea. La estrategia ahora implica entregar informes detallados a la Comisión de Cultura y a las bancadas parlamentarias. El objetivo es claro: determinar si las denuncias presentadas cuentan con respaldo oficial o si, por el contrario, se impulsa una investigación formal, e incluso una eventual moción de censura contra el titular del Ministerio de Cultura.
En este contexto, otra "oscura apuesta" del ministro Beingolea ha colocado nuevamente bajo un intenso escrutinio su gestión: la designación de Alfredo Mormontoy Atayupanqui como subdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Cusco. Esta decisión es especialmente sensible porque no se trata de nombrar a alguien para una oficina burocrática cualquiera. La DDC Cusco tiene bajo su responsabilidad directa la protección, conservación y gestión de uno de los patrimonios arqueológicos e históricos más importantes del país. Por eso, antes de confirmar quién ocupará un puesto de mando con tal calibre, la pregunta inevitable es sencilla: ¿qué criterios de idoneidad ha aplicado realmente el Ministerio de Cultura?
La trayectoria profesional de Mormontoy contiene elementos que merecen ser revisados a fondo, y uno de los antecedentes más delicados aparece relacionado con el denominado caso Hotel Sheraton. Según la información proporcionada y los documentos fiscales citados, Mormontoy figura como investigado dentro de la Carpeta Fiscal N.° 50-2018 en una investigación vinculada con presuntos delitos contra la administración pública. En dicha documentación, se señala su participación por presunto cohecho pasivo propio y organización criminal, conforme a la Disposición Superior N.° 422-2019-3FSP-CUSCO.
El asunto no es menor. El caso Sheraton se originó por la construcción de un edificio en la calle Saphy, ubicado en pleno Centro Histórico del Cusco. Ese proyecto terminó convirtiéndose en uno de los mayores conflictos recientes entre inversión privada, autoridades públicas y protección del patrimonio arqueológico. El Poder Judicial ordenó la demolición de la construcción y la restitución de los andenes incas afectados. Las resoluciones judiciales reportadas en 2019 señalaron explícitamente la remoción de cinco filas de andenes incaicos y cuestionaron la legalidad de los permisos que permitieron dicha obra.
No obstante, hay un dato crucial que vuelve a poner el caso sobre la mesa en 2026: la sentencia todavía no habría sido ejecutada plenamente. Una información publicada recientemente indica que, siete años después de la decisión judicial, continúa pendiente la demolición y la restitución de los andenes. Esta situación de estancamiento podría incluso derivar en nuevas acciones legales ante la Junta Nacional de Justicia. Mientras tanto, el debate sobre las competencias del ministro Beingolea se intensifica, especialmente tras su anuncio de que Mormontoy será designado subdirector en las próximas horas.
El Ministerio de Cultura evalúa colocar en una posición de responsabilidad dentro de la estructura cultural cusqueña a Alfredo Mormontoy Atayupanqui, cuyo nombre aparece vinculado en los antecedentes fiscales relacionados con el caso de restitución del patrimonio arqueológico en Nasca. Mientras el Estado enfrenta dificultades para hacer cumplir esa sentencia, esta posible designación genera interrogantes sobre qué evaluación de integridad, idoneidad y posibles conflictos de interés realizó la entidad antes de considerar su nombramiento. Si Mormontoy es confirmado, corresponde una explicación pública detallada.
La otra historia: la UNSAAC
El segundo antecedente que emerge conduce a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. El 5 de mayo de 2026, mediante la Resolución Rectoral N.° R-620-2026, Mormontoy fue designado director del Museo Inka de esa universidad. Es decir, la institución le ha continuado asignando responsabilidades académicas y museísticas pese a los antecedentes de una investigación conocida públicamente. Esto ocurre cuando la propia UNSAAC mantiene actualmente a Mormontoy como docente de la Escuela Profesional de Arqueología.
En septiembre de 2024, la Policía Anticorrupción y el Ministerio Público intervinieron la Escuela Profesional de Arqueología de la UNSAAC para detener preliminarmente a tres personas, entre ellas Alfredo Mormontoy Atayupanqui. La investigación estuvo vinculada a una denuncia por presuntos recortes de remuneraciones a docentes. El diario La República informó entonces que los denunciantes acusaban a Mormontoy y a Patricia Arroyo Abarca de disponer arbitrariamente el recorte de salarios de profesores contratados para destinar esos recursos al pago de Claudia Herrera.
Fuente: Ministerio Público.
La contradicción institucional
El problema, entonces, no es únicamente quién es Mormontoy. El problema es qué mensaje transmite el Estado cuando los antecedentes cuestionados de un funcionario no son considerados un impedimento para seguir ascendiendo dentro de instituciones vinculadas directamente al patrimonio. Es decir, la institución universitaria le ha continuado asignando responsabilidades pese a las investigaciones.
El componente político
Existe, además, una dimensión política que el ministro Alberto Beingolea debería aclarar desde que llegó al despacho ministerial. Alfredo Mormontoy fue candidato del Partido Popular Cristiano (PPC) a la Alcaldía Provincial del Cusco en las elecciones municipales de 2014. Los resultados electorales consignan para el PPC 2,073 votos, equivalentes al 0.99% de los votos válidos, sin obtener representación en el concejo provincial.
Desde su llegada a la institución, el comentarista deportivo ha copado el ministerio con personajes relacionados al PPC. El Estado no tiene que esperar una sentencia condenatoria para preguntarse si una persona es la más adecuada para ocupar una determinada función. Pero al ministro Beingolea esto no le importa. Ahora el Ministerio de Cultura estaría evaluando llevar a Mormontoy a un puesto dentro de la estructura encargada de la protección del patrimonio cusqueño, lo cual vuelve más llamativa la eventual designación.
Alfredo Mormontoy y ministro Alberto Beingolea en Cusco.
La DDC Cusco no es un premio político. Es una oficina desde donde se toman decisiones que pueden afectar casonas, monumentos, sitios arqueológicos, proyectos inmobiliarios e investigaciones. Mal gestionadas, esas autorizaciones producen daños imposibles de reparar. El caso Sheraton es la demostración: el patrimonio atrapado entre permisos y funcionarios. La sentencia judicial que ordenó su demolición constituye un antecedente de esa resistencia ciudadana frente a las autoridades.
Ahora, siete años después, el conflicto vuelve a tocar las puertas de la administración cultural. El caso Sheraton movilizó a organizaciones ciudadanas, juristas, patrimonialistas y colegios profesionales. La sociedad civil ya conoce lo que significa enfrentarse a decisiones administrativas para defender restos arqueológicos.
El conflicto de intereses
Hay una cuestión todavía más delicada. Si una persona aparece vinculada a investigaciones relacionadas con funcionarios o actuaciones de la propia estructura cultural del Cusco, su colocación en un puesto con capacidad de decisión dentro de esa misma estructura puede generar un riesgo de percepción que debería ser evaluado.
Además, Alfredo Mormontoy Atayupanqui fue jefe de la oficina encargada de autorizar las excavaciones arqueológicas. Desde esa posición, habría dado luz verde a las excavaciones realizadas por Gloria Choque, esposa de Ernesto García Calderón, actual asesor en la sombra de los ministros Rogers Valencia y Alberto Beingolea. Esta relación añade un nuevo elemento que debería ser esclarecido ante una eventual designación de Mormontoy.
Un cargo en la DDC Cusco exige algo más que conocimientos de arqueología: independencia, criterio técnico, integridad, autoridad moral y capacidad para adoptar decisiones sobre bienes que pertenecen a todos los peruanos. No basta con revisar un currículo cuando se trata de custodiar aquello que el tiempo no puede devolver.
Entonces aparece la pregunta que el Ministerio de Cultura debería responder: ¿La eventual designación responde a criterios técnicos y de mérito o forma parte de una lógica de reparto político de puestos?
El patrimonio del Cusco puede sobrevivir a un ministro, a un partido y a un funcionario. Lo que no puede sobrevivir es la indiferencia de quienes tienen la obligación de custodiarlo.
La respuesta no puede quedar escondida detrás de una resolución administrativa. Una cosa es nombrar a un funcionario. Y otra, muy diferente, es colocar a una persona cuestionada por investigaciones públicas en una institución cuya primera obligación es proteger el patrimonio mundial de la humanidad.
El eventual nombramiento de Mormontoy en la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco no debería consumarse en silencio.
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