El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que los internos clasificados como de alta peligrosidad serán trasladados progresivamente hacia penales especialmente diseñados. Esta medida, enmarcada en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, implica aplicar estrictas restricciones y garantizar mayores niveles de seguridad dentro de las instalaciones. Según explicó, la estrategia contempla reubicaciones a nivel nacional y de manera paulatina hacia establecimientos ubicados en zonas alejadas o con condiciones geográficas y tecnológicas que impidan cualquier comunicación ilícita desde el interior. “Paulatinamente van a ser reubicados todos los de alta peligrosidad en tres o cuatro penales definidos”, señaló en declaraciones a la agencia Andina.
El jefe del Gabinete precisó que estos internos no tendrán contacto con reos primarios, quienes serán derivados a penales con garantías de seguridad, pero sin convivencia con delincuentes de alta peligrosidad. En esa línea, adelantó que establecimientos como el penal de Lurigancho estarán destinados principalmente a internos primarios que no hayan cometido delitos de especial gravedad.
Álvarez Miranda agregó que se evalúa limitar las visitas a los reos de alta peligrosidad a una sola vez al mes y exclusivamente de familiares directos. Indicó que este régimen responde a que las visitas constituyen beneficios penitenciarios y no derechos fundamentales, por lo que pueden ser restringidas de manera proporcional y razonable. Asimismo, destacó que el Ejecutivo ha avanzado en la promulgación de normas vinculadas a la seguridad ciudadana, en el marco de las facultades delegadas por el Congreso, entre ellas la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).
Requisas en Barbadillo
En otro momento, el titular de la PCM sostuvo que las requisas en los establecimientos penitenciarios son permanentes y alcanzan también al penal de Barbadillo, donde permanecen recluidos expresidentes. Estas acciones responden al riesgo constante de ingreso de objetos prohibidos debido a la posible intervención de malos funcionarios. Preciso que Barbadillo no constituye una excepción y cuenta con un reglamento propio que establece que cualquier medio tecnológico debe contar con autorización y estar orientado a la resocialización de los internos.
En caso de hallarse dispositivos no permitidos durante las inspecciones, estos serán decomisados. Además, informó que se iniciaron investigaciones tras detectarse cámaras de seguridad desactivadas en dicho penal. Frente a los cuestionamientos de las defensas legales de algunos internos, afirmó que «no cabe la protesta», ya que la inspección permanente es una responsabilidad del Estado y está directamente vinculada a la seguridad y la integridad de los propios reclusos.
«Lo que se quiere también es preservar la integridad de cada uno de los internos, sean importantes o sean socialmente no importantes», finalizó. El premier Ernesto Álvarez indicó que paulatinamente serán reubicados todos los reos de alta peligrosidad en tres o cuatro penales definidos. Esta medida busca reforzar el control en lugares con mayor capacidad de supervisión.
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