Aprobado el pasado 31 de diciembre durante la gestión de José Jerí, el Decreto de Urgencia 010-2025 reestructura Petroperú al separar sus activos en bloques patrimoniales. Este cambio otorga a Proinversión la responsabilidad de llevar adelante el proceso ante la complicada situación financiera de la empresa estatal. La medida facilita que operadores especializados administren las unidades, lo cual abre la puerta a la participación del sector privado.

No obstante, esta norma es cuestionada por la Defensoría del Pueblo y los colegios de Abogados e Ingenieros, quienes alertan sobre una "eventual privatización". Según sostienen estos organismos, el Ejecutivo habría excedido sus atribuciones al modificar el régimen jurídico de Petroperú mediante un decreto de urgencia. Así se estaría "eludiendo el debate parlamentario y vulnerando separación de poderes". Además, la Defensoría argumenta que la norma no cumple con los requisitos de urgencia e imprevisibilidad exigidos para su emisión.

También cuestionan que el texto contemple mecanismos orientados a promover la inversión privada. Para ellos, esto es inaceptable dado el carácter estratégico que tiene Petroperú para garantizar la seguridad energética nacional. Por su parte, la Municipalidad Provincial de Talara también presentó una demanda contra el Decreto de Urgencia 010-2025.

El próximo martes, el Tribunal Constitucional (TC) revisará estas demandas de inconstitucionalidad. Analizará este recurso interpuesto por la municipalidad junto con la acción presentada por la Defensoría del Pueblo para determinar si los argumentos legales son fundados y si la reestructuración debe continuar bajo los nuevos términos establecidos.

De manera paralela al proceso iniciado ante el Tribunal Constitucional, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) interpuso una demanda de amparo para impedir que se aplique el referido decreto. El Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite la demanda contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, Proinversión y Petroperú. La audiencia única del proceso quedó programada para el 5 de octubre de 2026.

El gremio advierte que la aplicación del Decreto de Urgencia 010-2025 podría poner en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores de Petroperú. Además, expresa su preocupación por la posibilidad de que la reorganización planteada termine en la transferencia o concesión de activos de la empresa.

La federación considera que las decisiones que adopten el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial serán determinantes para el rumbo de Petroperú. Asimismo, sostiene que estos procesos tendrán impacto tanto en la seguridad energética del país como en las condiciones laborales de sus trabajadores.

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