El gerente general de la Asociación Automotriz del Perú, Jaime Graña Belmont, alertó que el país sumó más de 3400 fallecidos en el último año. Durante una entrevista con Canal N, el vocero gremial analizó el anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre la reducción y régimen especial para el pago de multas de tránsito.
Graña Belmont advirtió que, aunque es válido ajustar los montos por considerar algunos casos desproporcionados, esta medida no debe convertirse en una amnistía que condone deudas ni afecte el principio de autoridad. Para el ejecutivo, la reducción del valor de las papeletas solo puede ser un paso inicial si se acompaña de una reestructuración del proceso sancionador.
"El propósito central de una sanción económica debe ser disuadir la comisión de infracciones para evitar accidentes, heridos y fallecidos", puntualizó. En ese sentido, enfatizó que es necesario trabajar conjunto entre el sector privado y el Estado para fomentar la educación vial mediante una mayor capacidad de fiscalización.
Cifras de accidentes reflejan un escenario de impunidad en las calles
Durante su diálogo con Canal N, Graña Belmont detalló que el modelo sancionador actual no funciona y genera certeza de impunidad en conductores y peatones. Los datos revelan que en el último año se registraron 88 200 accidentes de tránsito en el país, los cuales dejaron un saldo de 57 000 personas heridas.
Estas cifras representan un incremento del 14 % en el número de muertes en el año 2025 respecto al 2024, sumando más de 3400 fallecidos. Además, Graña Belmont agregó que la falta de respeto a las normas se evidencia de forma cotidiana en las calles.
En un lapso de solo 5 minutos se pueden observar hasta 10 infracciones cometidas por peatones, motociclistas y buses de transporte público. Para la AAP, el problema excede el ámbito administrativo y constituye una situación de seguridad vial crítica que requiere acción inmediata.
Efectividad del cobro de sanciones e implementación de fiscalización electrónica
El cumplimiento en el pago de las infracciones sigue siendo bajo. Según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre el 46 % y el 60 % de las papeletas emitidas llegan a cancelarse, lo que indica que solo una minoría de las faltas cometidas son sancionadas. Esta situación genera costos para el erario público debido a un sistema actual que permite impugnar multas durante años hasta su prescripción a los 5 años.
Como alternativa, Graña Belmont, gerente de la AAP, planteó implementar sistemas de fiscalización electrónica mediante cámaras y sensores de radiofrecuencia. Cita como antecedente los controles aplicados en la provincia constitucional del Callao. Además, el ejecutivo señaló la necesidad de fortalecer los centros de inspección técnica vehicular para retirar de circulación las unidades antiguas que generan congestión vehicular y contaminación.
Para promover este fin, se sugirió impulsar un bono de chatarreo. Esta medida permitiría incentivar a los dueños a desmantelar vehículos obsoletos y reducir la carga ambiental en la ciudad. La AAP ha mantenido una postura firme ante estas problemáticas, rechazando decisiones como la suspensión de nuevas placas para motos por parte del MTC y advirtiendo sobre el grave impacto de la falta de vehículos Euro 6 en la región.
El objetivo final es reducir la impunidad que surge cuando las multas se reducen sin una fiscalización adecuada. Sin tecnología moderna y controles estrictos, el esfuerzo por mejorar el parque automotor y el orden vial queda comprometido. La implementación de estas nuevas herramientas es clave para asegurar que quien infrinja las normas realmente pague las consecuencias.
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