Suspenden al juez Juan Varillas Solano por irregularidades en el caso El Comercio

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial dictó una suspensión preventiva por seis meses contra el magistrado Juan Varillas Solano. Este funcionario, titular del Séptimo Juzgado Civil-Comercial de Lima, es investigado por la celeridad con la que resolvió una medida cautelar que paralizó la operación del Grupo El Comercio.

Según la Resolución emitida el 20 de agosto, el juez enfrenta cuatro cargos graves. Primero se le imputa redactar proyectos judiciales en equipos ajenos a la institución y trasladarlos mediante un USB personal sin resguardo de seguridad. Además, se le acusa de negarse a entregar ese dispositivo solicitado por el órgano de control. También existe una presunta falta a la verdad sobre cómo revisó su propia resolución y el otorgamiento de la medida cautelar en perjuicio de otros 99 expedientes que aguardaban pronunciamiento.

La decisión no es aislada; Varillas Solano ya enfrenta un proceso disciplinario previo. El magistrado acumula dos sanciones de suspensión anteriores, correspondientes a los periodos 2016-2017 y 2024-2025. Desde octubre de 2024, además, pesa sobre él un pedido de destitución formulado por la Unidad de Sanción y Apelación de la propia ANC.

Ese pedido de destitución continúa en trámite ante la Junta Nacional de Justicia. La situación actual se agrava porque el caso que investigan tiene implicancias directas para grandes medios: la medida cautelar afectó la transferencia de América Televisión, Canal N y El Comercio a favor de Inversiones Newscorp S.A.C. y César Rodríguez Larraín Salinas.

El primer cargo específico detalla cómo el juez proyectó resoluciones en equipos personales sin autorización oficial. Esta práctica vulnera los protocolos de seguridad informática del Poder Judicial, permitiendo que documentos sensibles salgan del control institucional mediante un dispositivo externo no autorizado.

«Asimismo, por la falta de tiempo para poder trabajar en las horas, me llevo algunas medidas cautelares a mi domicilio y las trabajo en un USB sin que las mismas queden registradas», mencionó el juez Juan Varillas. Esta confesión fue hecha durante su declaración del último 3 de agosto. En ese mismo sentido, sobre el expediente N. 20869-2026-43, que contiene la medida cautelar del caso El Comercio, precisó haberlo examinado fuera del Poder Judicial. «Lo trabajé en mi casa y lo traje en un USB y luego lo revisé aquí en mi despacho varias veces y lo pasé a mi asistente en el USB quien lo colgó en el sistema». «Estaría proyectando las resoluciones judiciales en equipos de cómputo que no pertenecen al Poder Judicial y transportando dichos proyectos en un dispositivo USB de uso personal, sin ningún tipo de control de seguridad o encriptación», se lee en la denuncia. Al hacerlo, pone con ello en peligro el trámite mismo de los procesos, cuya información privilegiada y confidencial es pasible de perderse o de caer en manos de terceros que pueden usar esta información para fines ilícitos. Esto fue contrastado con el informe técnico elaborado por la Unidad de Investigación y Análisis de la ANC, quien revisó las propiedades del archivo en cuestión. El reporte ubicó su creación el 30 de julio a las 11:28:32 a. m., su modificación a las 11:40:29 a. m. del mismo día y un tiempo de edición de cero minutos, con el campo de autor en blanco. «El archivo ha sido creado por el usuario ' ' no es un equipo que pertenece al Poder Judicial», concluyó el informe técnico. Estas irregularidades han motivado la suspensión del magistrado por seis meses. La ANC determinó que estas prácticas vulneran los protocolos de seguridad establecidos para el manejo de datos sensibles dentro de la administración de justicia nacional. El caso se encuentra en desarrollo y las autoridades judiciales continuarán evaluando todas las pruebas presentadas hasta llegar a una resolución definitiva que garantice el cumplimiento estricto de las normas vigentes. La transparencia en estos procesos es fundamental para mantener la confianza ciudadana en el sistema legal peruano, por lo que cualquier desviación será severamente sancionada según corresponda bajo la ley vigente y los reglamentos internos del Poder Judicial.

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