Municipalidad del Callao recupera vía pública tras más de cuatro décadas
La Municipalidad Provincial del Callao ejecutó un operativo para liberar un tramo de la avenida República de Venezuela, ocupado por estructuras privadas durante más de 40 años. La acción, que contó con maquinaria pesada y apoyo policial, abarcó unos 650 metros entre el óvalo La Perla y la calle Carlos A. Saco. El objetivo fue retirar muros y columnas que restringían tanto el tránsito vehicular como el peatonal. Según la comuna, el espacio intervenido medía entre 16 y 18 metros de ancho, lo que reducía de tres a un solo carril el sentido hacia Lima.
No obstante, la medida ha generado una disputa. La Asociación de Concesionarios y Transportistas Unidos (ACTU), que alquila parte del área para guardar buses del Corredor Rojo y del transporte regular, cuestionó la falta de notificación previa. "No es un terreno. Lo que hemos hecho es recuperar la vía pública de tres carriles de la avenida Venezuela tomados por esta empresa para volverla a disposición de los vecinos", declaró el alcalde provincial César Pérez a RPP tras confirmar que la recuperación siguió procesos administrativos y de fiscalización.
La comuna sostiene que la intervención restituyó derechos sobre un espacio público ocupado indebidamente. Sin embargo, la asociación mantiene su postura legal, alegando que no fue informada antes de la intervención. El conflicto expone las tensiones entre la recuperación del dominio público y los intereses económicos privados arraigados en la zona.
Disputa por propiedad de terreno intervenido por la Municipalidad del Callao
Mientras culminan las labores, que incluyeron el retiro de escombros y la recuperación de veredas, la circulación vehicular permanece restringida en el sector con rutas alternas habilitadas. Sin embargo, esta intervención generó un conflicto entre la Municipalidad de Lima y la Asociación de Conductores de Transportes Urbanos (ACTU). La actuación afectó parte del patio de maniobras que la asociación utiliza para almacenar buses. Su gerente general, Ángel Mendoza Aguirre, afirmó desconocer el proceso que mantenía la propiedad en controversia, aclarando que alquila el espacio a la familia Cogorno.
"Nosotros lamentamos que el día de ayer (miércoles 19 de agosto) haya existido un acto que puede estar justificado porque se está afectando la vía pública; sin embargo, nosotros somos inquilinos de este terreno de la familia Cogorno y, como tales, no hemos sido notificados en ningún momento de dicha controversia", señaló a RPP. Mendoza agregó que la asociación pidió 24 horas para retirar sus unidades antes de la demolición, pero la solicitud no prosperó. También sostuvo que el retiro de parte del muro dejó expuesto el patio de maniobras.
La Municipalidad, en cambio, señala que las coordinaciones correspondían al propietario del predio y no a los transportistas. Pérez aseguró que la comuna comunicó previamente la intervención a los propietarios y que el municipio reforzó la seguridad en el perímetro con serenazgo y coordinación policial. A la controversia con los transportistas se sumó el cuestionamiento de Inversiones Euclara S.A., empresa que afirma ser propietaria del predio donde se encontraba parte del muro demolido.
Según informó Gestión el 24 de agosto, la compañía sostiene que el inmueble cuenta con título inscrito en Registros Públicos y una cadena de dominio que se remonta a 1927. También señala que la habilitación urbana regularizada en 1980 ya contempló las cesiones viales exigidas entonces. La disputa por los títulos de propiedad complica aún más el proceso de liberación del tramo, que tras cuatro décadas de uso como cochera y estacionamiento informal, finalmente será desocupado para su adecuación vial. El conflicto expone la falta de claridad en la titularidad de terrenos ubicados junto a infraestructura pública crítica.
"Ante una eventual necesidad pública sobre el predio, la norma vigente exige un proceso de expropiación con compensación previa", sostuvo la empresa al citado medio. La compañía considera que la actuación municipal vulneró su derecho de propiedad y cuestiona, además, la competencia de la Municipalidad Provincial del Callao sobre el terreno. La empresa también sostiene que el predio no registra una afectación pública, expropiación en trámite o transferencia al Estado. Estos cuestionamientos forman parte de la disputa entre ambas partes y contrastan con la posición municipal, que mantiene que el área intervenida corresponde a espacio público ocupado de manera irregular. En este contexto, mientras continúan las labores de limpieza, la Municipalidad mantiene restricciones en el tramo intervenido. Los vehículos que circulan desde La Perla hacia la avenida Faucett deben tomar la avenida La Marina como ruta alterna. La intervención también modificó temporalmente el recorrido del Corredor Rojo. La ATU informó que los buses de la ruta 201 inician y culminan su recorrido en el óvalo La Perla debido a los trabajos en la avenida Venezuela. Finalmente, la Municipalidad sostiene que esta recuperación permitirá restituir los carriles y veredas ocupados durante décadas. El objetivo es mejorar la circulación vehicular y peatonal, devolviendo al espacio público las funciones que le corresponden tras cuatro años de uso indebido como cochera. Así se cierra un capítulo largo en la historia urbana del Callao, aunque la tensión jurídica entre el municipio y la empresa propietaria sigue vigente y pendiente de resolución definitiva por parte de los tribunales competentes en materia administrativa y de dominio público local.
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