Una nueva muerte ha encendido las alertas entre las organizaciones indígenas de Ucayali tras un enfrentamiento que terminó con la vida del líder ashéninka Américo Pascuala Tomisha. El dirigente, de 57 años y exjefe de la comunidad nativa Onconashari en el distrito de Yurúa, falleció mientras realizaba labores de vigilancia territorial. Según su pronunciamiento difundido por la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) este 24 de agosto, el hecho ocurrió el domingo 23 cuando Pascuala Tomisha detectó la presencia de terceros en su comunidad.
La organización sostiene que estas personas presuntamente realizaban actividades vinculadas con la extracción de aceite de copaiba. En esas circunstancias, se produjo un enfrentamiento en el que el dirigente recibió impactos de arma de fuego que ocasionaron su muerte. El pronunciamiento no precisa cuántas personas habrían participado en el hecho ni identifica a los presuntos responsables, por lo que la organización exige que las autoridades ingresen a la comunidad y esclarezcan lo ocurrido.
Uno de los elementos que ORAU considera centrales para la investigación son las advertencias previas realizadas por el propio Pascuala Tomisha. Según la organización, el exjefe comunal había denunciado anteriormente la presencia de colonos y terceros dentro de Onconashari, una situación que, afirma, ya representaba un riesgo para quienes protegían el territorio.
Este trágico suceso ocurre en un contexto donde más de 770 comunidades indígenas de Loreto viven bajo riesgo por grupos criminales. Mientras la minería ilegal, la tala y el narcotráfico avanzan sobre sus territorios, un nuevo informe documenta la grave situación de seguridad y abandono institucional que enfrentan las poblaciones originarias en el departamento.
ORAU exige investigación, captura de responsables y seguridad para la comunidad
El caso ocurre en Yurúa, una zona fronteriza de Ucayali. ORAU coloca esta condición geográfica en el centro de su pronunciamiento, señalando que las comunidades aquí afrontan mayor vulnerabilidad por la limitada presencia estatal, el ingreso de terceros y actividades no autorizadas dentro de sus territorios comunales.
Ante el asesinato del líder indígena, ORAU solicitó al Ministerio Público y a la Fiscalía de la Nación el ingreso inmediato a la comunidad nativa Onconashari para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes. La organización pide una investigación “rápida, imparcial y efectiva” que permita determinar responsabilidades y reclama que las denuncias previas sobre el ingreso de terceros sean incorporadas en las indagaciones.
El pedido también alcanza a la Policía Nacional del Perú en Ucayali. ORAU exige acciones urgentes para ubicar y capturar a los responsables, así como la participación de unidades especializadas de investigación criminal encargadas de recoger evidencias y contribuir al esclarecimiento de los hechos. Al mismo tiempo, solicita que se garantice la seguridad de las autoridades y de los habitantes de Onconashari ante eventuales nuevos riesgos.
Por ello, además de investigar el crimen, ORAU exige al Estado reforzar su presencia institucional y sus acciones de seguridad en territorios indígenas de frontera. Para la organización, la respuesta no debería limitarse a las diligencias posteriores al asesinato, sino incluir medidas que reduzcan las condiciones de riesgo que enfrentan dirigentes y comunidades dedicados a la vigilancia y defensa de sus tierras.
La demanda se extiende también a una protección más robusta para los defensores indígenas. ORAU argumenta que quienes trabajan en la defensa territorial no deben ser víctimas de violencia, por lo que el Estado debe garantizar su integridad física frente a amenazas constantes derivadas del avance ilegal sobre sus tierras.
ORAU, organización representativa de 13 bases federativas y 21 pueblos originarios en Ucayali, Loreto y Huánuco, exige al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fortalecer los mecanismos para proteger a defensores indígenas. El pronunciamiento subraya que quienes resguardan territorios y derechos colectivos necesitan garantías para ejercer su labor sin poner en riesgo su vida e integridad.
"La defensa territorial no puede seguir cobrando la vida de quienes protegen la Amazonia", sostiene ORAU al cerrar el texto. Con el asesinato de Américo Pascuala Tomisha, la entidad reclama identificar a los responsables del disparo contra el dirigente. Además, busca determinar qué ocurrió alrededor de las denuncias previas que advertían sobre la presencia de colonos y terceros en el territorio donde él salió a vigilar el día de su muerte.
Desde esa posición, ORAU expresó solidaridad con la familia de Pascuala Tomisha, las autoridades comunales y el pueblo ashéninka de Onconashari. La organización recuerda que proteger a quienes defienden los territorios es responsabilidad directa del Estado. Asimismo, solicitó a la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos hacer seguimiento y acompañamiento al caso.
El objetivo final es asegurar que el asesinato no quede impune y que se adopten medidas de protección para otros líderes indígenas bajo amenaza. La entidad reafirma su rol como voz de las comunidades afectadas en la región amazónica, exigiendo justicia inmediata ante este crimen que pone fin a una vida dedicada a la defensa del bosque.
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