El vocero de la Asociación de Coordinadores del Transporte Urbano (ACTU), Julio Bretoneche, cuestionó la efectividad del denominado Plan Escudo del Gobierno y pidió una estrategia integral para enfrentar la extorsión y el sicariato que afectan al transporte público. En declaraciones a la prensa, Bretoneche señaló que los transportistas han planteado propuestas y presentado información estadística a las autoridades para contribuir a la solución del problema. Sin embargo, cuestionó que el Plan Escudo haya sido elaborado sin convocar a todos los sectores involucrados, entre ellos representantes del transporte, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El dirigente sostuvo que la estrategia debe incluir un trabajo articulado entre las instituciones responsables de la seguridad y contar con labores de inteligencia que permitan identificar y desarticular a las organizaciones criminales detrás de las extorsiones. Sobre la posibilidad de que los conductores porten armas de fuego para defenderse, Bretoneche afirmó que su gremio no está de acuerdo con esta alternativa debido al riesgo de generar mayores conflictos. No obstante, reconoció que algunos trabajadores han optado por tramitar licencias para portar armas ante la situación de inseguridad. Respecto a esto último, añadió que la coyuntura actual está obligando a los conductores a tomar esa decisión, aunque el gremio mantiene una postura contraria al armamento individualizado. Respecto al paro de transportistas anunciado para el 25 de agosto, Julio Bretoneche precisó que su organización no forma parte de la convocatoria y señaló que su gremio mantiene una línea de diálogo con las autoridades. Indicó que ya se han desarrollado reuniones con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Congreso, y que esperan una próxima reunión con la presidenta Keiko Fujimori. Es importante destacar que el dirigente enfatizó que su gremio prefiere seguir negociando y dialogando para resolver los problemas estructurales en lugar de recurrir a medidas drásticas como paros o la portación de armas. La falta de inclusión del sector transporte en el diseño del Plan Escudo fue un punto central de su crítica, ya que consideró que esto debilita la capacidad del gobierno para enfrentar la inseguridad real que sufren los trabajadores. Bretoneche reiteró que la solución requiere coordinación entre todas las instituciones relevantes y no acciones aisladas. La expectativa es que las próximas conversaciones con la máxima autoridad del país puedan dar frutos tangibles en materia de seguridad vial y ciudadana, protegiendo así a los conductores sin necesidad de que ellos mismos se armen para defenderse.

Bretoneche aclaró que los transportistas no han fijado un plazo para exigir resultados al Gobierno, ya que consideran corresponde a las autoridades presentar un cronograma detallando las acciones del Plan Escudo. El dirigente añadió que el sector está dispuesto a aportar su experiencia y propuestas para mejorar la estrategia de seguridad en marcha.

En otra instancia, el líder evitó pronunciarse a favor o en contra de la permanencia del general Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional, pidiendo respetar la institucionalidad vigente. No obstante, cuestionó la alta rotación de autoridades y ministros del Interior, argumentando que los constantes cambios dificultan la continuidad de las estrategias de seguridad.

Finalmente, informó que los transportistas tienen prevista una nueva reunión con el Ministerio de Transportes para abordar, además de la seguridad, la profesionalización de los conductores, la reglamentación de la ley de puntos y el proceso de cambio de matriz energética del transporte público.

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