por Agencia EFE

Agencia EFE En el centro de Colombia, los departamentos de Tolima, Huila y Caldas atraviesan una emergencia ambiental. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las autoridades lograron apagar 84 incendios, pero actualmente mantienen doce focos activos y tres controlados. La situación es crítica: estos fuegos ya han consumido más de 20 000 hectáreas y continúan expandiéndose debido a la sequía provocada por el fenómeno de El Niño, que eleva las temperaturas y reduce las lluvias. La alerta principal no solo es climática. Las autoridades colombianas advirtieron este lunes que algunos de estos incendios son provocados deliberadamente. “Una imprudencia puede iniciar un incendio y una estructura criminal puede provocarlo deliberadamente. Son fenómenos diferentes y todos deben enfrentarse”, afirmó el ministro de Ambiente, Fabio Arjona. El jefe de la cartera ambiental señaló que provocar intencionadamente un incendio en un bosque o utilizar el fuego para generar caos tiene consecuencias penales bajo la legislación ambiental vigente. El alcalde de Coello, Santiago Herrera, denunció desde Tolima una realidad compleja. “No tenemos claridad de quiénes están realizando estas quemas, pero tenemos evidencias de que posiblemente existan manos intentando generar estos incendios”, afirmó el funcionario local. Su preocupación se centra en los nuevos focos que aparecen mientras las brigadas intentan controlar los existentes. Herrera explicó un detalle alarmante: algunos puntos vuelven a activarse en lugares donde ya habían sido extinguidos, pero con “material combustible diferente al material del ambiente”. Esto sugiere una intervención humana externa al ecosistema natural afectado. El escenario empeorado por El Niño reduce las precipitaciones y aumenta la temperatura en distintas regiones del país, creando condiciones ideales para que las llamas se propaguen rápidamente. En Chagualá (Tolima), el último domingo los fuegos arrasaron con miles de hectáreas forestales. La combinación de un clima extremo y posibles actos criminales o imprudentes ha llevado a la situación actual, donde se requiere una gestión urgente para evitar mayores daños ecológicos y sociales en las zonas más vulnerables del centro colombiano.

Tolima se declaró en calamidad pública el pasado 13 de agosto, fecha en que 38 incendios activos consumían bosques, pastos y cultivos en dieciséis municipios. La emergencia, desde comienzos del mes, ha destruido más de 20.000 hectáreas de vegetación según la Gobernación regional.

La gobernadora Adriana Magali Matiz denunció ante la Fiscalía la posible existencia de “manos criminales” detrás de algunas de las conflagraciones y entregó elementos para determinar si fueron provocadas deliberadamente. El ministro Arjona pidió diferenciar entre las condiciones climáticas que favorecen la propagación del fuego y las posibles acciones humanas que pueden estar detrás del origen de algunos incendios.

La menor cantidad de lluvias y el aumento del calor favorecen la sequedad de la vegetación y provocan condiciones más propicias para que un fuego se inicie y se propague con mayor rapidez. La emergencia ha tenido además un fuerte impacto en el sector agropecuario, con cultivos de plátano, café y aguacate destruidos y miles de hectáreas de pastos afectadas, lo que ha perjudicado estas actividades.

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