MADRID, 24 ago. (EUROPA PRESS) - La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha emitido una alerta severa tras el Informe Anual 2025 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Este documento revela que el sistema penitenciario boliviano atraviesa una profunda crisis estructural, caracterizada por un hacinamiento extremo y un colapso sanitario generalizado.

Los datos son contundentes: la población carcelaria alcanzó las 33.058 personas, cifra que representa un incremento cercano al 100% respecto a los 17.305 reclusos registrados en 2020. Esta sobrepoblación obliga a los privados de libertad a dormir en pasillos y ha provocado fallos graves en la infraestructura básica.

Entre las carencias más críticas se encuentra el retraso sistemático en el pago de la pensión alimenticia, que asciende a ocho bolivianos mensuales —unos 60 céntimos— para los familiares. Asimismo, persiste una escasez aguda de agua, la acumulación de residuos y un deterioro total en los pozos sépticos y sistemas de alcantarillado.

Además, el informe denuncia una carencia crítica de personal policial y la ausencia de equipos multidisciplinarios necesarios para atender estas emergencias. Esta situación administrativa agrava aún más las condiciones de vida dentro de los centros penales.

Un aspecto especialmente alarmante es que más del 50% de las personas privadas de libertad carecen de condena firme. Esto implica que el sistema está funcionando como un "depósito humano que vulnera sistemáticamente la presunción de inocencia".

Por otro lado, a finales de 2025 se contabilizaron unos 190 niños viviendo junto a sus madres en prisión. La situación es precaria para estos menores, quienes no cuentan con una alimentación diferenciada ni una paga específica asignada por parte del Estado.

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