Ministro Juan Carlos Requejo: “La declaratoria de emergencia es un compromiso cumplido con la pesca artesanal y la acuicultura”

El ministro de Producción, Juan Carlos Requejo, confirmó que la declaratoria de emergencia para la pesca artesanal y la acuicultura será presentada esta semana ante el Congreso. Esta medida responde a los efectos del Fenómeno El Niño y busca facilitar apoyo financiero y administrativo a ambos sectores. «Es un compromiso cumplido con la pesca artesanal y con la acuicultura», señaló el titular, quien indicó que ambos atraviesan una etapa complicada y requieren mecanismos para afrontar sus dificultades. La emergencia permitirá flexibilizar las condiciones de los pescadores frente al sistema bancario y agilizar trámites administrativos mediante los gobiernos regionales y locales. En cuanto a la presencia de barcos pesqueros chinos frente a nuestras costas, Requejo aseguró que el Gobierno mantiene un control satelital coordinado con la Marina de Guerra para monitorear sus actividades permanentemente. Además, existe un equipo especializado listo para identificar cualquier actividad sospechosa y actuar ante incidentes. Mirando hacia el futuro, durante los primeros meses del próximo año se desarrollará un espacio de discusión en el organismo internacional que regula la pesca en el Pacífico. A este encuentro asistirán Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Según explicó Requejo, el objetivo es establecer acciones conjuntas y evaluar límites o topes para la pesca en alta mar. La presidenta de la República y el presidente del Consejo de Ministros habían anunciado previamente esta iniciativa legislativa. La medida busca garantizar que los pescadores y acuicultores puedan recuperar sus actividades con las herramientas necesarias. El monitoreo satelital se realiza de manera constante para evitar incursiones ilegales. En paralelo, la comunidad internacional trabajará en definir nuevas reglas para la gestión pesquera regional. Así, el Estado peruano fortalece su posición ante los desafíos climáticos y externos que amenazan a los sectores productivos del mar. La coordinación entre ministerios y fuerzas armadas asegura una respuesta rápida y efectiva ante cualquier complicación.

Gobierno prepara pedido de facultades

Sobre los trabajos relacionados con el Fenómeno El Niño, el ministro indicó que existe un equipo liderado por el ministro Vinelli que viene coordinando acciones con el sector privado para evitar la duplicación de esfuerzos y aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles. Paralelamente, Requejo confirmó que el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo será presentado esta semana, conforme al anuncio realizado por la presidenta de la República y el presidente del Consejo de Ministros.

El ministro señaló que los equipos de los distintos sectores se encuentran culminando los textos finales de la propuesta para remitirla al Congreso dentro de los plazos previstos. Es crucial destacar que este proceso legislativo busca consolidar las medidas necesarias frente a la emergencia climática, asegurando una respuesta ágil del Estado.

Más allá de lo administrativo, la gestión también tiene un impacto directo en sectores estratégicos como el pesquero. Al respecto, Juan Carlos Requejo reiteró su postura sobre la situación actual: «La declaratoria de emergencia es un compromiso cumplido con la pesca artesanal y la acuicultura». Esta medida busca garantizar que los pescadores y productores locales tengan acceso a las facilidades necesarias para recuperar sus medios de vida afectados por el clima.

En este contexto, la coordinación intersectorial se vuelve fundamental. El trabajo conjunto entre ministerios y actores privados no solo optimiza recursos, sino que evita duplicidades en las labores de mitigación y recuperación. La propuesta final, una vez aprobada en su texto definitivo, permitirá activar protocolos específicos diseñados para enfrentar los desafíos del fenómeno.

Mientras se avanza con estos trámites parlamentarios, la atención se mantiene puesta en el terreno. Las autoridades evalúan constantemente cómo implementar las nuevas facultades para que sean efectivas a nivel local y nacional. La meta es clara: transformar la declaratoria de emergencia en acciones concretas que protejan a la población y al entorno productivo.

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