Hoy, la concesión Sur opera bajo la administración de Petroperú con apenas un 2% de hogares conectados al gas natural. En contraste, el acceso es mayor en Lima y Callao, donde el 57% de las viviendas cuentan con servicio, mientras que en Ica este porcentaje llega a un 44%.

Fuera de la capital, la dispersión urbana y la baja demanda hacen inviable extender redes a bajo costo. Esto explica por qué el Perú dispone de solo 1,558 kilómetros de ductos de transporte: cinco veces menos que Colombia y diez veces menos que Argentina. En las concesiones Norte y Sur, esta carencia obliga al uso de camiones cisterna para mover el combustible.

Ese transporte alternativo encarece el servicio al exigir costos de licuefacción, traslado y regasificación. Así, las tarifas fuera de la capital resultan significativamente más altas. A fines del 2025, la tarifa residencial en la concesión Norte era un 22% superior a la de Lima y Callao. La brecha se agrava para comercios e industrias pequeñas: en el Sur pagan 2.6 veces más que sus pares capitalinos, mientras las grandes industrias del Norte enfrentan costos 1.8 veces superiores.

Igualación de tarifas

Para mitigar estas diferencias, el Estado diseñó un mecanismo de compensación pendiente de reglamentación. Este esquema igualaría los precios de usuarios que consumen hasta 50 mil m³ mensuales, cuyo costo se cargará al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

Sin embargo, el diseño excluye a clientes regulados de mayor consumo, justamente quienes podrían ampliar la demanda y generar economías de escala. Sin nuevos grandes usuarios, no se crean las condiciones para reducir progresivamente las tarifas ni viabilizar nuevos gasoductos. Bajo este enfoque, la medida no corrige los problemas estructurales y se convertirá en un subsidio permanente que arriesgará la sostenibilidad financiera del FISE.

Asegurar el suministro futuro es indispensable para sostener una mayor expansión del servicio. En este contexto, las reservas probadas de gas acumulan nueve años consecutivos de caída y, al ritmo actual de producción sin nuevos proyectos, tendrán una disponibilidad aproximada de 14 años. La inversión en exploración alcanzó apenas US$ 281 millones en la última década, cifra que representa 18 veces menos que lo registrado en el periodo anterior.

Seguridad energética

Para nivelar tarifas de manera temporal como parte de una estrategia integral de masificación, el mecanismo debe incorporar a usuarios regulados de mayor consumo y promover nuevos centros de demanda. Esto haría viable la construcción de gasoductos y reduciría las tarifas en procesos tarifarios futuros. A fin de no arriesgar los recursos del FISE, la equiparación se financiará con recargos a las tarifas de Lima y Callao.

Solo un tercio de las municipalidades cuenta con catastro, mientras que requisitos, costos y plazos varían ampliamente entre regiones. Se suma que los plazos efectivos para obtener servidumbres y permisos pueden superar en más de 20 veces los límites legales.

También es necesario destrabar la inversión en redes de distribución. Para ello, resulta clave avanzar en la elaboración de catastros, fortalecer las capacidades del Indecopi para eliminar barreras burocráticas y reducir la discrecionalidad municipal. Una vez desarrollada la infraestructura, la igualación podría retirarse y dar paso a subsidios focalizados en hogares vulnerables, como ocurre en otros países de la región.

Por Stephani Maita Uría, economista senior del IPE, el gas natural se consolida como uno de los activos energéticos más importantes del país. Su disponibilidad y bajo costo son claves: contribuyen a mantener los precios estables, reducen gastos para hogares y empresas, y fortalecen la seguridad energética. No obstante, es vital aclarar que esto no implica un agotamiento del recurso; el lote 58 posee reservas técnicamente viables capaces de extender su horizonte hasta 22 años. Sin embargo, materializar ese potencial exige demanda firme, reglas claras, contratos sólidos e infraestructura adecuada para hacer viables las inversiones. Por ello, resulta urgente acelerar las alternativas que permitan masificar su uso, tal como ha anunciado recientemente el Poder Ejecutivo. Esta estrategia cobra relevancia estratégica en la matriz eléctrica nacional: el gas natural representó el 35% de la generación en el 2025 y permite mantener bajos los costos frente al diésel, cuyo costo variable promedio es nueve veces superior. Este rol protector se vuelve crítico ante la variabilidad climática. Durante El Niño costero 2023, el estrés hídrico obligó a depender más del diésel, lo que provocó que el precio spot de la energía se cuadruplicara. La amenaza persiste este año: en julio, la generación hidroeléctrica cayó un 5% y la eólica un 12%, mientras el precio spot más que se triplicó. En medio de esta crisis, el gas natural ofrece un respaldo flexible y de menor costo frente al diésel, especialmente si se concreta su llegada al Nodo Energético del Sur. Esta alternativa es fundamental para evitar nuevos picos en las tarifas eléctricas y proteger el bolsillo de los peruanos frente a la incertidumbre climática. Sin embargo, tener el recurso no basta. Fuera de Lima, la falta de grandes usuarios limita las redes y encarece el acceso a energía barata. Mientras un hogar limeño paga 53% menos por gas frente al GLP, en regiones del norte ese ahorro se reduce a solo 39%. Una igualación tarifaria bien diseñada permitiría corregir estas distorsiones e impulsar la competitividad regional con más familias y negocios conectados. No obstante, también urge generar condiciones para aumentar la demanda, desarrollar infraestructura de transporte y recuperar inversiones en exploración, eliminando barreras que frenan la expansión de redes. Desde hace más de treinta años, el Instituto Peruano de Economía (IPE) es un actor clave en el debate público sobre políticas públicas y el entorno económico. Instituto Peruano de Economía (IPE) Este instituto es un centro de investigación sin fines de lucro orientado a la acción que promueve el desarrollo del país. Su labor contribuye al fortalecimiento institucional y a proponer soluciones para mejorar las condiciones de vida de los peruanos, especialmente en zonas donde la desigualdad energética sigue siendo una barrera importante para el crecimiento económico sostenible y el bienestar social de toda la nación.

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