Vladímir Putin, presidente de Rusia, firmó el pasado lunes un decreto que otorga a las autoridades el derecho de asumir el control provisional sobre infraestructuras empresariales vitales. Esta medida se activa exclusivamente cuando los propietarios no garantizan la protección adecuada de sus activos frente al creciente oleaje de ataques con drones lanzados por Ucrania. Según lo estipulado en el documento, publicado oficialmente en el portal legal estatal, las autoridades pueden intervenir para solucionar "la detección de acciones ineficaces" destinadas a defender las instalaciones o cuando se registran violaciones directas a las normas de seguridad establecidas.
Otro motivo fundamental para la implementación de este control temporal es la demora injustificada en la reparación de las infraestructuras dañadas, tal como detalla el decreto. El contexto bélico ha obligado a muchas compañías rusas a adoptar medidas desesperadas tras el incremento masivo de los ataques contra objetivos en la retaguardia y la incapacidad de las defensas antiaéreas para blindar todo el territorio nacional.
Pese a que el Estado no tiene previsto financiar estas iniciativas, como aseguró el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, muchas empresas han recurrido a soluciones de dudosa eficacia. Se ha visto la instalación de mallas antidrones, medios de lucha radioelectrónica y armamento antiaéreo para intentar mitigar los daños.
La compañía de comercio electrónico Wildberries se ha convertido en el objetivo más castigado por estos ataques recientes. Según informó Kiev, siete de sus mayores centros logísticos han sido cerrados tras ser alcanzados directamente por drones ucranianos. La incapacidad de blindar estas infraestructuras es la razón principal para que Putin autorice este nuevo mecanismo de intervención estatal.
No obstante, el sector comercial ruso ha respondido con una inversión masiva en defensa pasiva. Según datos del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, durante los primeros seis meses de 2026, el rubro experimentó un incremento significativo en sus adquisiciones defensivas. Durante este periodo, las compras de sistemas antidrones aumentaron "en 6,6 veces, comparado con el mismo lapso del año anterior.
Esta cifra alcanza los 5,32 millones de dólares (441,3 millones de rublos), lo que equivale a unos 4,55 millones de euros al cambio actual. Ucrania señala explícitamente que dichas empresas habrían incrementado más de seis veces su inversión en sistemas antidrones. Esta disparidad entre la falta de apoyo estatal y el gasto privado subraya la urgencia que perciben los empresarios para proteger sus operaciones comerciales ante el peligro constante de ser alcanzados por proyectiles aéreos enemigos.
El grueso de la demanda de seguridad se centra en equipamiento para detectar drones, tanto fijos como portátiles, junto con sistemas de alerta y herramientas para interferir canales de control, transmisión de datos y navegación por satélite. Las empresas están ampliando su gama de equipos para cubrir estas necesidades ante las amenazas aéreas.
No obstante, la implementación enfrenta serios obstáculos burocráticos. El periódico ruso Nezavísimaya Gazeta señaló que las compañías petroleras, en particular, tienen dificultades para instalar sistemas antidrones debido a la falta de normativas claras sobre cómo erigir estas instalaciones y la necesidad de obtener autorizaciones de diversas entidades.
La situación se complica aún más por trámites administrativos que exigen permisos del Ministerio de Defensa y la Fiscalía. Sin estos documentos, las empresas enfrentan el riesgo de ser sometidas a procesamiento penal por incumplimiento de las leyes rusas. Ante este escenario complejo, la inteligencia ucraniana añadió que las grandes corporaciones están respondiendo creando unidades móviles de respuesta.
Cada formación de este tipo está equipada con dispositivos para detectar y neutralizar drones, y su creación tiene un costo elevado: entre 600 000 y 850 000 dólares (equivalente a entre 50 y 70 millones de rublos rusos). Esta inversión busca garantizar la defensa operativa frente a los ataques aéreos.
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