Redacción RPP

por Redacción RPP

El Tribunal Constitucional revisará este martes 25 de agosto las demandas contra el Decreto de Urgencia 010-2025, norma que encarga a Proinversión la reestructuración patrimonial de Petroperú para enfrentar su crisis financiera.

Esta decisión judicial responde al cuestionamiento lanzado por la Defensoría del Pueblo y colegios profesionales, quienes advierten que tal medida podría abrir la puerta a una "eventual privatización" de la petrolera estatal. La controversia se originó tras el alumbramiento del decreto la noche de Año Nuevo (31 de diciembre de 2025) durante el gobierno de José Jerí.

Dicha norma contempla la separación de activos y unidades de negocio en bloques patrimoniales, con el objetivo de que estos sean gestionados por operadores especializados y facilitar la participación del sector privado. Sin embargo, la Defensoría argumenta que el Ejecutivo excedió sus facultades al modificar aspectos del régimen jurídico de Petroperú mediante un decreto de urgencia, lo cual vulneraría la separación de poderes y eludiría el debate parlamentario.

Según la institución defensora, la norma tampoco cumple con las condiciones de urgencia e imprevisibilidad que justifican este tipo de instrumentos legales. Además, critica que se permitan mecanismos vinculados a la promoción de inversión privada, dado que Petroperú posee un carácter estratégico para la seguridad energética del país. Por su parte, la Municipalidad Provincial de Talara también cuestionó la constitucionalidad del Decreto de Urgencia 010-2025.

La demanda municipal será evaluada de manera acumulada con la presentada por la Defensoría del Pueblo ante el máximo tribunal. Así, el TC evaluará mañana las impugnaciones contra una norma que busca reorganizar a la empresa estatal en medio de un escenario económico complejo. La resolución de este caso podría definir el futuro operativo y patrimonial de Petroperú, pues establece medidas que alteran su estructura tradicional para atraer capital privado.

Es importante destacar que los colegios de abogados e ingenieros han sumado sus voces al reclamo, reforzando la idea de que una reestructuración tan drástica sin el debido proceso legislativo pone en riesgo la soberanía energética nacional. El martes 25 será un día clave para conocer si el TC considera legítimo el uso del decreto de urgencia o si ordenará su reforma o derogación.

Petroperú enfrenta una crisis de liquidez que le impide comprar crudo, mientras espera un financiamiento privado de hasta US$2.000 millones con un primer tramo puente de US$500 millones. En paralelo al proceso ante el Tribunal Constitucional, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) presentó una demanda de amparo contra la aplicación del decreto. El gremio sostiene que el Decreto de Urgencia 010-2025 podría afectar la estabilidad laboral de los trabajadores de Petroperú y cuestiona que la reorganización de la empresa pueda derivar en la transferencia o concesión de sus activos.

El proceso fue admitido a trámite por el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. La demanda está dirigida contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, Proinversión y Petroperú. El juzgado programó una Audiencia Única para el próximo 5 de octubre de 2026. La federación también señala que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial serán relevantes para determinar el futuro de la empresa estatal y, desde su posición, para la seguridad energética y la estabilidad laboral.

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