Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, confirmó este domingo que el paro previsto para este martes 25 de agosto fue levantado. Las labores continuarán normalmente y no habrá apagado de motores.
El dirigente explicó que esta decisión responde al cumplimiento del objetivo principal: conseguir que el Gobierno escuche las demandas del sector frente a la inseguridad. “Ya se cumplió el sentido del pedido (...), cumplido el objetivo, levantamos la medida, porque esa era la única razón”, sostuvo Vargas.
La resolución de la medida de fuerza se produjo tras una reunión sostenida el sábado 22 de agosto entre representantes de distintos gremios y la presidenta Keiko Fujimori. Aunque su organización no participó directamente en ese encuentro, Vargas conoció los acuerdos alcanzados y consideró que permitían levantar el paro.
Entre los compromisos anunciados figuran el reforzamiento del Plan Escudo, una mayor coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras instituciones, así como medidas para fortalecer la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, otros gremios cuestionan la falta de representación en los acuerdos y exigen atención a las necesidades del sector.
Vargas señaló que su organización se reunirá este lunes 24 de agosto con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El encuentro está previsto para las 4.30 p. m. Los transportistas demandan acciones concretas y garantizadas que mejoren su crisis financiera, mientras el Gobierno crea mesas de trabajo para responder a sus reclamos.
“No habrá apagado de motores, las labores continúan normalmente”, afirmó el dirigente tras anunciar que la Coordinadora mantendrá operativos los vehículos urbanos. La medida buscaba priorizar la seguridad sobre el servicio, pero ahora se espera que los avances en la lucha contra la extorsión y los ataques a conductores permitan una operación fluida.
El contexto actual refleja la tensión entre la necesidad de ingresos por parte del gremio y la urgencia de combatir la inseguridad. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene su postura de diálogo para abordar las principales problemáticas que aquejan al transporte público en Lima y otras ciudades.
Julio Rau Rau, presidente de Conet-Perú, rechazó categóricamente el paro convocado por otros líderes y afirmó que sus agremiados están dispuestos a «respaldar las acciones del Ejecutivo». Esta postura se alinea con la visión del dirigente Vargas, quien explicó que al momento de convocarse la medida, los transportistas carecían de una plataforma propia y solo deseaban escuchar la política gubernamental en seguridad ciudadana. De hecho, valoraron positivamente el planteamiento estatal de implementar un control territorial y fortalecer unidades especializadas contra el crimen.
Además de la seguridad, el sector enfrenta una profunda crisis económica. «Estamos en una severa crisis. Han quebrado empresas y necesitamos un rescate financiero», señaló Vargas, quien advirtió que varias compañías atraviesan dificultades graves.
Transportistas piden rescate financiero para empresas
No obstante, el pedido de los transportistas no implica que el Estado entregue dinero directamente a las empresas. Más bien, solicitaron mecanismos para garantizar las deudas del sector y permitir mayores plazos de pago, además de reducir los intereses bancarios. Asimismo, plantearon medidas para facilitar el cambio de matriz energética en sus unidades.
¿Todos los gremios acatarán el levantamiento del paro?
Inicialmente, la convocatoria generó posiciones divididas: algunos sindicatos anunciaron su no participación mientras otros mantenían la paralización para este martes. Sin embargo, tras conocer los acuerdos alcanzados con el Gobierno, Vargas aseguró que los nueve gremios que suscribieron la convocatoria decidieron levantarla. Este cambio de escenario significa que, según los dirigentes consultados, el transporte urbano continuará operando con normalidad en Lima y Callao este martes 25 de agosto.
Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), cuestionó que la reunión con la presidenta Keiko Fujimori se haya realizado incluyendo solo a organizaciones que no formaban parte de la convocatoria al paro. Según el dirigente, los acuerdos alcanzados no podían representar a todo el sector porque varios gremios que impulsaron la medida quedaron fuera del encuentro, por lo que exige ser escuchado antes de considerar cerrado el conflicto.
Valeriano advirtió que los transportistas necesitaban conocer directamente cuál era la estrategia del Ejecutivo para enfrentar las extorsiones, atentados y asesinatos de conductores. A ello sumó su pedido para fortalecer las herramientas legales que permitan a la Policía actuar con más eficacia contra las organizaciones criminales. El dirigente también reclamó el cumplimiento estricto de compromisos anunciados anteriormente, entre ellos la instalación de cámaras de vigilancia dentro de los buses y la indemnización inmediata a las familias de conductores asesinados por sicariato.
Cuestionó además que las autoridades concentren sus acciones de seguridad en terminales cuando, según señaló, los ataques contra los transportistas ocurren principalmente durante sus recorridos. Según afirmó, la respuesta del Gobierno debía incluir medidas concretas y no limitarse a reuniones con determinados dirigentes. “Lo que hay que ver son los resultados y cómo se implementan. Es un trabajo de largo aliento”, sostuvo.
Vargas advirtió, no obstante, que el levantamiento del paro no significa que el sector haya dejado de exigir resultados al Gobierno. Indicó que los transportistas evaluarán las acciones concretas que se implementen para enfrentar la criminalidad. La respuesta gubernamental debe ser tangible y directa, ya que lo único que importa es cómo se materializan los acuerdos en la práctica diaria de quienes trabajan en transporte.
Gobierno anuncia 'mesas de trabajo' para enfrentar extorsiones a transportistas
El Gobierno anunció la creación de dos mesas de trabajo con los gremios de transporte. La primera, liderada por el MTC y con participación del MEF y la Sunat, abordará temas de regulación. Por su parte, la segunda estará bajo cargo del Ministerio del Interior y se enfocará en seguridad ciudadana.
Fujimori sostuvo que la estrategia contra las extorsiones deberá involucrar a distintas instituciones, incluidos operadores de telefonía y el sistema financiero, debido a que estos canales son utilizados para el cobro de cupos. También planteó reforzar la inteligencia y la coordinación entre la Policía, las Fuerzas Armadas y el sistema de justicia.
Entre las medidas regulatorias, el Ejecutivo anunció que impulsará la derogatoria de la actual ley de puntos para elaborar una nueva norma junto con los transportistas. Además, el MTC prepara un régimen excepcional para regularizar multas con el pago del 10% de la sanción. Sin embargo, esto no incluirá infracciones graves como conducir bajo efectos del alcohol o drogas, circular sin licencia, ni faltas vinculadas al SOAT, revisión técnica e informalidad.
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