Durante una reunión sostenida con representantes de los gremios de transporte urbano de Lima Metropolitana y empresas de carga a nivel nacional, la presidenta Keiko Fujimori confirmó que el Gobierno deroga la denominada ley de puntos. Este cambio normativo busca reemplazarla por un nuevo sistema de acumulación de sanciones. Los anuncios se comunicaron en un contexto donde distintos gremios habían planteado una paralización del servicio como medida de protesta, motivados tanto por la violencia criminal como por las sanciones que consideran excesivas.

El encuentro permitió además acordar la creación de dos mesas de trabajo destinadas a atender las principales demandas del sector. Una enfocada en la revisión de multas y sanciones administrativas. La otra dedicada exclusivamente a combatir la inseguridad y las extorsiones que afectan a conductores y empresas de transporte.

Durante su pronunciamiento, Fujimori explicó que el Ejecutivo conformará dos grupos de trabajo con participación de los representantes del sector transporte. La primera mesa estará encabezada por el ministro de Transportes, Rafael Rey, y tendrá como objetivo evaluar los reclamos relacionados con multas, sanciones y otros procedimientos administrativos que han sido cuestionados por los gremios.

La segunda será liderada por el ministro del Interior, César Astudillo, y estará orientada a desarrollar medidas frente a la creciente criminalidad que afecta al transporte público. Especialmente los casos de extorsión y ataques contra conductores. Según indicó la presidenta, ambas mesas buscarán establecer acuerdos directamente con los gremios para desarrollar soluciones dentro de sus respectivos sectores.

El objetivo final es regularizar el funcionamiento del sistema mediante estas nuevas estructuras dialogadas, buscando que las propuestas sean aceptables para todos los involucrados en la industria.

Uno de los anuncios centrales de Keiko Fujimori fue retirar el sistema actual de acumulación de puntos para ciertas infracciones. Sin embargo, la presidenta aclaró que estos cambios dependen de la publicación de normas legales; por ahora, no se conocen los alcances definitivos. La propuesta del Ejecutivo contempla derogar el esquema vigente y crear una nueva regulación mediante diálogo con los sectores involucrados. En resumen, el anuncio es un compromiso gubernamental, pero la derogatoria y el nuevo reglamento deben formalizarse mediante una norma oficial. Otro punto clave de la reunión fue el tratamiento temporal de multas acumuladas por transportistas. Según lo anunciado por Fujimori, las sanciones consideradas abusivas podrían cobrar solo el 10 % de su valor y no generarían puntos durante el periodo que establezca la futura norma. Ricardo Pareja, dirigente del sector, explicó a medios que las faltas graves quedarían excluidas de esta medida, entre ellas aquellas relacionadas con conducir bajo los efectos del alcohol. Por el momento, el decreto que especifica qué infracciones se incluirán, los plazos y el procedimiento para acceder al beneficio aún no ha sido publicado. La otra gran preocupación planteada por los gremios fue la inseguridad que enfrenta el sector transporte. Los representantes expusieron los constantes casos de extorsión, atentados y amenazas contra empresas y trabajadores, situación que motivó inicialmente la convocatoria a una paralización del servicio. Este tema se abordará en la segunda mesa de trabajo. En cuanto al sistema de puntos, la presidenta detalló que su aplicación real dependerá estrictamente de la publicación de las disposiciones legales correspondientes. Esto significa que el anuncio constituye un compromiso firme del Gobierno, pero la derogatoria y la nueva regulación deberán formalizarse mediante una norma oficial para entrar en vigor. La propuesta del Ejecutivo contempla la derogatoria del esquema vigente y la elaboración de una nueva normativa mediante el diálogo con los sectores involucrados. Respecto a las multas, otro de los puntos expuestos durante la reunión fue el tratamiento temporal de determinadas sanciones acumuladas por los transportistas. De acuerdo con lo anunciado por Fujimori, las infracciones consideradas abusivas podrían cobrarse únicamente por el 10 % de su valor y no generarían puntos dentro del sistema durante el periodo que establezca la futura norma. No obstante, este beneficio no comprendería todas las infracciones. El dirigente Ricardo Pareja explicó a medios de comunicación que las faltas graves quedarían excluidas de la medida, entre ellas aquellas relacionadas con conducir bajo los efectos del alcohol. Por el momento, el decreto que establecerá qué infracciones serán incluidas, los plazos y el procedimiento para acceder al beneficio todavía no ha sido publicado. Finalmente, la seguridad fue otro eje central. La otra gran preocupación planteada por los gremios fue la inseguridad que enfrenta el sector transporte. Los representantes expusieron los constantes casos de extorsión, atentados y amenazas contra empresas y trabajadores, situación que motivó inicialmente la convocatoria a una paralización del servicio.

La reunión congregó a representantes del transporte urbano de Lima, empresas de carga y otros gremios vinculados al sector. En ese contexto, el ministro del Interior, César Astudillo, asumirá la conducción de una mesa de trabajo dedicada exclusivamente a este problema.

Además de las multas y la seguridad, los transportistas plantearon pedidos relacionados con el rescate financiero del transporte. Así como el respaldo del Estado para avanzar hacia un cambio de matriz energética en las empresas del rubro. Entre los temas abordados durante la reunión figura la instalación de cámaras de seguridad dentro de los buses, propuesta que, según información difundida por medios nacionales, requerirá un proceso previo para su adquisición e implementación.

Los dirigentes también plantearon fortalecer la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, además de impulsar acciones de control territorial y recursos para unidades especializadas contra el crimen organizado. Tras el encuentro, varios representantes expresaron su conformidad con los compromisos anunciados por el Ejecutivo. Mientras otros sectores señalaron que esperarán la publicación de las normas antes de evaluar la aplicación concreta de los acuerdos.

La implementación de la nueva normativa sobre la ley de puntos, el decreto referido al tratamiento de multas y las medidas de seguridad dependerán ahora de las disposiciones oficiales que emita el Gobierno. También del trabajo que desarrollen las dos mesas instaladas con los gremios de transportistas.

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