¿No es un crimen que miles de peruanos queden indefensos si las lluvias de gran intensidad llegan, porque algunas autoridades no ejecutaron el dinero destinado a prevención frente al fenómeno El Niño? La respuesta puede ser múltiple, pero lo inamovible es la vulnerabilidad ciudadana. Según el reporte de la Autoridad Nacional del Agua, varias regiones solo emplearon entre el 10 % y el 40 % del presupuesto que le otorgó el Ejecutivo para proponer y ejecutar obras preventivas urgentes ante El Niño terrible. En vez de ponerse alertas, se preocuparon en otros problemas.
Algunos tontos, que se creen vivos, comenzaron a hacer obras en pistas y veredas con miras a la campaña regional de octubre próximo. Sí, muestran vías bien maquilladas, ejecutan proyectos viales y se marketean en propagandas políticas. En el norte del país es una brutalidad pues cuando lleguen las lluvias todo se diluirá como rímel en el rostro. Otros zamarros aprovecharon el dinero de las obras de prevención para pagos administrativos, como planillas, y destinaron los recursos a otros gastos superfluos. Y, claro, creen que hacer trabajos para reducir el impacto del fenómeno natural podría ser cosechado por las autoridades que ganen las elecciones.
El razonamiento básico de estos innombrables es trasladar el problema al Gobierno Central, que se haga cargo de ese hueso duro. Una vez más, el problema no es El Niño sino el adulto irresponsable que no usó bien el dinero o lo dirigió a otros campos para satisfacer demandas inmediatas sin prever los desastres. Debería tipificarse como un delito cuando las autoridades son ineficientes y dejan indefensos a los ciudadanos. La columna de Renato Sandoval González titula esto «El Delito de la Ineficiencia», donde se analiza cómo la gestión pública fallida convierte una catástrofe natural en una tragedia social evitable, priorizando el maquillaje político sobre la seguridad real de las familias peruanas que dependen de estas obras para no ser arrastradas por las corrientes. La inacción no es solo negligencia administrativa; es una traición a la confianza depositada en quienes deben proteger al Estado y sus ciudadanos frente a los elementos, especialmente cuando existen recursos asignados específicamente para tal fin y se desvían hacia intereses electorales o gastos innecesarios que no contribuyen a la resiliencia del territorio.
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