El Estado moderno se define, según el sociólogo alemán Max Weber, como una asociación territorial y jerárquicamente organizada que ejerce y administra el monopolio de la fuerza legítima para imponer el orden. Esta definición, universalmente aceptada en el ámbito académico, establece que el cuerpo administrativo con tal monopolio tiene el mandato de desintegrar a las asociaciones delictivas, recomponer el orden interno y garantizar la paz pública. En consecuencia, la violencia originada por organizaciones criminales debe ser reprimida estrictamente por las fuerzas del orden. El Estado es el titular exclusivo del uso de la fuerza, ejerciéndolo legalmente a través de sus instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Ante el desborde actual de la criminalidad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, sostuvo en una sustanciosa entrevista para el portal El Montonero que: “si queremos orden social, progreso, desarrollo social y económico, debemos proteger a la policía y a la fuerza armada”. Este pronunciamiento es de capital importancia porque recupera el fundamento teórico y práctico que sustenta la existencia del Estado. La violencia, nacida de las organizaciones criminales, exige una respuesta contundente; este es el deber primordial del Estado: garantizar la paz interior. Sin embargo, los periódicos están manchados de sangre, ya que diariamente la prensa nos enfrenta a esa realidad espantosa que representa el crecimiento desbordante del crimen. Solo el Estado, con sus recursos y capacidades, podrá restaurar la paz social. Es vital comprender que proteger a quienes protegen no es un acto aislado, sino una condición sine qua non para el desarrollo integral de nuestra nación. La seguridad ciudadana depende directamente de la fortaleza institucional y de la capacidad del Estado para ejercer su monopolio sobre la fuerza sin interferencias ilegales. Así, la protección de las fuerzas armadas y policiales se convierte en la base esencial para cualquier proyecto de país que aspire al verdadero progreso económico y social.

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