El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro confirmó ayer que Rafael López-Aliaga se mantiene como candidato a primer regidor de Renovación Popular en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. La autoridad electoral declaró improcedentes dos de las cinco solicitudes ciudadanas interpuestas para excluirlo de la lista provincial de Lima.

Tales resoluciones, identificadas como N° 05790-2026 y N° 05791-2026, fueron emitidas tras analizar los pedidos presentados por Ronald Castillo Rojas y Víctor Quijada Tacuri. Ambos ciudadanos cuestionaron la situación de López-Aliaga, quien tras la renuncia de Luis Rubio para postular a la alcaldía, se encuentra en una posición expectante para volver al sillón municipal del periodo 2023-2026.

Su defensa se basa en que cualquier exclusión solo procede en casos específicos previstos por el reglamento, como la omisión de condenas judiciales o penas de inhabilitación. El JEE respondió que los cuestionamientos por presuntas infracciones a las normas electorales deben formularse mediante una tacha y dentro del plazo establecido, el cual caducó el 29 de julio pasado.

A esto se suma que el artículo 184 de la Constitución establece que “no hay reelección inmediata para los alcaldes”. Sin embargo, la autoridad electoral aclaró que las figuras legales son distintas. Al respecto, la especialista en derecho electoral Silvia Guevara explicó que la exclusión “se da como consecuencia de la fiscalización que realiza el Jurado Electoral Especial”, mientras que la tacha es una acción diferente.

Sobre los tres pedidos pendientes, Guevara dijo: “Tenemos que ver cuál va a ser la consideración del Jurado”. Estas solicitudes también serían extemporáneas. El JEE mantiene en carrera al exregidor de Lima, descartando así las impugnaciones presentadas por ciudadanos que temen su retorno a un cargo público tras haber ejercido el poder ejecutivo local.

La decisión refuerza la posición del partido Renovación Popular y asegura que López-Aliaga continúe en la lista para las elecciones del próximo año, cerrando este capítulo de disputas internas sin mayores altercados legales. La normativa electoral fue aplicada estrictamente por el jurado, quien priorizó los plazos procesales sobre las alegaciones ciudadanas.

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