El transporte público en el Perú vive bajo una amenaza constante debido a la extorsión. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha difundido datos alarmantes que revelan un escenario de violencia extrema: hasta agosto de 2026, se registraron 64 choferes asesinados por presuntos sicarios vinculados al delito. Esta cifra, reportada también por Punto Final, pone en evidencia la gravedad del conflicto que afecta no solo a los conductores, sino también a pasajeros y empresas de transporte.

Ante este contexto, diversos gremios han exigido respuestas contundentes al Gobierno de Keiko Fujimori. Mientras algunos líderes optaron por mantener el diálogo con el Ejecutivo, otros decidieron respaldar una paralización para reclamar medidas efectivas contra la inseguridad y las extorsiones que azotan el país.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que los homicidios fueron ejecutados por bandas dedicadas al sicariato. La violencia se manifestó en múltiples ocasiones durante agosto. El 19 de agosto, César Cristian Díaz Barreto, de 33 años, perdió la vida tras recibir ocho disparos mientras manejaba una combi en el Cercado de Lima. Según la información recopilada, los criminales exigían un pago diario de S/40 como cuota extorsiva; además, dos pasajeras resultaron heridas durante el ataque.

Otros hechos graves ocurrieron al día siguiente y al otro. El 14 de agosto, Pedro Peralta Aguilar, de 71 años, fue baleado en La Perla, Callao, mientras conducía un bus de ETMOSA. Ese mismo 18 de agosto, sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra una miniván en Collique, y un conductor de Vipusa fue asesinado cuando retornaba a Villa El Salvador. Estos sucesos subrayan la persistencia del peligro en todo el territorio nacional.

En lo que va del año, 64 conductores han sido asesinados según cifras de la PNP. Julio César Guerra es uno de los sobrevivientes: recibió un disparo alojado cerca de su escápula y, a pesar de las advertencias familiares sobre retirarlo pronto, volvió a trabajar como chofer cinco o seis meses después del incidente. El problema de seguridad en el transporte no se limita solo al homicidio directo. Choferes víctimas de extorsión en Perú.

Los transportistas también denuncian amenazas, cobros ilegales de cupos y ataques contra las empresas. Julio Bretoneche, representante de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, cuestionó abiertamente los resultados de las medidas aplicadas hasta ahora. "Lo que nosotros sentimos es que no está resultando", afirmó el gremio.

La especialista en seguridad ciudadana Cecilia Caparachín sostiene que este fenómeno debe analizarse como una estructura criminal consolidada. Según explicó, de todas las denuncias por extorsión analizadas durante el año pasado, solo el 1,7 % terminó con una sentencia efectiva. Este dato expone la principal dificultad para enfrentar el delito, más allá de la intervención policial en las calles.

El Gobierno ha sido cuestionado sobre su postura frente a esta crisis.

El premier Luis Galarreta y el ministro del Interior, César Astudillo, presentaron ante el Congreso los lineamientos de seguridad para recuperar el control territorial. Su estrategia se enfoca en atacar las finanzas criminales y crear una división especializada contra la extorsión. Astudillo advirtió que no promete resultados inmediatos ni que el crimen desaparezca en una semana.

Para reforzar la seguridad, se activó el Plan Escudo, una estrategia que articula a la PNP y las Fuerzas Armadas para proteger empresas y rutas del transporte público. Más de 4.000 policías participan en este despliegue en Lima Metropolitana, ejecutando patrullaje y puestos de vigilancia con acompañamiento directo a las unidades.

No obstante, los gremios mantienen reparos sobre el alcance real de estas medidas. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, afirmó que no conocen con claridad qué implica exactamente el Plan Escudo. Mientras tanto, los dirigentes continúan sus negociaciones con el Ejecutivo para definir los pasos a seguir en esta operación conjunta.

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