Legisladores de ambas cámaras citaron a los titulares de Defensa, Economía, Relaciones Exteriores y otras cinco carteras por temas que van desde Pataz hasta la crisis en Ucayali.

La lista incluye al titular de Defensa, Rafael Belaúnde, y a siete ministros más, convocados tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado para que rindan cuentas sobre su gestión. Nueve ministros del Gabinete Galarreta fueron citados y tienen mociones de interpelación por el Congreso en las primeras semanas del gobierno de Keiko Fujimori.

Los motivos de las citaciones son distintos entre sí. Uno de los ministros deberá explicar sus vínculos con una empresa minera. Otro tendrá que sustentar por qué el Ejecutivo busca declarar inconstitucional una ley que beneficia a maestros jubilados. Un tercer grupo, compuesto por cuatro ministros, fue convocado en conjunto por la crisis social que atraviesa la región Ucayali.

Fuera de esta lista de nueve, hay un caso adicional que todavía no se formalizó. La bancada Juntos por el Perú anunció que prepara una interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, aunque hasta el momento no presentó la moción ante el pleno.

A continuación, el detalle de cada citación confirmada y las diferencias técnicas entre los mecanismos legislativos aplicados. Existe una diferencia importante entre los dos mecanismos que usó el Congreso. La interpelación, que solo puede activar la Cámara de Diputados, exige el voto de un tercio de los congresistas hábiles antes de que el ministro llegue al pleno. Por su parte, la invitación a informar, que usa el Senado, no pasa por ese filtro: se aprueba de forma directa con una moción de orden del día.

La moción contra Rafael Belaúnde fue presentada el 14 de agosto por un grupo de diputados liderado por Marino Lavado Valdivia. El pliego, con 43 preguntas, apunta a los aportes de campaña que recibió de Evangelina Arias de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, antes de asumir el Ministerio de Defensa. Los congresistas también piden que explique el uso de las Fuerzas Armadas en la provincia de Pataz, zona bajo sucesivos estados de emergencia por la minería ilegal.

Así se estructura la rendición de cuentas inicial del nuevo equipo ministerial frente a los poderes legislativos nacionales. La presión política es inmediata y diversa, abarcando desde irregularidades administrativas hasta crisis humanitarias regionales que requieren una respuesta gubernamental detallada y transparente ante el escrutinio público.

Cabe mencionar que la gestión de estos ministros será vigilada de cerca por los legisladores, quienes utilizarán estas instancias para cuestionar decisiones estratégicas del Ejecutivo. La rapidez con la cual se activaron estos procesos refleja la intensidad de las demandas ciudadanas y la urgencia política en el inicio del periodo de gobierno.

En resumen, la citación oficial marca un hito significativo en la relación entre el Congreso y el nuevo Gabinete, estableciendo precedentes sobre cómo se evaluará el desempeño de cada cartera pública en los primeros días de administración.

Para que la interpelación contra el ministro de Defensa, Belaúnde, pueda ser aprobada, primero debe obtener el respaldo de un tercio de los diputados hábiles. Solo una vez superada esta votación inicial se fijará la fecha exacta para su comparecencia en el pleno. El pliego de preguntas interpelatorias es exhaustivo y aborda temas críticos como posibles convenios entre el Ministerio de Defensa y empresas mineras, así como el sustento técnico del cambio en el esquema de seguridad en la zona norte, que pasó de estar bajo control militar al mando del Comando Unificado de Pataz (CUPAZ).

Mientras Belaúnde aguarda el resultado de esa votación, otro funcionario gubernamental quedó bajo la mira legislativa por un motivo distinto. La diputada Analí Márquez, representante de Juntos por el Perú, hizo público que su bancada está preparando una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo. El objetivo de esta iniciativa es cuestionar su negativa a remover al comandante general de la PNP, Óscar Arriola. Fuentes cercanas a La República indican que el documento correrá desde mañana lunes, existiendo además un compromiso firme por parte de las bancadas del bloque para apoyar esta iniciativa debido a la crisis que atraviesa el país ante el incremento alarmante de la criminalidad.

Vinelli tendrá que sustentar ante el Senado la reorganización del MIDAGRI

Por su lado, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli, fue invitado por el senador Andrés Ramos para informar sobre 32 interrogantes específicos. La moción, presentada el 19 de agosto, agrupa seis ejes fundamentales: agricultura familiar, seguridad hídrica, financiamiento, fertilizantes, prevención ante El Niño y la reorganización interna del propio ministerio.

Buena parte del pliego se concentra en la región Apurímac, donde persisten brechas significativas de riego y un bajo acceso a créditos agrarios. Los senadores solicitaron precisar el estado actual de proyectos hídricos estratégicos, como el Sistema Hidráulico del río Chicha, así como el avance de obras paralizadas a nivel nacional. Asimismo, exigieron cifras detalladas sobre el Fondo AGROPERÚ y la cobertura real que ofrece el Seguro Agrícola Catastrófico.

El otro punto central de la discusión gira en torno al Decreto Supremo N.º 008-2026-MIDAGRI, el cual dispuso reorganizar el ministerio por un periodo de 120 días. Los legisladores piden conocer qué debilidades justificaron esa medida administrativa y qué organismos, como SENASA o AGRO RURAL, podrían sufrir fusiones o cambios estructurales en este proceso. La moción exige además que la reorganización no afecte los servicios que reciben los agricultores familiares mientras dura el trámite.

Elmer Cuba deberá responder por la pensión de los maestros

La invitación al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, se distingue del resto por un origen específico. La Ley N.º 32581 garantiza a los docentes jubilados y cesantes una pensión equivalente a la remuneración de la primera escala magisterial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo tenía noventa días para reglamentarla y ese plazo venció sin que el MEF cumpla con dicha obligación.

Mientras esa omisión seguía sin explicación, Cuba declaró públicamente que la norma forma parte de un grupo de cuatro leyes que el Ejecutivo pretende cuestionar ante el Tribunal Constitucional. Para los senadores, esa combinación resulta contradictoria: el mismo ministerio que no reglamentó la ley ahora busca anularla por la vía judicial. La moción, impulsada por Ramos Huillcas, exige que se sustente con informes técnicos y jurídicos, no solo con declaraciones a la prensa.

El pliego pide precisar, entre otros puntos, si existe un acuerdo del Consejo de Ministros para presentar la demanda y si el Ejecutivo evaluó alternativas de implementación gradual antes de descartar la norma. Los senadores también solicitaron el informe actuarial que sustenta el costo fiscal calculado por el MEF, dato que hasta ahora no fue difundido de forma pública.

Carlos Espá tendrá que aclarar los alcances del Escudo de las Américas

La senadora Ruth Luque, de la bancada de Ahora Nación, impulsó la invitación al canciller Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear luego de que la propia presidenta Keiko Fujimori revelara que pidió al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, incorporar al Perú al mecanismo Escudo de las Américas. La coalición regional fue impulsada por la administración de Donald Trump con el objetivo declarado de combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

El problema, según la moción aprobada el 4 de agosto, es que ni la presidenta ni el canciller precisaron los alcances jurídicos de esa incorporación. El pliego de siete preguntas busca saber si el ingreso del Perú requerirá aprobación del Congreso mediante resolución legislativa, o si el Ejecutivo planea formalizarlo por otra vía. También se pide detallar si la adhesión implicará el ingreso de personal militar extranjero al territorio nacional.

La senadora Silvana Robles impulsó una moción que exige respuestas inmediatas ante el Congreso, convocando a cuatro autoridades del gabinete en los primeros días del Gobierno de Keiko Fujimori. El objetivo central es abordar la crisis humanitaria y social provocada por las protestas y bloqueos en la carretera Federico Basadre, la vía estratégica que une Ucayali con el resto del país.

Para enfrentar este conflicto multisectorial, cuatro ministros deberán explicar sus respectivas acciones. Guillermo Shinno, titular de Energía y Minas, deberá justificar la alza significativa en los precios de los combustibles registrados en la región. Rafael Rey Rey, ministro de Transportes, tiene la obligación de informar sobre el estado actual de la infraestructura vial afectada por los cortes. Por su parte, José Antonio Chang, del Ministerio de Educación, debe dar cuenta de los reclamos contra la Unidad de Gestión Educativa Local y detallar los episodios de violencia ocurridos en la Universidad Nacional de Ucayali desde mayo.

A Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, le corresponde articular una respuesta coherente frente a un problema que afecta múltiples sectores. La moción busca conocer qué mecanismos de diálogo se activaron con las organizaciones sociales y cuál es el cronograma oficial para atender las demandas antes de que la situación escale.

Más allá de la gestión interna, los senadores plantearon una pregunta de fondo sobre la soberanía nacional. La propuesta exige que Espá explique cómo el Perú garantizará que sus obligaciones internacionales —incluidas las asumidas ante la OEA y la Comunidad Andina— no entren en conflicto con los compromisos que exigiría este nuevo mecanismo militar liderado por Estados Unidos. Es crucial clarificar si las nuevas exigencias de seguridad pondrán en riesgo la autonomía del Estado frente a acuerdos externos preexistentes.

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