por Redacción RPP

El legislador Aldo Bravo, representante de la bancada Renovación Popular, decidió este domingo dar marcha atrás a su iniciativa legislativa. La propuesta pretendía sancionar penalmente la apología al delito dentro de contextos de crisis políticas y conflictos sociales. Sin embargo, el diputado retiró el proyecto para priorizar en la agenda nacional temas más urgentes como la seguridad ciudadana y la mitigación del fenómeno de El Niño.

A través de una columna en el diario Expreso, Bravo argumentó que su determinación busca evitar distracciones legislativas. Según indicó, esta decisión fue impulsada tras escuchar al presidente de su partido, Rafael López Aliaga, quien señaló que el país afronta problemas mucho más graves que requieren atención inmediata.

Su iniciativa (N.° 00043/2026-2031-CD) buscaba incorporar sanciones de cuatro a cinco años de cárcel para quienes, con capacidad de convocatoria, promovieran o justificaran el uso de artefactos explosivos y sustancias peligrosas durante situaciones críticas.

No obstante, la propuesta recibió rechazo tajante por parte de gremios periodísticos. Estos sectores argumentaron que los términos ambiguos ponían en grave peligro la libertad de expresión. El temor central era que la cobertura informativa o la difusión de información de interés público por parte de periodistas y comunicadores en redes sociales pudieran ser interpretadas arbitrariamente como apología, derivando así en persecuciones penales injustificadas.

Bravo concluye su reflexión al señalar que es imperativo enfocar todos los esfuerzos del Estado en la agenda prioritaria nacional. Actualmente, el foco se centra en mitigar los efectos del fenómeno meteorológico y enfrentar directamente el incremento de la inseguridad ciudadana, dejando a un lado debates que podrían desviar la atención de estas crisis humanitarias.

En una columna reciente, el diputado Aldo Bravo explicó que su iniciativa penaliza exclusivamente a quienes, abusando de su influencia pública, promuevan o legitimen el uso de material explosivo y artefactos incendiarios para afectar la vida, integridad o patrimonio. "Lo cierto es que me ha impresionado el potente respaldo ciudadano a mi planteamiento", escribió Bravo, quien aseguraba haber obtenido un apoyo contundente por parte del pueblo.

Sin embargo, reconoció que prefiere deponer esta batalla para priorizar problemas urgentes del país. "Se trata de ceder sin conceder", añadió el legislador en su texto. Consideró que las críticas recibidas formaban parte de una campaña de desprestigio ideológica lanzada por la oposición, pero afirmó que existe una oportunidad para acrisolar y perfeccionar la propuesta antes de volver a presentarla.

"Así que, progres y caviares, no es por ustedes. Es por el Perú", cerró su mensaje dirigido a sus supuestos adversarios políticos.

Anteriormente, en declaraciones para Ampliación de Noticias (ADN) de RPP, el parlamentario ya había defendido la necesidad de tipificar este agravante penal para frenar la violencia. "Es un proyecto que lo que pretende decir es: 'Ninguna persona que tiene capacidad de convocatoria, y se señala explitamente quiénes son, puede intentar atentar contra la vida de nadie'", afirmó en el medio.

Pese a las reacciones de gremios sobre la libertad de expresión, Bravo aseveró que su propuesta no limitaba el periodismo, sino que combatía directamente el uso de redes sociales para legitimar atentados. El objetivo final era frenar aquellos que promuevan violencia y afecten al patrimonio nacional durante momentos de crisis política y social.

El congresista de Renovación Popular, Aldo Bravo, aclaró que su objetivo inicial era perfeccionar la propuesta en el Parlamento. Explicó que el debate y las mesas de trabajo legislativas habrían servido para enriquecer y pulir el texto de la norma. Sin embargo, la iniciativa generó un rotundo rechazo entre los gremios periodísticos debido a su redacción imprecisa. El Consejo de la Prensa Peruanamanifestó que conceptos como períodos de crisis política carecen de definiciones técnicas claras. Esto deja a criterio de los juzgadores determinar la comisión de un delito, lo cual podría derivar en interpretaciones que consideren la labor informativa como apología al delito. El Instituto de Prensa y Sociedad, por su parte, consideró que la terminología planteada por el legislador carece de límites precisos. Especialmente al tipificar acciones como señalar o promover, esto abre la puerta a arbitrariedades penales contra la prensa independiente. La preocupación central es que no solo los periodistas se encontrarían bajo amenaza. Asimismo, cualquier ciudadano que comparta información u opiniones críticas sobre manifestaciones sociales en redes virtuales podría enfrentar condenas de cárcel. Esto sucede bajo una aplicación excesivamente amplia de la norma, tal como advirtió el Consejo de la Prensa Peruana. La falta de claridad legal pone en riesgo la libertad de expresión y la seguridad jurídica de todos los actores sociales que decidan participar o comentar sobre las dinámicas políticas del país durante momentos de tensión social. Según la entidad, la cobertura periodística ordinaria o entrevistas a líderes de protestas podrían criminalizarse, razón por la cual solicitaron el archivamiento definitivo del proyecto. «Informar de forma transparente sobre violencia no debe equipararse con justificarla», sostuvo la Asociación Nacional de Periodistas del Perú al sumarse a las críticas.

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