En el marco de la preocupación por el avance de la extorsión, especialmente contra transportistas de Lima y Callao, el diputado Carlos Yalta Sotelo, de Renovación Popular, anunció una nueva propuesta legislativa. Su objetivo es reforzar el congelamiento de fondos vinculados a este delito y permitir al Estado rastrear el dinero incluso cuando los delincuentes lo transfieren a otras cuentas, billeteras digitales o productos financieros.

La iniciativa busca fortalecer el mecanismo de la Ley 32209, que habilita el congelamiento administrativo de activos presuntamente relacionados con la extorsión. La clave está en extender esta medida a las transferencias posteriores para evitar que los recursos sean retirados o movidos antes de la intervención estatal. Para lograrlo, Yalta sostiene que la respuesta frente a las operaciones digitales debe ser más rápida.

"Facultades sí; cheque en blanco, no", afirmó el legislador sobre el pedido del Ejecutivo por facultades legislativas para fortalecer la lucha contra la delincuencia. Señaló que el Congreso debe evaluar las herramientas solicitadas, pero mantener su labor de fiscalización.

Sobre la ejecución práctica, las entidades receptoras de una orden de congelamiento deberán informar su cumplimiento y la ruta posterior de los fondos en un plazo máximo de dos horas. El proyecto no contempla crear una nueva autoridad, sino mejorar la coordinación entre la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Diario Correo

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