Hoy viernes, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto de ley que habilita el acceso libre y legal al aborto hasta la semana 14 de gestación. El texto, impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández, ahora debe pasar al Senado para su debate y eventual sanción.

Durante una sesión que se extendió durante 20 horas, el proyecto recibió 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones. Mientras tanto, las afueras del Congreso en Buenos Aires fueron escenario de manifestaciones multitudinarias, con personas expresando su postura tanto a favor como en contra de la medida.

Dicha aprobación representa un fuerte cambio respecto a la situación actual, donde solo se permitía el aborto legal si la mujer sufría una violación o corría peligro para su vida. Además, autoriza la objeción de conciencia de los facultativos que no deseen participar del procedimiento, siempre y cuando deriven con rapidez a las pacientes hacia otros profesionales que sí lo lleven a cabo.

El diputado oficialista Cecilia Moreau afirmó: "Velar por la asistencia y el acompañamiento de todas las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo es entender que se trata fundamentalmente de un problema de salud pública". Esta postura coincide con lo que Fernández viene pronunciándose desde la campaña electoral de 2019, cuando se comprometió a impulsar el proyecto. Su principal motivación era reducir los abortos clandestinos, los cuales ponen en riesgo la vida de las mujeres.

Esta decisión por parte de la Cámara Baja llega dos años después de que los diputados ya hubieran aprobado un texto similar con 129 votos a favor. Sin embargo, aquel intento quedó truncado posteriormente en el Senado, cuyos miembros representan a las provincias y cuentan con algunos perfiles más conservadores.

Una vez culminado el debate en Diputados sobre la legalización del aborto, los legisladores comenzaron a tratar otro proyecto ejecutivo: el plan "de los 1.000 días". Esta iniciativa busca reducir la mortalidad y la malnutrición infantil, prevenir la violencia y fomentar el desarrollo físico, emocional y salud de las madres y sus hijos hasta cumplir tres años.

No obstante, se anticipan dificultades en la Cámara Alta para aprobar la ley. Aunque el oficialismo cuenta con mayoría absoluta (41 bancas), el tema genera profundas discrepancias dentro del propio gobierno y entre los partidos opositores.

Silvia Ginocchio, del gobernante Frente de Todos, señaló que para erradicar la clandestinidad es imperativo avanzar con políticas de prevención y educación sexual en todo el país. En esa línea, Silvia Lospenato, del bloque Juntos por el Cambio, advirtió: "El aborto existe. Los que se oponen a la legalización condenan a la clandestinidad a las mujeres poniendo en riesgo la única vida que el Estado puede salvar".

Por su lado, Graciela Camaño, del bloque Consenso Federal, criticó duramente el proyecto. Consideró que "El aborto es el emergente claro de la falta de educación, de oportunidades, de las desigualdades y las violencias contra la mujer, y en lugar de resolver las causas venimos a proponer que quede en la esfera privada de la mujer la resolución del problema, ofreciéndole como única solución que pueda disponer de la vida de su hijo".

La legisladora fue aún más allá al aseverar que "aunque se quieran atenuar y utilizar eufemismos", lo que se está haciendo es "descartar una vida de un ser humano". Para ella, esta acción convierte a la propuesta en "inconstitucional". Su postura subraya que el debate no debe centrarse solo en la legalización, sino en atacar las raíces estructurales que impulsan este fenómeno social.

La reacción del gobierno

Al conocerse el resultado de la votación, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, calificó el paso como “un reconocimiento a una larga lucha que vienen llevando adelante los movimientos de mujeres" en el país desde hace años. Sin embargo, también lo describió como “producto de la decisión política del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”. Según su análisis, con el envío del proyecto cumplieron “una de las promesas de campaña”, consolidando un hito histórico.

Gómez Alcorta subrayó que la postura del Poder Ejecutivo es clara: nunca más una mujer o gestante deberá realizar un aborto clandestino y poner en riesgo su vida o salud. No obstante, advirtió que tampoco se permita que ninguna persona tome esa decisión “en virtud de su estado de vulnerabilidad económica o social”. El objetivo es equilibrar el acceso a la seguridad con la protección del bienestar integral.

Actualmente, lo pendiente es fijar el día en que el Senado tratará el proyecto en el pleno. Este debate parlamentario podrá ocurrir antes de final de año, cerrando así la etapa decisiva de esta transformación legal que afecta directamente a las mujeres argentinas y redefine las condiciones sociales del país.

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