Minsa podría ahorrar hasta US$ 20 millones al año si cambia proceso de compra de vacunas

Fernando Cáceres, director del Síntesis Instituto, señala que desde 2012 el Perú adquiere sus vacunas contra la influenza a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entidad que realiza las licitaciones en nuestro nombre. En ese entonces, los grandes laboratorios no veían al país como un mercado suficiente y la industria local carecía de una oferta permanente. Sin embargo, el panorama actual ha cambiado sustancialmente. Cáceres sostiene que hoy operan en territorio nacional laboratorios internacionales con capacidad instalada permanente, lo que permitiría al Estado convocar directamente a los proveedores e impulsar una competencia real por precio y condiciones de entrega.

El Ministerio de Salud (Minsa) podría ahorrar hasta US$ 20 millones anuales si adopta este esquema de compra directa en lugar de mantener la dependencia del Fondo Rotatorio. El organismo advierte que el mecanismo vigente no solo encarece el precio final, sino que también genera retrasos en las entregas y deja recursos públicos inmovilizados durante meses.

Uno de los cuestionamientos centrales apunta al costo: según Síntesis Instituto, Perú paga en promedio entre 40% y 70% más frente a lo que obtendría mediante un proceso competitivo. El instituto estimó un precio de alrededor de US$ 2.40 por monodosis en un escenario de competencia. Para comparar, Chile registra compras directas a aproximadamente US$ 1.52, mientras que Argentina alcanza los US$ 2.52. Bajo este nuevo escenario, Cáceres calculó que la transición hacia las compras directas permitiría al Estado obtener ahorros significativos.

La propuesta cobra relevancia ante las restricciones presupuestales que enfrenta el Gobierno. “El Gobierno buscaría recortar S/ 2,500 millones para enfrentar esta emergencia”, indicó Cáceres, quien planteó que los recursos liberados podrían contribuir a atender otras necesidades del sector salud y enfrentar eventuales impactos asociados al fenómeno de El Niño. Según Síntesis Instituto, el problema no se limita al precio final de las vacunas; el diseño mismo del proceso de adquisición genera costos financieros y operativos adicionales. Uno de los puntos observados es que el Minsa transfiere recursos por adelantado a la OPS, basándose en estimaciones de precios elaboradas por el propio organismo internacional. Esto provoca que parte del presupuesto quede inmovilizado antes de que las vacunas sean adquiridas y entregadas. El instituto calcula que entre 2023 y 2025 se habrían mantenido más de US$ 31 millones en esta situación, recursos que, según su análisis, podrían haberse utilizado para atender otras brechas del sector. A ello se suman los costos asociados a la logística: Síntesis Instituto estima que el país habría asumido más de US$ 10 millones en sobrecostos logísticos durante los últimos años. También cuestiona la comisión que se paga a la OPS por la gestión del proceso, la cual alcanza actualmente el 4.25%, frente al 3.5% que se cobraba inicialmente. Otro problema identificado es el tiempo que transcurre entre la transferencia de los recursos y la llegada de las vacunas al país. Según el análisis, el Estado realiza la transferencia a la OPS en mayo, pero las vacunas pueden recibirse recién entre marzo y junio del año siguiente. En 2025, incluso, se registraron hasta 24 entregas parciales. Este retraso sistemático no solo afecta la eficiencia de la compra, sino que obliga al sector público a mantener capital inactivo por periodos prolongados, limitando su capacidad para reaccionar ante emergencias sanitarias inmediatas o nuevas necesidades presupuestales que puedan surgir en el corto plazo. La combinación de sobrecostos logísticos, comisiones elevadas y tiempos de entrega dilatados crea un escenario donde los fondos públicos no solo se estancan, sino que pierden valor real frente a la urgencia de proteger la salud nacional.

Para Cáceres, la situación actual evidencia que el mecanismo vigente no garantiza la oportunidad necesaria para una campaña dependiente de planificación previa y disponibilidad antes de los periodos de mayor incidencia. Esto reduce drásticamente el margen disponible para ejecutarla, ya que las dosis llegan con entre seis y nueve meses de vida útil, según advierte el Instituto.

Síntesis Instituto sostiene que estas deficiencias no se limitan a las vacunas contra la influenza; el mismo esquema de adquisición también aplica para otros insumos estratégicos, como jeringas y material médico. Por ello, proponen que el Estado evalúe otras alternativas dentro del marco de la nueva normativa de contrataciones públicas.

Bajo este enfoque, Cáceres destaca que la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, establece en su artículo 54 mecanismos que permitirían realizar adquisiciones directas mediante procesos competitivos. “La alternativa es dejar competir a quien ofrezca mejores condiciones al Estado, sin necesidad de tener que recurrir siempre al Fondo Rotatorio de la OPS”, sostuvo.

El director finaliza señalando el punto central: “No tiene sentido que, teniendo la capacidad administrativa y el marco legal, se abdique en considerar solo este mecanismo de abastecimiento”. El argumento subraya que ya existe respaldo legal para explorar un esquema diferente de adquisición y dejar de depender obligatoriamente del Fondo Rotatorio de la OPS.

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