Miles de menores migrantes permanecen a la deriva en Ceuta después de cruzar desde Marruecos a nado o a pie. Algunos pasan la noche sobre colchones, mantas y cartones, mientras otros buscan refugio en almacenes abandonados donde faltan baños, agua y condiciones básicas de higiene.
En el suelo de las calles o, quienes corren con mejor suerte, en colchones con mantas: así es como pasan miles de niños y adolescentes que, tras cruzar a nado o a pie la frontera desde Marruecos, llegaron hasta la ciudad española de Ceuta en el pasado mes de julio. Según estimaciones del gobierno de España y diversas organizaciones, aproximadamente 5.500 menores permanecen a la deriva tras llegar al país. Mientras tanto, el debate nacional y las rencillas políticas han alejado el foco de atención de una de las poblaciones más vulnerables afectadas por esta crisis humanitaria.
No obstante, UNICEF alerta que unos 4.000 habitan en las calles sin ser identificados o censados, exponiéndose a riesgos graves como agredidos, explotados o puestos a merced de bandas criminales. Por su parte, la ONG Save the Children indica que unos 1.500 menores ya se encuentran registrados en el sistema de protección estatal y residen dentro de campamentos específicos para migrantes.
Varios contaron a periodistas de AFP que apenas habían comido durante días. En uno de los almacenes, el suelo estaba cubierto de agua y barro, mientras una única manguera servía a modo de aseo. La falta de baños también forma parte de la rutina de quienes siguen fuera de los centros de acogida adecuados. Amina, una adolescente marroquí de 14 años, explicó que ella y su hermano carecían de un lugar seguro en el cual realizar sus necesidades básicas.
En el polígono industrial de El Tarajal, uno de los principales puntos donde se concentran los que siguen sin alojamiento, las condiciones descritas por periodistas y organizaciones muestran la dimensión real de esta emergencia humanitaria. Entre almacenes abandonados, mantas, cartones y tiendas improvisadas, hay niños y adolescentes que pasan la noche sin una estructura adecuada en la cual dormir.
La saturación contrasta drásticamente con la capacidad habitual de la ciudad. Las autoridades de Ceuta señalaron que sus recursos estaban preparados para unas 90 plazas, pero llegaron a atender a alrededor de 1.100 menores. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, afirmó que la ocupación estaba un 2.600% por encima de la capacidad crítica; en otra declaración, cifró el exceso sobre los recursos disponibles en un 5.000%. Alejandro Ramírez, vicepresidente de Ceuta, calificó la situación de "insostenible".
Ante la falta de espacio, algunas niñas y adolescentes son forzadas a vivir en estructuras precarias construidas con palés y barras. Para subsistir, otras dependen exclusivamente de vecinos y organizaciones que les proveen alimento, ropa y productos básicos. La ONG Luna Blanca, que ha operado desde el inicio de la crisis, afirmó repartir entre 3.500 y 4.000 comidas cada día en estas condiciones.
No obstante, las autoridades han actuado. El Ministerio de Juventud e Infancia destinó 25 millones de euros de emergencia a Ceuta para reforzar la asistencia inmediata. Paralelamente, Unicef desplazó un equipo con el objetivo de impulsar la Unidad Multidisciplinar de Atención a la Infancia Migrante en Emergencias, conocida como Umaime. La organización calculó que serían necesarias al menos tres unidades móviles para acelerar la identificación, registro y derivación de los menores hacia espacios seguros.
La situación, sin embargo, adquiere una dimensión particularmente crítica entre las niñas y adolescentes. Save the Children ha advertido de su especial vulnerabilidad ante la violencia sexual, el abuso, la explotación y la trata. Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de la organización en España, señaló que durante la travesía algunas pudieron sufrir violencia y que la permanencia en las calles aumenta exponencialmente su exposición a nuevos riesgos.
Perazzo explicó que el traslado debe garantizar, en primer lugar, un techo, tres comidas al día, higiene y atención a la salud mental. Según relató, algunos equipos han detectado niñas con ataques de ansiedad y crisis vinculadas con experiencias de violencia. La organización, asimismo, alertó sobre casos de adolescentes que llegan desde entornos familiares desestructurados o situaciones de violencia y que manifiestan su rechazo a regresar.
Frente a esto, el Gobierno trabaja en el traslado de 500 niñas a la península debido a esta vulnerabilidad. Fuentes oficiales señalaron que algunas son muy pequeñas y que los servicios sociales han encontrado casos de jóvenes sin familia, con antecedentes de violencia o sin un entorno seguro al que regresar.
La falta de instalaciones adecuadas agrava aún más estos riesgos en la práctica. Una adolescente de 14 años explicó que no se atrevía a acudir sola a determinadas zonas para utilizar un baño, lo que limita su movilidad básica. En otro caso, una madre relató que uno de sus hijos enfermó y que no consiguió asistencia médica oportuna, por lo que tuvo que recurrir a remedios caseros. Estos testimonios reflejan las dificultades humanas y los peligros que enfrentan quienes permanecen fuera de los centros oficiales.
Lara Contreras, directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef España, ha alertado sobre una situación crítica donde "cientos de ellos vagan solos por las calles, en condiciones insalubres y con necesidad urgente de tres comidas al día y, en muchos casos, de atención sanitaria". La organización internacional no solo documenta que algunos de estos menores llevan 20 días expuestos a la intemperie, sino que reclama la apertura inmediata de nuevos centros de acogida para detener este colapso humanitario. 
No obstante, el futuro de estos niños también se ve limitado por un marco legal complejo que genera fricciones entre España y Marruecos. El acuerdo bilateral firmado en 2007, lejos de permitir un regreso automático, exige un procedimiento riguroso para evitar situaciones de desamparo. Este protocolo obliga a verificar la identidad, localizar a la familia, analizar las condiciones socioeconómicas del país de origen y comprobar que el retorno no exponga al menor a riesgos. Asimismo, se garantiza el derecho a asistencia jurídica y a recurrir ante un juez cualquier decisión que ponga en peligro su bienestar.
Dentro de este marco, la Ley de Extranjería marca que las autoridades deben estudiar detalladamente las circunstancias familiares antes de ordenar una repatriación. Es imperativo que el menor sea escuchado cuando tenga suficiente juicio y que intervengan los servicios de resguardo junto con el Ministerio Fiscal. El retorno solo es viable si existe una reunificación familiar adecuada o si los servicios de protección del país de origen ofrecen condiciones suficientes para su cuidado.
A pesar de estas normas, la historia reciente muestra fallos graves. El Tribunal Supremo ya declaró ilegal la devolución colectiva de menores a Marruecos ejecutada durante la crisis de 2021. Las sentencias de enero de 2024, sin embargo, señalaron que en ese caso específico las autoridades respetaron las garantías legales y no se valoró el interés superior individual. Este precedente judicial contrasta con las críticas actuales sobre la eficacia del sistema.
Frente a quienes no puedan regresar de forma segura a sus familias, el Ejecutivo español plantea dos vías principales: su traslado al sistema de protección de otras comunidades autónomas o una eventual reunificación familiar y retorno a su país bajo un procedimiento individualizado. La Comisión Europea, por su parte, defiende que la legislación comunitaria contempla el retorno de menores no acompañados, aunque su propia directiva establece condiciones estrictas. Antes de cualquier traslado, es obligatorio comprobar que el menor regresará con un familiar, un tutor designado o unas instalaciones de acogida adecuadas, asegurando siempre su opinión y representación legal.
Marruecos ha manifestado su voluntad de colaborar con España, ofreciendo recibir a los menores no acompañados. Sin embargo, organizaciones como Save the Children advierten que acelerar estos retornos sin mantener las garantías legales y las medidas de protección es un error estratégico. Desde la perspectiva institucional, desde la Moncloa, se ha dejado claro que ningún traslado puede ejecutarse si no se asegura el interés superior del menor. Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explicó que el Ejecutivo ya trabajó con Ceuta para explorar alternativas y convocó a las comunidades autónomas con el objetivo específico de abordar la reubicación de los niños y adolescentes.
La disputa de los partidos españoles
Esta crisis ha desencadenado un profundo enfrentamiento entre el Gobierno central, el Partido Popular y Vox. En Ceuta, la situación es crítica: el presidente local, Juan Jesús Vivas, insiste en el retorno inmediato de quienes llegaron a la ciudad porque sostiene que la capacidad instalada está completamente superada. Coincide con él Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, quien pidió formalmente la devolución de todos los migrantes ingresados irregularmente, incluidos los menores.
Feijóo argumentó que “aquellos que entraron y permanecen de forma ilegal han de volver a su país”, abogando por la reunificación familiar o, como alternativa, una tutela asumida por Marruecos cuando no sea posible localizar a los padres. Frente a esto, Vox mantiene una postura radicalmente contraria a cualquier acogida de menores extranjeros, reclamando su devolución inmediata sin matices.
Por el lado del PSOE, se defiende firmemente el reparto de los casos entre comunidades como la medida más eficaz para aliviar la presión extrema sobre Ceuta, Canarias y Melilla. No obstante, el PP recalca que cualquier distribución debe ser justa, planificada y acompañada de los recursos necesarios. La tensión política escaló cuando varias regiones gobernadas por coaliciones con participación de Vox mostraron resistencia al sistema de reparto. Específicamente, los gobiernos de Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde Vox controla las áreas de Infancia, rechazaron incluso participar en la conferencia sectorial convocada por el Ejecutivo, obstaculizando así la solución coordinada.
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